Cuando el gobierno nacional está transitando el tramo final de su mandato, la ocasión se presenta propicia como para efectuar una serie de consideraciones sobre el momento que vive el país; por cierto que en este cometido, no es mi intención analizar toda la problemática que afecta a la nación, sino que me concentraré en puntos específicos.
Pese a que en los últimos meses, la imagen positiva del presidente de la república viene bajando considerablemente, aún mantiene índices altos. Las razones del crédito otorgado por la opinión pública, pueden tener distinta naturaleza, pero sin dudas el factor más gravitante se relaciona con lo económico. Cinco años ininterrumpidos de crecimiento de la economía a ritmo sostenido, el haberse plantado ante al FMI, la negociación de la deuda externa, más un descenso del desempleo influyeron en forma determinante, para que el nivel de aceptación de la actual administración alcanzara los niveles de un año atrás.
Si bien hay aspectos tan o más importantes que el económico, no hay dudas que una gran mayoría del pueblo argentino piensa y vota con el bolsillo. También cabe decir, que desde su instalación en el gobierno, Néstor Kirchner resultó creíble cuando habló de combatir la corrupción, censurando sin retaceos los negociados ocurridos en los 90’. Las causas que están dando lugar ahora al retroceso de la consideración del presidente, son las mismas; en la economía se están advirtiendo grietas, en tanto que la integridad y la honradez tan preconizadas están siendo desvirtuadas, habida cuenta de los crecientes casos de corrupción que afloran en los estamentos del poder.
A través de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, pudimos apreciar el Indice de Percepción de la Corrupción 2006. Sobre 163 países relevados, Argentina se encuentra calificada en el puesto 93º con 2,9 puntos, en una escala que va desde 10 (máxima transparencia) hasta 0 (máxima corrupción). Nuestro país comparte tal puntaje con Armenia, Siria y Tanzania.
Con tal valorización, Argentina continúa integrando el segmento de los países más corruptos del planeta. Con el agregado, que en tanto se considere el continente americano, el nuestro se ve superado por la inmensa mayoría de los estados de la región. Entre las naciones latinoamericanas el ranking es encabezado por Chile con 7,3, le sigue Uruguay con 6,4; ubicándose seguidamente; Costa Rica 4,1; El Salvador 4; Colombia 3,9; Jamaica 3,7; Cuba 3,5; Brasil, Perú y México 3,3; y Panamá 3,1. En Sudamérica, solo Bolivia, ubicado en el puesto 105º está peor conceptuada que nuestro país.
El documento de referencia expresa que Haití es el país “mas corrupto” entre los evaluados con 1,8; precedido por Guinea, Irak y Myanmar (penúltimos) todos con 1.9. Por el contrario, como los más transparentes, se los cataloga a Finlandia Islandia y Nueva Zelanda con una apreciación de 9,6; ubicándose inmediatamente Dinamarca con 9,5; Singapur con 9,4 y Suecia con 9,2.
Al analizar las consideraciones, el informe establece que “ En términos de política pública no se han observado avances en la promoción de políticas efectivas de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia". El sumario de discernimiento de la corrupción, mide la forma como es percibido el mal vigente entre los políticos y funcionarios públicos, mediante exploraciones que efectúan diversas instituciones internacionales a hombres de negocios, eruditos, analistas de riesgos y técnicos nacionales. El relevamiento contempló la calidad institucional del país y referenció diversas cuestiones que contribuyen a mantenerlo en un puesto muy lejano al ideal, entre ellas, algunas medidas tomadas por el actual Gobierno, tales como “la clara ausencia de una agenda legislativa nacional de lucha contra la corrupción, ninguna iniciativa concreta y sustentable para una reforma político institucional de fondo, la poca seriedad con la que los partidos políticos han implementado la legislación de transparencia en el ingreso y el gasto de los fondos de campaña, la falta de una normativa que proteja efectiva y eficazmente a los denunciantes de actos de corrupción, entre otros puntos”.
Skanka, Micelli, Picolotti, valijas misteriosas, etc., no pueden ser justificados y, las explicaciones ensayadas o disimulos oficiales intentados, resultaron estériles ante la evidencia de los hechos. Claro está, estos no son las únicas impudicias contabilizadas en la administración kirchnerista; sobreprecios en cárceles federales y obra pública, emprendimientos viales mayoritaria y sugestivamente adjudicadas a empresas santacruceñas
El secretario de Transporte, Ricardo Raúl Jaime, hombre del Ministro Julio De Vido, dispone ha su libre albedrío miles de millones de pesos que reparte como subsidios entre empresas de transportes públicos. En un país donde tantas son las desnaturalizaciones de las variables económicas, las subvenciones a éste servicio cobran proporciones gigantescas y, tal como están instrumentadas aquí, además constituyen una tremenda discriminación para el interior del país, pues fuera de Capital Federal y el cono-urbano, las tarifas son mucho más gravosas.
Acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, sobre Jaime pesa una denuncia penal promovida por los legisladores radicales Ernesto Sanz y Fernando Chironi. El cuestionado Secretario de Transportes, (desoyendo la advertencia de la asesoría jurídica de la propia Secretaría) dispuso el anticipo de $ 19.000.000 al ex concesionario de los trenes metropolitanos Sergio Taselli, el motivo aducido consistió en posibilitar el pago de sueldos al personal, cancelación que nunca se produjo, con el agravante de haberse suscitado cuando la concesión estaba fenecida. Como corolario, el Estado debió disponer de otros $ 30.000.000 para abonar los salarios tras una huelga ejecutada por el personal.
Semejantes desaguisados encuentran caldo de cultivo en la metodología empleada para gobernar, tales consecuencias se compadecen con el personalismo arbitrario y, la potestad auto-adjudicada sobre los dineros públicos como si se tratara de propiedad privada. Es tan grande el desapego por los preceptos éticos y republicanos, que sumas excepcionales del presupuesto nacional son manipuladas por voluntad excluyente del Presidente, o en menor medida por los superpoderes que el Congreso delegó al Jefe de Gabinete.
El desenvolvimiento de la economía Argentina repetidamente ha estado influenciado considerablemente por el contexto internacional. Las etapas de apogeo en los valores de las materias primas y, de reducciones de tasas de interés han coincidido con períodos de prosperidad; inversamente, los ciclos de precios bajos y de disminución de liquidez mundial, han repercutido perniciosamente en las finanzas nacionales.
Quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de un país, no pueden desconocer la alternancia pendular de lapsos de bonanzas con los negativos; el gobernante con perspectiva debe saber capitalizar al máximo las instancias favorables, para poder así el país, usufructuar en plenitud las ventajas coyunturales que brinda el contexto externo; si así procede, el Estado y por ende los actores económicos, estarán mucho mejor capacitados cuando se altere la situación. Dentro de las acciones a instrumentar para marchar en esa dirección, es menester crear situaciones que propendan a conformar un ámbito adecuado para atraer inversiones extranjeras que complementen el ahorro nacional.
Para tener una noción de donde estamos parados en ese aspecto, corresponde observar que está ocurriendo en la región. Chile y Brasil son una clara muestra de cómo los grandes inversores los prefieren nítidamente. Argentina ha cometido una secuencia de errores que postergan en ese objetivo: Obstáculos a las exportaciones de productos estratégicos como la carne y la leche, incumplimiento de compromisos internacionales contraídos en la materia, abandono o incuria de mercados internacionales (que tanto trabajo y tiempo demandó para ingresar), dispendio de los recursos oficiales y desmedido incremento del gasto público, con el agravante de una inflación que crece en forma preocupante, fundamentalmente como consecuencia de no haber aprovechado eficazmente, las condiciones netamente favorables para incrementar la producción y el superávit comercial.
En lugar de haber explotado los favores que nos otorgan los escenarios mundiales, en beneficio de la consolidación de la economía nacional, el Presidente privilegió cimentar un régimen hegemónico, autoritario y populista.
El alza del costo de vida es el tema que más desvela a Néstor Kirchner y a sus inmediatos colaboradores, en aras de frenarlo, desde el palacio de hacienda y sus secretarías dependientes se ensayaron todo tipo acciones y medidas: Acuerdos de precios, (por negociación mediante, o en su defecto por vía de apriete); aplicación de un sistema indiscriminado de retenciones a las exportaciones agropecuarias, (mecanismo que le permitió utilizarlo como variante de ajuste sobre los precios del mercado interno, como así también financiar los costos sociales y el gasto público, sin coparticiparlo con las provincias, acentuando la dependencia de éstas con el poder central.); postergación del tratamiento global de variables substanciales de la economía internacional, que a la postre terminan influyendo en el escenario local; complejos, arbitrarios y dudosos métodos de subsidios y compensaciones; controles e imposiciones de precios máximos; hasta el extremo de llegar a vedar exportaciones. Como pese a todo ese arsenal de recursos utilizados, más allá de los perjuicios causados, no pudo lo encauzar la inflación dentro de las pautas oficiales establecidas, no dudaron en meter mano en el INDEC.
