LA ARROGANCIA OFICIALISTA Y LOS ERRORES DE LA OPOSICION

La oposición tiene frente así una gran responsabilidad, el sólo hecho de ser mayoría no garantiza absolutamente nada. Sus principales referentes deben deponer actitudes egocéntricas, es indispensable que exista una serie de acuerdos sólidos sobre una serie de denominadores comunes, que se establezcan prioridades y se privilegie el consenso.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

Desde los últimos días de agosto, cuando la presidenta de la Nación anunció que enviaba al Congreso el proyecto de Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, en el país se desató una discusión que acaparó la atención de una sociedad bombardeada igualmente por la propaganda oficial, las críticas de una sorprendida oposición y, la resistencia descalificadora de los medios que se sintieron agraviados con la iniciativa.

Durante ese lapso, los argentinos hemos tenido la posibilidad de escuchar argumentos coherentes a favor o en contra; pero también abundaron incongruencias, banalidades, intolerancias, chicanas, sospechas, desprolijidades, etc. Naturalmente cuando están en juego grandes intereses y, se pretenden modificar derechos, controversia y puja alcanzan niveles superlativos, no obstante, no es menester descender en la calidad del debate, ni recurrir a procedimientos irregulares.

Con la ley ya sancionada, no es mi propósito detenerme a efectuar una análisis de la norma, ni tampoco rememorar episodios sucedidos en torno a la cuestión; la amplia información vertida en la prensa escrita, la radio y la televisión, con las consideraciones de todas las partes involucradas, como es el seguimiento masivo del tratamiento en ambas cámaras del parlamento, resultan en definitiva elementos prácticamente concluyente con respecto a las secuencias y desenlace final. En virtud de ello, mi intención es evaluar comportamientos de unos y otros, que exceden la cuestión puntual, teniendo que ver con el presente político, pero fundamentalmente con el futuro del corto y mediano plazo.

Para algunos la nueva ley se asemeja a la panacea, en tanto para otros es un mamarracho, empero a mi juicio dista mucho de ser lo mejor que se podía lograr, ni tampoco se debe desconocer que el instrumento tiene aspectos positivos y reivindicatorios. El gran problema es que aquí se superponen conceptos justos como el de darle voz a los que no la tienen, con resentimiento y revanchismo. Se avanza en una dirección de regulación que puede ser correcta, pero contradiciendo prerrogativas otorgadas por el oficialismo menos de 2 años atrás. Se enarbola la bandera de desarticular monopolios, (que no es correcto, porque no hay medio único, en todo caso debería citarse oligopolios), pero al mismo tiempo en la redacción se posibilita la creación de otros. En el fuero intimo varios opositores comparten la filosofía plasmada en varios artículos, más sobre ello prima la desconfianza que el kirchnerismo se ha sabido ganar.

Si al gobierno le hubiera interesado lograr un amplio consenso esta era la oportunidad, los proyectos sobre el tema presentados por legisladores de la oposición con matices, no son incompatibles con la mayoría de los artículos de la iniciativa oficialista, pero lograr una síntesis con las bancadas que numéricamente le disputan espacio en el Congreso no está en los planes K, no solamente no se intento algún entendimiento, sino que aquello que pudo lograr por seducción prefirió obtenerlo por violación.

En el momento mismo del aparatoso anuncio, la presidenta incurrió en un error grotesco, al aseverar que: "Pasaron 26 años sin que ningún Poder Ejecutivo enviara este proyecto de ley al Congreso”., nada más inexacto, desde el advenimiento de la democracia, todos los presidentes elegidos por el voto popular, excepto Néstor Kirchner, elevaron al parlamento distintas iniciativas sobre el particular; que estas no hayan concitado los acuerdos necesarios y en consecuencia, sucumbido ante la maraña de intereses y presiones, es otra cosa.

No es nuevo que a los Kirchner les molesta el periodismo independiente, Cristina más contenida que Néstor, no se priva de expresarse displicentemente de la prensa endilgándole de constituir un supra poder, la realidad es que lo que les molesta al matrimonio presidencial, que este sector cumpla la función, fundamental por cierto, de controlar los actos públicos y, si últimamente han proliferado las investigaciones y sospechas, ello está íntimamente ligado a la propagación de denuncias e indicios fundados de irregularidades en las esferas del poder: Skanka, valijas de Antonini Wilson, enriquecimiento ilícito, subsidios apócrifos, descomunal incremento del patrimonio, etc., etc.

