LA SUPUESTA LUCHA ANTIMONOPÓLICA

Los Kirchner afirman que la nueva ley de medios evitará la concentración de poder, pero permiten monopolios extranjeros que se llevan millones de dólares. 

Por: Edgardo Civit Evans (*)

Los Kirchner “aparentan” luchar contra los monopolios. Nada más alejado de la realidad.

En 1999 fue sancionada la Ley Nº25.156 de Defensa de la Competencia o Antimonopolios. Trata sobre sistema de precios, monopolios, barreras de entradas, fusiones, concentraciones. Tiende a proteger el interés general y el bienestar común. Fue reglamentada en enero del 2001.

La norma en casi todos sus artículos menciona como único órgano de aplicación al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, ente autárquico, no político, profesional, técnico, elegido por un selecto cuerpo. Sus siete miembros duran en los cargos seis años, o sea, más que el presidente.

A diez años de sancionada la ley, a ocho de su reglamentación y seis años de kirchnerismo, no la han aplicado como legalmente corresponde.

El tribunal nunca fue creado. Sigue siendo un funcionario político, en clara violación a la Ley Antimonopolios, el que aprueba las concentraciones. Otro, Moreno, los precios.

En abril del 2004 reclamamos ante la Justicia federal el cumplimiento de la Constitución nacional, tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur (Fortaleza) y leyes vigentes.

El juez de primera instancia y la Cámara Federal dictaron 21 sentencias conforme a derecho. Además, cinco fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre medidas cautelares.

El máximo tribunal, basado en su jurisprudencia, emitió fallo definitivo el 3 de julio del 2007.

Dispuso que como “la causa había devenido en abstracto”, la Corte “carece de jurisdicción” porque “debe atender a la situación existente al momento de ser dictado” (expedientes B-578, B-861, B-1.793, B-2447 y B-2.448, todos del 2007). Ordenó el archivo de las actuaciones y la remisión del principal Nº77.334 al inferior, la Cámara Federal de Apelaciones.

Sorprendentemente, nueve meses después, en la misma causa, con las mismas personas y objeto, alterando su propia y unánime jurisprudencia (incluso en el mismo caso), resuelve “hacer lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia de fojas 1679/1691 de los autos principales. Con costas” (S.C.J.N. - B-1.626, LXLII del 16/4/2008).

La queja fue planteada por Cencosud y el Gobierno.

Este nuevo fallo de la Corte, firmado por menos ministros que el anterior, atenta contra derechos constitucionales, tratados internacionales; las leyes 25.156 y 22.262. Altera el derecho de defensa en juicio. No considera al Código Procesal Penal y el Reglamento para la Justicia Nacional, obligatorios para el caso (artículo 56 ley 25.156).

No trata lo peticionado en la acción ni la abundante prueba ofrecida en miles de fojas; desnaturaliza la vía constitucional del amparo (artículo 43 C. N.), desestima las 21 resoluciones de los magistrados de primera y segunda instancias, ajustadas a la Constitución, a tratados y leyes.

Con preclusión que la misma Corte ha condenado, dictamina en contra de su propia jurisprudencia (incluso en el mismo caso); funda su sentencia en normas que no son de aplicación. Es un fallo contradictorio. Hace decir a la Cámara Federal lo que no sostuvo. Es arbitrio.

Condena en costas a quien tuvo la osadía de pedir el cumplimiento de la Constitución, tratados y leyes vigentes.

Una vergüenza que acredita la inseguridad jurídica y judicial imperante. Único en el mundo.

He denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Poder Ejecutivo por no aplicar la ley y a la Corte Suprema por dictar semejante fallo arbitrario, contrario a derecho y tratados internacionales.

El Poder Ejecutivo, los Kirchner, defendieron la no aplicación de la ley Nº25.156 de Defensa de la Competencia, junto con uno de los grupos de mayor concentración en supermercados.

Me refiero a la fusión de Cencosud con Royal Ahold.

Esta fue concretada en Argentina cuando en Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Holanda, España y otros países había miles de denuncias penales contra este último grupo por delitos como falsificar balances y documentos, y publicar datos incorrectos en los libros. Dijeron: “Esto lo arreglamos con U$S 10.000.000”.

El titular de Cencosud, Horst Paulmann, es –casualmente– la persona a quien Néstor Kirchner le vendió las tierras fiscales de Calafate, que compró por monedas a la Municipalidad y le revendió en millones de dólares.