La historia es bien conocida y, por lo tanto me exime de mayores comentarios, desde enero hasta la fecha se han sucedido una serie de episodios que como resultado, no ha hecho más que inundar de sospechas y generar total descreimiento. Cambios metodológicos, desafectación de productos y, todo un menú de artilugios para ocultar la realidad. El dibujo se reiteró invariablemente, hasta llegar al colmo de haber marcado 0,6% en agosto. ¡Es demasiado!, tan burdas resultan las mediciones que ya no hay quien las crea. El efecto de tanta ficción es mucho más grave que los desequilibrios que se pretenden ocultar. Ante el desdoro en el que esta sumido el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hoy coexisten diagnósticos de distintas consultoras, las más moderadas hablan de una proyección anual del 18 al 20%, pero en el abanico de pronósticos nos encontramos con vaticinios que rayan el 30%; mientras que según las premoniciones del INDEC sería del 8,7%.
Si algo faltaba para esclarecer el panorama inflacionario, el presidente del Banco Central, Martín Redrado oficializó el asunto, al reconocer en foros internacionales la profunda preocupación que en esa entidad el tema desata, advirtiendo la necesidad de sincronizar políticas fiscales, monetarias, salariales, y de competencia para prevenir desequilibrios en el futuro. Por cierto que estas declaraciones fueron muy mal recibidas en las esferas oficiales.
Cabe consignar que el demérito en el que está inmerso el INDEC no se agota con la falacia inflacionaria. Allí se evalúa el crecimiento de la economía, el comportamiento de los distintos sectores de la producción, el desempleo, la pobreza, la indigencia, etc. El desprestigio acumulado en estos ocho meses, conlleva a que la desconfianza se traslade a cualquier otra medición de ese organismo.
El gobierno nacional ha explotado a voluntad el gran desequilibrio en la distribución de los recursos, merced al perverso sistema de coparticipación, la Nación ostenta cada vez más dinero y por ende, las provincias mayor subordinación de los fondos federales. Con la situación imperante, los gobernadores se han “domesticado”, varios de los cuales verán cerrar el actual ejercicio con números en rojo; en consecuencia, para amortiguar esos déficit o poder disponer de alguna obra pública, con frecuencia se disciplinan a las elucubraciones políticas de Balcarce 50.
En el gobierno no hay demasiados prejuicios para mantener la preeminencia, la administración Kirchner maneja como pocos el poderoso recurso de la publicidad oficial; para el año el curso el incremento por tal concepto es de $ 225.000.000 (41% más que en el 2006), por lo que la disponibilidad de la Casa Rosada ronda para el rubro en $ 617.000 diarios (95% superior a lo empleado en el 2005)
Si bien semejante cifra para propaganda de por sí constituye un desatino, ello es mucho más manifiesto aún, cuando su prorrateo es totalmente discrecional y, la transparencia brilla por su ausencia. El manejo de estos caudales se instrumenta desde la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
La libertad de expresión constituye un pilar de las facultades y las autonomías democráticas. En virtud de ello, en tanto y en cuanto los periodistas o los medios de prensa son “comprados” o simplemente condicionados, la verdadera víctima es la sociedad argentina que se ve despojada de su derecho a la información. A través de la arbitraria distribución de la publicidad oficial, el gobierno decide a quienes “retribuir” y a cuales “sancionar”, según resulte el contenido de su línea editorial.
Los vicios en el manipuleo de la publicidad oficial de nuestro país, han merecido una amonestaciones recurrentes de la Organización de Estados Americanos “OEA”, quién así lo expresa en informes elaborados por su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los que se suceden desde el primer año de gobierno del santacruceño. Cuestionamientos de distinto tenor y al mismo efecto surgen también de otros organismos internacionales; así lo expresan el Comité para la Protección de los Periodistas y la organización Reporteros Sin Frontera.
Con el manejo de la información y la gravitación sobre la prensa, desde el gobierno no se abstuvieron de predisponer a la opinión pública contra el campo; cada vez que se producía algún reacomodamiento de valores reales de la producción, vinculados con artículos sensibles a la canasta familiar; tales como carne, pan y leche, no se escatimaron críticas, asignaciones de responsabilidades o diatribas contra dirigentes el sector. Más desde Prensa y Difusión, siempre se ocultó a la población el rol asumido por el agro en la recuperación del país. Además de ser verdad, ¿no sería bueno que doña Rosa sepa? que: El campo interviene en el 56% de las exportaciones, el 43% de los recursos financieros del estado, el 36% del empleo nacional y el 18,5% de producto bruto interno. ¿No correspondería que el pueblo conozca? Que: el 42% de los ingresos brutos de sector agropecuario se dispersan en impuestos y la adopción nuevas tecnologías, mediante las cuales ha sido posible lograr los actuales niveles de productividad, que como queda expresado, resultó el factor predominante de la recuperación económica nacional.