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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoEl Cooperativismo funciona en plenitud sin intervencionismo
31/oct/2021

INTROITO

Elocuencias incontrastables evidencian como el paradigma cooperativo tiene la posibilidad de funcionar en plenitud sin intervencionismo estatal. La génesis del movimiento contempla el manejo de costos reales, amortizaciones, precios justos y autonomía e independencia.

Estas premisas imperan entre otros en los países nórdicos, Japón, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En la Unión Europea desde 1962 rige la Política Agrícola Común “PAC”; consistente en subsidios al sector agropecuario que beneficia a unas 6.500.000 personas, de los 27 países que la integran. Siendo España uno de los más favorecidos con 444.250 productores beneficiarios.

Fácilmente deducible es que las subvenciones aplicadas en la UE resultan la antítesis de lo que ocurre en Argentina, único país que aplica derechos de exportación a la producción agraria. Dos modelos opuestos de intervencionismo.

REGULACIONES

Con las regulaciones vigentes en nuestro país, más allá de los indicadores económicos adversos que afectan a vastos sectores y a la mayoría de la población, (que no son motivos de análisis de la presente); se distorsionan los precios relativos, con las consecuencias que ello conlleva.

Dicho contexto comprende a casi todos los actores y, por ende, al cooperativismo en general y al de servicios públicos en particular, cuyas implicancias ameritan considerar, máxime teniendo en cuenta las derivaciones a futuro. Por lo que resulta muy importante que las cooperativas del sector trasmitan a sus asociados el cuadro de situación.

TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA

En lo que va del siglo, los montos a pagar por los usuarios en materia de energía eléctrica tienen subsidios indiscriminados como común denominador. A los efectos de no extenderme, pero si tener presente lo ocurrido en las dos últimas décadas, considero oportuno insertar debajo de esta nota, títulos y links de 10 columnas referidas a la temática.

Al finalizar 2015 en el promedio país, los usuarios pagaban un 15% del costo de producción (4,8% del PBI) en tanto con los incrementos aplicados a la energía eléctrica en 2016 y 2019, la recaudación de CAMMESA significaba el 72% de los costos reales (0,5% del PBI). Por entonces, tal como puede observarse en el siguiente cuadro, Argentina todavía se encontraba entre las más baratas del continente, medida en relación con el dólar

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

A días de asumir el nuevo Gobierno nacional dispuso el congelamiento de las tarifas energéticas, medida que se extendió hasta mayo del corriente año, cuando se dispuso un aumento del 9% para la zona del AMBA. En las provincias se aplicaron incrementos que oscilaron entre el 20 y 30%. Cotejándolas con la inflación del 2020 36,1% y con la anualizada a septiembre 52,2% indican la magnitud del retraso que acumulado.

Tamaño desequilibrio, potenciado por los problemas derivados de la pandemia ha calado hondo en varios actores del mercado energético. El ranking de la morosidad está encabezado por Edenor y Edesur (ambas prestatarias del servicio en el AMBA), con una deuda acumulada entre ambas de $ 74.000 millones. Detrás se posicionan con cifras abultadas Edelap (La Plata y alrededores), EPE (Santa Fe) y EPEC (Córdoba),

En junio del año en curso, la Secretaría de Energía de la Nación condonó aproximadamente $ 4.000 millones a las distribuidoras provinciales de Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, bajo en fundamento de recursos indispensables para encarar inversiones postergadas y, que deben concretar los próximos años.

De todas las empresas provinciales de energía sólo dos están al día con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista “CAMMESA”, ellas son APE (La Pampa) y Energía San Juan, quienes resultaron premiadas por su cumplimiento con $ 3.200 millones que se aplicarán a futuros consumos.

En Argentina, aproximadamente 600 cooperativas abastecen al 16% del mercado eléctrico y abarcando alrededor del 70% de todo el territorio nacional. El promedio revela que por cada Km2 de la superficie concesionada hay 4 usuarios, versus los 357 que da el cociente de las distribuidoras del AMBA y provinciales.

Para brindar el servicio las cooperativas se expanden a través de 70.000 kilómetros de redes de media tensión, frente a los 9.364 de las empresas, lo que da una relación 13 y 534 usuarios respectivamente, por cada kilómetro de red tendida. Al momento de evaluar la cantidad de empleados numéricamente son semejantes, pero en tanto las cooperativas registran 1 operario cada 179 suministros, las grandes empresas es cada 1.000 conexiones.

Si bien existen escenarios, situaciones y realidades diferentes, los datos consignados son más que elocuentes; lo que requiere a las cooperativas a manejarse con la mayor eficiencia y gran aptitud administrativa.

A mayo de este año el conjunto de las cooperativas eléctricas chubutenses registraba una deuda de $ 15.000 millones, a tamaña friolera deben agregárseles intereses resarcitorios, punitorios y penalidades, eso en el supuesto que pudieran pagar la cuenta de los consumos mensuales corrientes.

Indudablemente todas las cooperativas eléctricas, tanto aquellas que registran deudas con el mercado eléctrico mayorista o con las empresas provinciales, como las que están al día, han experimentado un deterioro económico producto de ingresos no percibidos, ya sea por el congelamiento tarifario o por los aumentos de morosidad ante la prohibición de cortes de energía durante la pandemia y, consecuencia de incremento de costos que no se pueden controlar, como los aumentos salariales acordados y el encarecimiento de materiales e insumos imprescindibles para la prestación del servicio.