Ni propios ni extraños, tienen duda que en las circunstancias que se resolvió impulsar el proyecto, como el tenor de los artículos más urticantes, tienen como blanco predilecto al grupo Clarín. Tampoco el gobierno hizo el menor esfuerzo por disimular tal objetivo, ello es producto de un diagnóstico bastante acertado sobre la conveniencia de posicionar al principal multimedios como en “enemigo” a batir.

Los grandes jugadores del abanico comunicacional y Clarín en particular, no integran precisamente una sociedad de beneficencia; merced a idoneidad tecnológica y de gestión, como por capacidad de lobby se encaramaron en situación de liderazgo, circunstancia que se vio facilitada tanto por acción u omisión de los gobiernos de turnos, principalmente por el de Néstor Kirchner. Tal conjunción les posibilito obtener posiciones dominantes, que no dudaron en ejercer y, no me estoy refiriendo al condicionamiento de libertad de prensa; en virtud de ello se han ganado cierta incordia entre colegas menores y prestadores dependientes. Tampoco cuentan en la sociedad con una consideración que transcienda la conformidad de los servicios que reciben. Por todo ello, a los analistas del oficialismo no les fue difícil advertir que el “enemigo” ofrecía flancos débiles, además, por la misma razón, lucubraban que la oposición corría riesgos de quedar pegada.

Por otra parte, la propulsión del proyecto de referencia le concedía al gobierno aliados circunstanciales, sectores importantes de la sociedad, algunos muy injustamente, estaban imposibilitados por la ley de la dictadura de obtener una licencia de radiodifusión. A estos, tan postergados y, con largos años de lucha para lograr acceder a derechos cercenados, no les resultaba apropiado ningún intento de postergar el tratamiento parlamentario.

Estratégicamente el gobierno aprovecho al máximo la coyuntura. A tal efecto, cabe consignar que para revertir la existencia de monopolios o posiciones dominantes de mercado, el Estado no está obligado a introducir en la ley restricciones determinadas que complicaran la redacción de la norma, para ello existen legislaciones específicas antimonopólicas, inclusive la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25.156, que está vigente (sancionada el 25.08.1999), y en consecuencia bien podría haber sido aplicada en estos casos, pero que tanto Néstor como Cristina han soslayado.

Tal como se envío al Congreso el proyecto oficialista estaba viciado de errores, imprecisiones y hasta contradicciones con lo que el Gobierno pregonaba combatir, tal es el caso de la habilitación de las Telefónicas, a prestar servicio de cable (nada más evidente para otorgar una posición dominante), algo que tenían expresamente prohibido por el pliego de privatización y que en la mayoría de los proyectos presentados en la materia tenían restringido el acceso. En tal sentido corresponde decir que las más de 200 modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados, aún cuando no corrigieron todos los aspectos negativos, ni neutralizaron las dispensas del poder ejecutivo, mejoraron substancialmente el texto de la norma.

La participación de las telefónicas era un punto a priori innegociable para el Gobierno, no obstante, rápida de reflejos, al advertir que así el proyecto no pasaba en la cámara baja, la presidenta dio marcha atrás y, en otra aparición por la cadena nacional, con una decisión que tomó por sorpresa a propios y extraños, no tuvo inconvenientes en anunciar la prohibición a estas corporaciones a ingresar en el mercado de la televisión por cable. De esta manera le restó un argumento fuerte y protagonismo a la oposición en su conjunto, al tiempo que predispuso favorablemente a los bloques de centro izquierda, que a la postre aportaron los votos necesarios para la media sanción en general.

En diputados también se modifico el texto original de la autoridad de aplicación, la variante atenúa la hegemonía absoluta del ejecutivo, pero no la contrarresta totalmente. En definitiva se amplio de 5 a 7 miembros y ya no dependerá de de la Secretaría de Medios, sino de la Jefatura de Gabinete. Un organismo tan sensible como la Autoridad de Aplicación, que tendrá a su cargo asignar las licencias, revisarlas y, aplicar las sanciones, a los efectos de garantizar plena libertad de información, independientemente de quien gobierne el país, éste no debería tener la posibilidad de presionar a los medios o de interferir en la comunicación.