Lo condecoró con la Orden de Mayo, máxima distinción nacional a extranjeros. ¿Qué servicios prestó al país?

Hablan de distribución de la riqueza. Es falso. Nunca existió tanta concentración económica como en los últimos años.

Existen monopolios en las exportaciones.

Tres grupos económicos manejan cerca del 83% del mercadeo alimentario a través de supermercados. Lo dijo el 7/7/2008 José Sbattella, presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Días después, lo echaron.

Hay monopolios en bebidas, en el pan, en las galletas, en el hierro, la chapa, el cemento, los fertilizantes, los laminados, plásticos, vidrios, tetras y centenares de productos más.

Productos farmacéuticos tienen utilidades hasta del 33.000%, contra el bienestar general y la salud de los jubilados. Encima, una mafia los adultera. Y financia campañas.

La fusión de Cablevisión con Multicanal (Clarín), que hoy cuestionan, fue aprobada por el gobierno de Kirchner.

Como la de Unifón con CTI en Movistar, de Telefónica, y la de Bimbo con Fargo, entre muchas otras.

Desde esa óptica monopólica oficial es correcto que Cristóbal López controle el juego en Argentina.

Que existan monopolios no cuestionados, con “rentabilidades extraordinarias”, como la minería, que pagan ridículos impuestos (Barrick Gold, por ejemplo). Y se llevan fortunas fuera del país.

La Presidenta vetó la ley de glaciares sancionada unánimemente por el Congreso para evitar la contaminación.

Mientras esos monopolios extranjeros se llevan miles de millones de dólares, mueren 20 niños de hambre por día –¡7.300 por año!–, fallecen 8.200 personas en accidentes, quedan heridas 12.000, desaparecen 600 mujeres por tráfico de blanca, 3.000 muertos por hechos de violencia, hay centenares de secuestros, miles de asaltos.

Estamos considerados entre los países con menos seguridad personal y jurídica, y con mayor corrupción y drogadicción.

Dicen que van a democratizar los medios de difusión. Lo que pretenden es un pensamiento único, sin debate, sin críticas ni cuestionamientos.

En Santa Cruz, salvo el blog OPI, no existe periodismo independiente. Todos los medios, sin ninguna excepción, pertenecen al “amigo” y ex chofer de Kirchner Rudy Ulloa Igor. Se lee y escucha lo que mandan los Kirchner.

Los medios que aplauden al poder reciben millonaria pauta publicitaria oficial.

Les altera que se quejen los productores que tienen menos de 1.000 hectáreas de campo, y están fundidos.

Nada dicen sobre los “amigos” que tienen más de 200.000 hectáreas, como Elsztain, Mindlin y otros (ver “La mafia judía en Argentina”, de Fabián Spollansky).

No hay que ser cándidos. Esta no es una tentativa de “democratizar” la información ni de desmonopolizar. Tiende a dividir, controlar y comprar medios que no son obsecuentes al poder casi monárquico del matrimonio Kirchner.

No me gustan los monopolios. Lo demuestro con hechos, juicios y denuncias.

No con el doble discurso de los Kirchner que dicen apoyar la distribución de la riqueza y son “amigos” de los grandes monopolios, sobre todo foráneos.

Legalmente, lo que están haciendo es un ataque a varias libertades constitucionales, como expresión, prensa, comerciar, propiedad, asociarse, trabajo, igualdad, y otros.

Veamos el artículo 32º de la Constitución: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.” Tienen el monopolio de la información en Santa Cruz y quieren hacerlo en todo el país.

Tanto es así que el senador Jenefes ha presentado un increíble proyecto para controlar incluso las informaciones en internet. Como en China, y peor que en Cuba.

Mientras, siguen apareciendo mafias criminales vinculadas a funcionarios del Gobierno y a sindicalistas adeptos. Pagos de campañas políticas. Valijas. Tráfico. Papelones en el mundo.

Legisladores que sospechosamente cambian su voto. De eso no hablan.

La Constitución, tratados y leyes, ¿a quién le importan?

Las instituciones cada día más desprestigiadas.

“El Estado soy yo”, decía Luis XIV. Kirchner parece que opina igual. Como la historia se repite, ¡qué triste futuro nos espera!

(*) Presidente de Unidevi