No obstante, las desventajas señaladas anteriormente que presentan las cooperativas en la prestación del servicio, en relación con los mercados que explotan, varias son las que han pagado puntualmente sus consumos durante la pandemia, precisamente a empresas provinciales que como queda dicho, registran deudas significativas con CAMMESA.

Al respecto, cabe señalar que la Ley de Presupuesto Nacional prevé un sistema de facilidades de pago que CAMMESA facilita a quienes le adeudan y que, obligatoriamente, deben trasladarlas hacia abajo. Más precisamente en su artículo 87, la legislación de marras prescribe la obligación que tienen las distribuidoras provinciales de replicar los beneficios que obtengan hacia las cooperativas que le compran la energía.

HACIA EL FUTURO

Las tarifas de servicios públicos resultan la mayor desnaturalización de las variables de la economía nacional; el presupuesto 2022 remitido al congreso prevé subsidios del orden 1,5% del PBI, frente algo más del 2% que representan en la actualidad. Dicha reducción está proyectada aplicando incrementos segmentados, que contemplaría recortes y/o eliminación de las subvenciones en los hogares de mayor poder adquisitivo.

Los subsidios pueden resultar un recurso coyuntural de corto plazo en situaciones puntuales; en tanto más prevalecen en el tiempo, más difícil es salir de su entramado y por cierto las derivaciones pasan a ser cada vez más onerosas. La prueba más contundente es que el precio irrisorio de la energía le resta algo de virulencia a la descarriada inflación y, por otra parte, alientan el consumo del fluido, que cuando comience a sincerarse el precio muchos no podrán sostener.

Habida cuenta las urgencias de la economía nacional, como la creciente vulnerabilidad de la población, la necesaria quita de subsidios deberá realizarse en forma gradual y segmentada, contemplando la imprescindible sustentabilidad del sistema y la precariedad de los menos pudientes.

Como es fácilmente deducible, el retraso tarifario afecta a todos los actores del mercado energético, pero los usos, costumbres y antecedentes revelan como los desenlaces impactan de manera muy diferentemente.

Históricamente recurrentes balances deficitarios de algunas empresas energéticas públicas han sido asumidos temporalmente por las provincias y, a la postre financiadas con mayores impuestos o menos obras, por cordobeses, santafecinos, chubutenses, bonaerenses, etc., En estas líneas se han reflejado, condonaciones y aplazamientos.

El caso más elocuente data de 2016, cuando tras la salida del congelamiento tarifario el Gobierno Nacional condonó deudas de empresas de distribuidoras eléctricas por el precio mayorista de la energía con CAMMESA por más de $19.000 millones (u$s 1.187 millones en ese momento). Las beneficiadas fueron Edenor, Edesur, Edelap, EPEC (Córdoba), EPE (Santa Fe), SECHEEP (Chaco), DPEC (Corrientes) y EDEMSA (Mendoza). Resarciéndolas por los montos no percibidos y multas impagas de 2014 y 2015. Independientemente de cualquier consideración, la mayor sinrazón radica en la discriminación hacia las demás empresas y cooperativas que honraron sus compromisos en tiempo y forma.

En las compras de energía que realizan las cooperativas a las empresas provinciales, como así las que estas efectúan al mercado mayorista, la facturación se efectúa por el importe de los subsidios percibidos; más estos constituyen sólo una parte de los costos, dado que los gastos operativos: salarios, combustibles, insumos y remplazo de bienes, van en consonancia con la desenfrenada inflación.

EPILOGO

Consecuentemente con lo expresado en el INTROITO, el sistema cooperativo logra desenvolverse conforme a su esencia sin intervencionismo; si bien esta es la premisa del mundo desarrollado, las empresas privadas suelen tener atenuantes de comercializar a pérdida algún producto, resarciéndose con márgenes superiores, en otros. Concepto no valido para el cooperativismo, en el caso de los servicios públicos, corresponde que cada prestación se financie por sí, de lo contrario, se darían casos inequidad.

En tiempos de libre mercado, las cooperativas bien administradas, establecían sus costos en base a un exhaustivo balance de explotación, considerando las imprescindibles amortizaciones que mensualmente prorrateaban en cuotas partes en función de del promedio técnico de reposición. Una línea eléctrica urbana se considera con una vida útil de 20 años, pero sus componentes: postación, conductores, protección, aisladores, capacitores y transformadores, deben ser remplazado en distinto tiempo. En consecuencia, el proceder correspondiente es partiendo de su construcción, es ir ingresando a las arcas de la entidad una suma inherente a la 240° parte del monto total a riguroso valor de reposición de ese momento. Puesto que en nuestro país la inflación a sido una constante, el mejor resguardo para tanto para la cooperativa como los asociados, consistía utilizar sin dilaciones esos recursos en la adquisición de los elementos mencionados.

Para finalizar resulta insoslayable mencionar lo aberrante que resulta la tremenda discriminación e injusticia manifiesta, que constituyen las prebendas que gozan los habitantes de la CABA y el conurbano bonaerense, con subsidios muy superiores respecto al resto del país; medida que además de ser absurda; para el sistema cooperativo es una afrenta, pues está en las antípodas de los preceptos de igualdad y equidad del movimiento.

 

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