La ley sancionada conserva intacta una verdadera aberración, pues determina que las licencias de los canales de aire y radios en ciudades de más de 500.000 habitantes serán definidas por el Poder Ejecutivo. Tampoco se determina el criterio a seguir en cuanto a la publicidad oficial, la ausencia de una metodología seria y estricta al respecto, le posibilita al Gobierno de turno, manejar semejante factor de presión con total discriminación y discrecionalidad.

Hacia el futuro inmediato la puja se trasladará a los estrados judiciales, la llamada cláusula de desinversión, por la cual en un año las empresas de radiodifusión están obligadas a vender los medios que no se ajusten a la nueva ley, dará con seguridad lugar a que quienes se sientes perjudicados entablen juicios multimillonarios al Estado, tal como ya lo han indicado los grupos afectados. El plazo se supone exiguo, pero para lo Kirchner es fundamental que los traspasos ocurran antes del proceso electoral del 2011.

Prepotencia y atropello son actitudes arraigadas en entorno kirchnerista y, este no hace ningún esfuerzo en disimularlo. Tal conducta durante el proceso del tratamiento de la ley que nos ocupa es una pésima expresión de prácticas legislativas, lo que desjerarquiza al Congreso y, conspira con la convivencia política, que tan imperiosa es para la salud de la democracia argentina. Tras los debates en comisión en diputados, donde como queda dicho se le realizaron más de 200 reformas, que demandó tres horas para su lectura, sólo se otorgó la mitad de ese tiempo para que los legisladores adoptaran posición. Un verdadero desatino, que transgrede cualquier reglamentación del cuerpo. Las desprolijidades tampoco estuvieron ausentes en la Cámara Alta, aún cuando como en el caso del senador cordobés Carlos Rossi, advirtió sobre las irregularidades sobre los textos, que no coincidían con los artículos que se estaban votando. Esta infracción no es una negligencia intrascendente, el mérito a lo ocurrido el proyecto debió volver a la Cámara de Diputados, trámite que justamente en su inusitada premura el Gobierno quería obviar.

En cuanto a la oposición corresponde decir que incurrió en errores y, no estuvo a la altura de las circunstancias. Si bien las principales espadas de los bloques que la integran marcaron con bastante certeza los aspectos nefastos del proyecto, como así también los propósitos embozados del Gobierno, se ocuparon más en obstaculizar el tratamiento que en aportar propuestas alternativas.

En primera instancia hicieron un gran esfuerzo para posponer el debate para después del 10 de diciembre, si bien existían razones atendibles para aspirar a que la decisión la tomara la nueva composición parlamentaria, justo es decir que el actual Congreso tiene la legalidad suficiente para hacerlo y, amen de ello, sería una ingenuidad pensar que los Kirchner, accederían a conceder tal aplazamiento.

Más allá del derecho y la obligación de puntualizar falencias y vicios del proyecto, de hacer notar los riesgos que conlleva dotar el Gobierno, (éste o los que lo sucedan), de potestades para condicionar a los medios, se imponía que se contrapusieran opciones válidas. En los programas a los que concurrían, en las comisiones o en el recinto, siempre prevalecían las protestas en detrimento de las propuestas.

Dentro del Acuerdo Cívico y Social, se gastaron muchas energías en cuestionar a sus aliados Socialistas, por haber dado apoyo en general. Esa postura produjo desgastes innecesarios y, marcan también algún grado de intolerancia. Los sucesores de Alfredo Palacios y Juan B. Justo, dieron explicaciones que son bien atendibles, “en el conjunto la ley es mejor que la de dictadura”, por lo tanto decidieron acompañarla en general y marcar sus disidencias en particular.

En definitiva, los puntos de acuerdo y las disidencias eran coincidentes para los socialistas como para sus socios del ACyS, las diferencias se plantearon en la metodología y la táctica. Mientras los primeros prefirieron influir en el tratamiento de artículo por artículo, los diputados radicales, de la Coalición Cívica y cobistas, siguieron la misma actitud de sus pares de la Unión Pro y peronismo disidente, retirándose del recinto a la hora de votar. Los opositores que permanecieron donde se toman las decisiones, acompañados en algunos casos por oficialistas que no compartían imponer la norma a libro cerrado, lograron corregir varios puntos en la votación en particular, en otros el número no les alcanzó.

