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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoEL SECTOR AGROPECUARIO, LA AFIP Y PSEUDO REGÍMENES DE INFORMACIÓN
12/mar/2011

Lo establecido en la ley de procedimiento tributario permite afirmar que la A.F.I.P. carece de las denominadas facultades investigativas para recabar información en abstracto.

Por: Cdor. Agustín Angeloni (*)

Días atrás fue publicada en Diario Puntal de Río Cuarto, una nota mediante la cual se informaba que la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) iba a requerirles a los principales productores agropecuarios que estuviesen bajo la jurisdicción de la Agencia sede local del citado organismo, un sinnúmero de información que lucía a prima facie exorbitante.

Es así que unos días después, hemos tomado conocimiento de las primeras notificaciones efectuadas por el organismo recaudador a los efectos de solicitar dicha información bajo apercibimiento de sancionar a aquellos contribuyentes que incumplan aquel pedido. A los efectos de resguardar el secreto fiscal que rige a favor de cada contribuyente y en cumplimiento de la obligación legal referida a dicho instituto, remitimos al lector a la información publicada en la nota referida en el párrafo anterior.

La Ley de Procedimiento Tributario

Debemos obligatoriamente aclarar que la obligación de brindar dicha información específica solicitada por el Organismo Recaudador en las mencionadas notificaciones, no está establecida en ninguna normativa en particular; el Organismo se ampara en las facultades de verificación y fiscalización establecidas en el artículo 35 y subsiguientes de la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 (t.o. 1998).

Este artículo consagra la existencia de amplios poderes de verificación en cabeza del fisco, y haciendo uso de tales poderes, el ente de fiscalización podrá verificar el cumplimiento de los deberes impositivos de contribuyentes, responsables y aún terceros ajenos a la relación jurídica tributaria.

Cabe destacar, que estas facultades inquisitivas que posee el organismo fiscal posibilitan su accionar discrecional. Pero va de suyo que la inquisición fiscal debe ser limitada y razonable, manteniendo un adecuado equilibrio entre los objetivos y derechos del fisco (recaudación eficaz y certera) y de los responsables (resguardo jurídico de garantías constitucionales frente a pretensiones fiscales arbitrarias y desmesuradas).

Es criterio admitido, que la libertad de actuación -característica del obrar administrativo- es una cualidad innata de la función discrecional. Dicha función implica la posibilidad de optar por soluciones diversas en mérito a apreciaciones de conveniencia y oportunidad.

Pero, ese accionar de la Administración resultará procedente siempre que no se vulneren derechos personales garantizados por la Constitución Nacional. En efecto, los actos administrativos deben ser razonables, esto es, causados y adecuados a la finalidad y objeto de la disposición que justifica su existencia.

Caso contrario, sería admitir que el Poder Ejecutivo, a través de la A.F.I.P. posee facultades extraordinarias de verificación y fiscalización, contradiciendo el principio de razonabilidad ínsito en el art. 28 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, lo establecido en la ley de procedimiento tributario permite afirmar que la A.F.I.P. carece de las denominadas facultades investigativas para recabar información en abstracto. Esto no significa que esté impedida de realizar tareas investigativas en cumplimiento de su poder de policía tributario, sólo significa que para realizar tal tarea debe respetar los procedimientos establecidos, desarrollando su labor en el marco de un procedimiento administrativo concreto, con un contribuyente (o contribuyentes) individualizado, donde se le haga saber los cargos e impugnaciones que se le formulan.

La circunstancia de contar la AFIP con amplias facultades de verificación y fiscalización, no excluye la necesidad de motivar el acto, pues la motivación se agudiza en materia de actos discrecionales donde es mayor, con relación a los actos reglados, la necesidad de justificar el dictado de los mismos.

La tarea de verificación fiscal está hoy en día enfocada a atacar las raíces del fraude fiscal, lo que no admite crítica, a condición de que la misma responda a un molde dentro del derecho. Dicha actividad adquiere dimensión jurídica si en su proceder respeta los límites garantistas del administrado, y no se basa tan solo en indicios subjetivos del funcionario de turno. Así, podrá existir un control de obligaciones en tanto y en cuanto se acomoden al principio de legalidad. Si esto último no se cumple, la vigencia de la seguridad jurídica en el accionar bajo examen seguirá conmoviendo las propias bases de la vida en sociedad.

La Seguridad Jurídica

La seguridad jurídica es el impedimento que no permite a la A.F.I.P. desprenderse de los límites legales reglados para cumplir sus tareas. Es imposible negar que la ley procedimental deba dotar al Organismo fiscal de facultades para investigar los hechos imponibles buscando el descubrimiento de los que fueron ignorados por la Administración. Empero, esta última afirmación no significa justificar que mediante el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización, se haga un uso abusivo y arbitrario ajeno a la seguridad jurídica del administrado.

Se ha entendido, que el ejercicio de las potestades del Ente Recaudador no debe traer aparejados perjuicios irrazonables a los administrados, permaneciendo vigentes las palabras de Adam Smith relativas al principio de economicidad, siendo contrario al mismo cargar a los particulares con excesivos gastos, a fin de cumplir con las exigencias formales del Ente Fiscal.

Los límites a la potestad de establecer deberes formales respecto de los administrados, pueden ser clasificados en tres aspectos:

a) desde un aspecto jurídico-lógico, implica que debe existir una vinculación directa o indirecta de la carga impuesta a hechos imponibles ciertos o eventuales;

b) atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad, en el sentido de no gravar al administrado con complicadas y abusivas actividades formales, ni tampoco con funciones propias del ente administrativo; y,

c) en lo relativo al deber de información, en tanto se debe tener en cuenta el derecho a la intimidad fiscal, la confidencialidad de datos y el secreto profesional.

A modo de conclusión y como corolario de lo hasta aquí expuesto, vamos a tomar las palabras que expresara recientemente la Sala V de la Excelentísima Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal en la causa Exagrind S.A., la cual dejó muy en claro que los requerimientos de información son validos “sólo en la medida en que no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y de las formas exigidas”.

(*) Miembro de Fundación EGE

Fuente: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, GUBERNAMENTALES Y EMPRESARIALES- “FUNDACIÓN EGE”-

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