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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoLOS ARGENTINOS ESTAMOS PREOCUPADOS SEÑORA PRESIDENTA
23/jun/2013

Es realmente preocupante que quien tiene la responsabilidad de dirigir los destinos del país piense que puede atentar contra la división de poderes, más aún lo es enfadarse con quien con todo derecho imposibilita el avasallamiento.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

@AldoBonaveri

@PregonAgro

Argentina está atravesando un tiempo institucional muy delicado, en sus apariciones públicas de la semana finalizada la presidenta mostró un descontrol verborrágico muy preocupante. La inconstitucionalidad determinada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo referente a la integración y forma de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura por la ley Nº 26855, fue el detonante que provocó la ira de la primera mandataria.

Con un tono belicoso, Cristina Fernández se ensañó con los jueces en general y con los magistrados de la Corte en particular, en ataque tan virulento que no registra antecedentes en la historia del país; ni aún las dictaduras osaron descalificar de esa manera al máximo Tribunal de la Nación, organismo que en otros tiempos mereció cuestionamientos por subordinación al Poder Ejecutivo o, por la escasa solvencia jurídica de sus miembros. En cambio, la actual composición es prestigiosa tanto por la sapiencia como por la independencia de quienes la integran. La gran paradoja, es que justamente la designación de varios de ellos constituye el mayor mérito de la gestión de Néstor Kirchner.

En su arremetida verbal, la presidenta incriminó a la Corte de conspirar contra la democracia por impedir que la voluntad popular pueda elegir a los consejeros de la Magistratura. Con tal aseveración, no hace otra cosa que fortalecer el fundamento medular de la sentencia, habida cuenta que esa metodología de selección transformaría a jueces, abogados y académicos en representantes del pueblo, a la inversa de lo que determina la Constitución Nacional, la que reza que representan a sus pares.

La reacción es tan incomprensible como desconcertante; cuando se presentaron los proyectos de la Reforma Judicial los principales constitucionalistas del país anticiparon cual sería el epilogo; en el mismo sentido se pronunciaron los colegios de abogados del país y, lo advirtieron los legisladores de la oposición en los debates de comisión y en el recinto.

Impulsar la reforma judicial tal como se presentó tenía serios riesgos de correr la suerte que tuvo, especialmente la ley de marras, que propendía a politizar la justicia; ignorarlo pone de manifiesto dos aspectos inquietantes: la insuficiente idoneidad de los asesores en la materia y, la omnipotencia que cree la presidenta le confiere haber ganado las elecciones de 2011 por el 54%. Es realmente preocupante que quien tiene la responsabilidad de dirigir los destinos del país piense que puede atentar contra la división de poderes, más aún lo es enfadarse con quien con todo derecho imposibilita el avasallamiento.

Lo ocurrido está muy relacionado con el verticalismo a ultranza, varios son los legisladores oficialistas que votaron con dudas o contra sus convicciones, haciéndolo por la tan remanida disciplina partidaria, con el agravante de lo poco proclive que es la presidenta en aceptar objeciones. También es preocupante que la mandataria esté tan aislada, como el temor de sus acólitos en contradecirla.

Preocupante es también no saber o no poder medir las palabras; es inconcebible que quien tiene semejante investidura incurra en incontinencia verbal; un fallo adverso por más contrariedad que le genere, no le concede motivos como para señalar en encendida soflama que la Justicia (léase la Corte Suprema) “podía firmar una acordada impidiendo que los argentinos voten a su presidente y a sus legisladores”. Ello es una irresponsabilidad que no tiene asidero y, tiende a mal predisponer a sus adláteres más fanáticos.

Como ya lo dejara entrever en otras oportunidades, Cristina Fernández se expresa como que ninguna sentencia judicial puede ser ajena a la voluntad popular. Este concepto es improcedente y colisiona nítidamente con lo que estatuye la Carta Magna, y dicho sea de paso, no está contemplada por ninguna democracia del mundo. Justamente para eso en el Estado de derecho rige la coexistencia de los tres poderes y la división de los mismos.

En el caso de referencia la Corte Suprema de Justicia ha estado a la altura de las circunstancias, por amplia mayoría y con el antecedente de varios fallos de jueces en la misma dirección, procedió como correspondía, haciendo uso de sus facultades indelegables, poniendo en funcionamiento el mecanismo de frenos y contrapesos previstos por la Constitución Nacional.

En su perorata la presidenta advirtió que proseguirá con su intención de reforma judicial; el fallo de la corte no admite apelación alguna, por consiguiente hace presumir que intentará modificar la Constitución; sabido es que ella no titubea un instante en redoblar la apuesta e ir por más. Hoy no parece que logre el consenso para un cometido de esa magnitud y, si hipotéticamente lo lograra en el Congreso, difícilmente los números le sonreirían en una elección constituyente. Seguramente las PASO de agosto y las generales de octubre podrán brindarnos una pauta aproximada; pero mientras tanto, los argentinos estamos preocupados señora presidenta, usted no puede ni debe descontrolarse.

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