Es evidente que quienes se ausentaron resignaron la posibilidad de introducir otros cambios. En esa instancia el lugar adecuado no era la conferencia de prensa, sino luchar adentro hasta las últimas consecuencias. La equivocación es implícitamente reconocida posteriormente, cuando en el Senado procedieron a la inversa. Observando el comportamiento de los diputados en el tratamiento en particular, entre otros, queda toda la sensación que si todos los bloques opositores hubieran permanecido en sus bancas, habría sido posible rechazar, el artículo 161, uno de los objetivos centrales de la acometida oficialista. Tal aseveración no es una especulación optimista; el titulo de la desinversión fue aprobado por 107 sufragios, versus 26 en contra, correspondiendo mencionar que por entonces había 116 diputados ausentes, y de éstos 111 de ellos pertenecían a la oposición.

De los procederes en las comisiones y los debates en el recinto quedan algunos aspectos interesantes para considerar, la excelente cobertura televisiva y el interés de la sociedad por el resultado, deja como positivo que la gente tenga una idea más acabada de lo que pueden dar los legisladores. Así como se escucharon discursos bien fundamentados, con descripciones claras y conceptos precisos, también hubo alegatos irrelevantes y hasta lamentables. Conductas reprobables como la de la senadora correntina Sánchez o, expresiones temerarias como las de Ramón Saadi, ponen en evidencia que hay legisladores que no honran la distinción del cargo. Chicanas, violaciones al reglamento, desden evidenciado por varios mientras sus colegas hablan, no le hacen bien a la democracia ni a la convivencia política.

Como ejerce el poder el kirchnerismo no es ninguna novedad y, está visto que no va cambiar mientras no se vea obligado a ello, ahora las expectativas están en lo que sucederá cuando funcione el nuevo Congreso, que en la práctica seguramente será recién en marzo de 2010. La oposición tiene frente así una gran responsabilidad, el sólo hecho de ser mayoría no garantiza absolutamente nada. Sus principales referentes deben deponer actitudes egocéntricas, es indispensable que exista una serie de acuerdos sólidos sobre una serie de denominadores comunes, que se establezcan prioridades y se privilegie el consenso. Si así no lo entienden quienes les toque protagonizar las lides legislativas, estaremos en un problema grande; el kircnerismo diezmado y aún cuando perderá la mayoría, será la primera minoría y su jefe con todo el espíritu de daño inalterable.

Dentro de los aspectos favorables de la nueva ley, denominada de Servicios Audiovisuales, se destaca la inserción de las Cooperativas de Servicios Públicos en el sistema radiofónico nacional. Estas entidades de economía solidaria, injustamente discriminadas por la ley de la dictadura, cuentan en el interior con infraestructuras acordes y antecedentes más que valederos, avalados por la multiplicidad de servicios que prestan, fundamentalmente en ciudades pequeñas o en localidades, donde en muchos casos los privados no se interesaron por brindarlos por razones de rentabilidad, o si lo hacen la calidad de la prestación no se compadece con la prestada en centros urbanos comercialmente más atrayentes.

Durantes estos años en muchas poblaciones para poder tener imagen televisivas, fue menester que las cooperativas se vieran precisadas a adoptar subterfugios que le permitieran sortear los impedimentos de ley, así es como miembros del Consejo de Administración de estas instituciones, que ejercen los cargos de manera honorífica debieron constituirse en sociedades anónimas, debiendo avalar con sus bienes personales para obtener la licencia habilitante.

Ahora con la reciente sanción están facultadas para agregar el cable al suministro de telefonía e Internet, rubros en los que las Cooperativas vienen incursionando con éxito y eficiencia. También estarán en condiciones de ofrecer los servicios audiovisuales, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales ONG, igualmente marginadas en el acceso a licencias.

Por estos días, se han escuchados argumentos de prestadores privados esforzándose por señalar el peligro que para ellos significa la participación de las Cooperativas en el mercado, aduciendo en muchos casos hipótesis falaces, como ventajas de contratación, competencia desleal, etc.., los socios de esas entidades, que son los mimos usuarios, saben perfectamente que por su naturaleza y doctrina, las Cooperativas de Servicios Públicos tienen a todo su personal perfectamente declarado y, ajustado al convenio colectivo de trabajo que por actividad corresponda, que no tiene lugar la economía informal. Así mismo los licenciatarios que ahora tendrán que competir con las Cooperativas, no pueden desconocer que antes estás entidades no lo pudieron hacer y, por lo tanto le dejaron el campo expedito, porque una arbitraria legislación de una etapa nefasta del país, que la democracia no había sabido enmendar se lo vedaba.