¿PRESIDENCIALISMO O PARLAMENTARISMO?

Por: Roberto Fermín Bertossi (*)

En la geografía política sudamericana, demasiadas experiencias presidencialistas vienen resultado irresponsables y crecientemente corruptas.

 Una diferencia central y dirimente entre Presidencialismo y Parlamentarismo reside en la responsabilidad. En el parlamentarismo, el mal desempeño es motivo de alejamiento del primer ministro, elegido sin plazo para gobernar, tal el reciente caso de España como el recurrente en Italia… “Senza Governo funzionamo meglio” (sin gobierno funcionamos mejor) dicen a menudo muchos italianos ante la inestabilidad política que se ha hecho crónica en un país que en 70 años ha tenido 63 ejecutivos.

La propia separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno institucionaliza un poder extrapartidista capaz de intervenir en las crisis, sea para avalar nuevos gobiernos elegidos por el Parlamento, e incluso para disolver el Parlamento cuando éste se muestre también irresponsable, a fin de consultar al pueblo si aquel “El Parlamento” sigue mereciendo la confianza del elector.

Tan simple como el hecho de que el jefe de gobierno tenga que rendir cuentas al Parlamento y de que los parlamentarios puedan ser removidos simplificada y directamente, impone a sus gobiernos mayor responsabilidad, característica dominante en el sistema parlamentario.

Decididamente, el presidencialismo no es un buen sistema, pues confunde al jefe de Estado con el jefe de gobierno y éste, cuando es electo, se siente dueño del poder, circunstancia desgraciada que muchas veces se puso en evidencia mediante las peores y más gravosas desnaturalizaciones cívico-ciudadanas.

El parlamentarismo es un sistema de gobierno de responsabilidad a plazo incierto, pues, elegido un jefe de gobierno irresponsable, por voto de desconfianza es desapoderado sin más. El presidencialismo, por el contrario, es un sistema de fácil irresponsabilidad a plazo cierto. En efecto, elegido un presidente incompetente, inhábil o corrupto, sólo por un prolongadísimo, traumático y laberintico proceso de acusación/destitución, será posible desplazarlo.

Por otro lado, la separación de la jefatura de gobierno de la jefatura de Estado (algo que, en el presidencialismo, se confunde en la misma persona debido al exceso de su sobreempoderamiento), propicia la adopción de otros atributos del sistema parlamentario vg., una burocracia mas profesionalizada, mas simplificada, más transparente y menos cara.

Así entonces, ¿acaso no sería proactivo, cívico e institucionalmente bueno ir repensando nuestro sistema de gobierno presidencialista para adoptar lo más rápidamente posible, uno parlamentario?, el cual generalmente funciona más satisfactoria y democráticamente; sustituyendo al primero cuyo fracaso –salvo exiguas excepciones- viene resultando parejamente dañino y defraudador de legitimas expectativas y derechos ciudadanos.

Cuando se afirma que Argentina no puede adoptar el parlamentarismo porque no tiene partidos políticos (conforme el art. 38 de nuestra Carta Magna), sino meras agremiaciones de intereses variados y personales, sin ideologías definidas, se ignora precisamente que probablemente, nuestro país no tiene partidos políticos porque nunca adoptó un parlamentarismo propio.

Nuestro presidencialismo fue un festival de intereses personales y de partidos, pues siempre que hay coaliciones tales líneas son pisoteadas, ´gestándose´ verdaderas alquimias mediante coaliciones políticamente contrapuestas, pero siempre mancomunadas y convergentes en sus voraces apetencias e intereses espurios inmediatos.

No otra cosa explica y predice en gran medida, la proliferación de partidos, alianzas y “mejunjes”, todos ellos recibiendo sostenimientos económico-financieros para la realización de sus actividades; sí, los mismos que no destinan un solo centavo en la capacitación de sus dirigentes además de negociar impúdicamente "minutos-espacios electorales" en televisiones, radios, diarios y revistas papel/digital, en una verdadera banca de negocios, lo que vino corrompiendo desde el pie, nuestra propia y aun frágil democracia, con sus múltiples y diversos elogios al enriquecimiento ilícito, impune (art. 29, 36 y cc. CN.).

Finalmente, qué añadir sobre la corrupción del presidencialismo con sus listas cerradas o la expresión del máximo cinismo político vg., al concederle derecho a voto a los menores de 16 años pero, infamemente, sin su correlato de que esos menores puedan ser electos; y así, mucho más de menos.

(*) Investigador CIJS/UNC