Confederaciones Rurales Argentinas manifiesta su total repudio ante el confiscatorio aumento generalizado de la presión tributaria que están sufriendo los productores agropecuarios argentinos frente a las retenciones a las exportaciones vigentes, los incrementos en el Impuesto Inmobiliario y en la valuación de los campos por parte de los gobiernos provinciales. Esta semana fue el turno de los productores agropecuarios de Santa Fé.

Es necesario hacer notar que los productores agropecuarios tienen la carga impositiva más elevada de las últimas dos décadas producto de los incrementos en los avalúos que generan recaudación para la Nación a través de Bienes Personales, del Inmobiliario Rural y de los derechos de exportación que gravan todos sus productos, que en muchos casos superan el 50% efectivo, producto de la intervención en los mercados.

También es importante informar a los funcionarios y legisladores que la tierra es un factor de producción tan importante como el trabajo y el capital, y por lo tanto no debe ser discriminada impositivamente.

El incremento en la presión impositiva, este año a través de aumento en los impuestos provinciales y nacionales como Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales, es producto de una política fiscal irresponsable que viene generando un déficit fiscal primario nacional por cuarto año consecutivo generando un ajuste económico a las ciudades del interior.

Los productores agropecuarios sufrimos una discriminación impositiva ya que afrontamos impuestos a las ventas (retenciones) con altos porcentajes, como en el caso de la soja, de hasta el 35 por ciento, y pagamos además todos los impuestos del resto de los sectores económicos, como ganancias, bienes personales, impuesto al cheque, hasta Ingresos Brutos en algunos casos, impuesto inmobiliario y tasa comunal por hectárea.

Los productores no vendemos tierra, no vivimos del valor inmobiliario del campo, sino que debemos hacerla producir.

Desde la SRA consideramos que este aumento del impuesto inmobiliario, que significa recaudar más tributos para la Nación en detrimento de un verdadero federalismo, atenta contra la capacidad productiva del campo, contra la inversión de largo plazo y contra el desarrollo de los pueblos del interior.

La suba del impuesto inmobiliario se enmarca en una actitud generalizada del gobierno central que transfiere el ajuste que dice no querer realizar a las provincias, quienes no dudan en sofocar económicamente al sector productivo.