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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoGESTA DE LA 125: Anverso y reverso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias
14/mar/2018


Desde el 11 de marzo retenciones es una de las palabras más pronunciadas y escuchadas en la República Argentina, A las menciones recurridas por las autoridades, afín de presentarlas a la sociedad como la panacea para solucionar la paupérrima distribución del ingreso; a las otras tantas referencias proferidas por los productores, orientadas a desconceptuar ésta imposición que incauta buena parte de su producido; a los análisis técnicos practicados por los economistas competentes en la materia o, las opiniones vertidas por los periodistas conocedores del sector; retenciones a pasado a ser un tema de noticia obligada, comentarios múltiples, discusiones y conversaciones cotidianas.

Como todo tópico candente, a los fundamentos e intereses propios de los actores involucrados, se le agregaron las consideraciones de los entendidos, pero también acotaciones formuladas por neófitos o, bien por ilustrados en algunas de las facetas de la cuestión, pero desconocedores del contexto general o la problemática proyectada al futuro. En razón de lo expuesto, he creído conveniente efectuar una serie de reflexiones, sin más pretensión que aportar una visión meditada y desapasionada.

Las comúnmente llamadas retenciones son en verdad “derechos a las exportaciones”, históricamente rechazadas por la dirigencia agropecuaria; que con diferentes alcances y características fueron implementadas alternativamente por algunos gobiernos si y por otros no. Si bien su aplicación suele en sus fundamentos tener algún componente ideológico, ello no ha sido un elemento excluyente; la factibilidad técnica está muy relacionada con agentes tanto internos como externos. Por ejemplo, no habría sido posible establecerla durante el imperio de la convertibilidad, dado el retraso cambiario; en contraposición, es mucho más razonable en la actualidad, habida cuenta de los excepcionales valores internacionales que registran los productos agropecuarios.

Las retenciones, al igual que los aranceles, subsidios, reintegros, compensaciones y desgravaciones impositivas, son herramientas económicas que posee el Estado, a las que el gobierno de turno puede legítimamente utilizar, respetando para ello los preceptos y mecanismos que sobre el particular estatuye la Constitución Nacional. Los referidos instrumentos no son por si mismo, ni malos ni buenos; resultarán perversos o bienhechores, según se los aplique en un tiempo inadecuado o procedente, en proporciones desmedidas o razonables y, con propósitos arbitrarios o justificados.

Por lo expuesto, se desprende que la implementación de estás herramientas fiscales, bien puede ser muy eficaces y sensatas en determinados escenarios, pero también ineficientes y estólidas en otros. Si tenemos en cuenta la naturaleza pendular de los mercados agropecuarios, los procesos cambiantes de la economía mundial y, las contradicciones verificadas en la historia contemporánea nacional, creo que un punto fundamental a preestablecer es que cuando se apliquen retenciones, los recursos que ellas generen, no deben destinarse a solventar actividades o fondos que requieren una continuidad de financiamiento, puesto que al desaparecer las razones que justificaron su aplicación, no constituya un problema dejarlas sin efecto.

Los instrumentos fiscales en general y las retenciones en particular, deberán instaurarse en tanto y en cuanto signifiquen un beneficio para el país en su conjunto, si bien cualquier medida de esta naturaleza conlleva el propósito de sacar más unos, para atender necesidades de otros, es menester que exista una gran ecuanimidad en la transferencia. A tal efecto, resulta pertinente considerar beneficios y perjuicios, virtudes y defectos, como así también propósitos, repercusiones e implicancias. Por otra parte, no se puede soslayar de cualquier análisis, si nos referimos a las tradicionales retenciones fijas o las menos ortodoxas retenciones móviles.

Es evidente que con el patrón económico vigente en el país, donde trascendentales variables internacionales de la economía actual son ignoradas o relativizadas por las administraciones K, (combustibles, transportes; servicios públicos, salarios, etc.) no resiste la aplicación del grueso de tarifas y precios imperantes en el mundo. Independientemente de hasta cuando y en que medida se pueden “disimular” tales realidades, lo concreto es que los ingresos de las clases baja y media no pueden soportar la incidencia, que en la canasta familiar tendrían los alimentos con materias primas totalmente liberadas.

Ante esta situación, si bien las retenciones no son el único resorte que dispone el Estado para amortiguar el costo, (Uruguay y Brasil no gravan su producción con derechos de exportación, acordando entre gobierno-productores mecanismos para el abastecimiento de determinados alimentos a valores compatibles con el nivel de sueldos medios), bien puede comprenderse la existencia de derechos de exportación. En tal contexto las retenciones constituyen un recurso válido, en tanto y en cuanto se empleen bajo reglas claras y alícuotas razonables (por ejemplo, las que estuvieron vigentes hasta noviembre del año pasado; 27,5% soja, 20% maíz y trigo, etc.).

Estos niveles de gravamen bruto prácticamente son el tope aceptable sin discusión, aún por aquellas entidades que la oposición sistemática había sido una constante, el escenario favorable comprometía al campo a ser solidario. Cuando previo a entregarle la posta a Cristina, Néstor le “aseguró” una buena de dosis de ingresos extras a las arcas públicas, por entonces, los porcentajes pasaban a ser exagerados y, sin bien el agro los toleró, ello fue a regañadientes y bajo justificadas protestas. Las explicaciones oficiales de entonces no difieren mucho de las actuales; el argumento de elevar las alícuotas antes como ahora, lo asocian a la escala ascendente que siguen mostrando cereales y oleaginosos y, la repercusión que los mismos tendrían en los alimentos.

Dicho así, parecería que la medida tendría lógica y, tal presunción animó al gobierno a hacer caso omiso a la andanada de reclamos que originó el dictado de la Resolución 125 del Ministerio de Economía. Pero todas las cosas tienen un límite, y con la norma de referencia este se había sobrepasado. Merced a las buenas y oportunas explicaciones, que durante el paro supo expresar el campo en su conjunto, un alto porcentaje del pueblo argentino comprendió el mensaje y la exageración de la presión tributaria sobre el sector productivo. Amen de ello varios fueros los constitucionalistas y tributaristas de reconocida valía, que alertaron sobre la inconstitucionalidad de la medida.

El avance del gobierno en materia de retenciones a las oleaginosas, solo tiene parangón con las que le aplica a la lechería, que tanto perjudican a los productores del rubro; es que aún cuando la sola mención del 44% suena como un despropósito, en la práctica es todavía es más gravoso, habida cuenta que los descuentos se practican sobre el precio lleno, vale decir que la quita opera sobre el grano ya cosechado y puesto en puerto (corriendo el productor con esos costos) y, luego si le queda alguna utilidad aunque sea teórica, debe pagar el impuesto a las ganancias como cualquier otro ciudadano o razón social. En virtud de ello, producto de la medida en cuestión y los demás gravámenes que pesan sobre la producción, el Estado pasará a quedarse entre un 75% y 80% de las eventuales ganancias.

Las arbitrariedades no concluyen allí, al ser móviles las retenciones previstas en la resolución 125, contemplan alícuotas progresivas, subiendo automáticamente cuando se incrementa el precio y descendiendo cuando así se comportan las cotizaciones. Como principio de equidad no sería reprochable por sí mismo, el problema radica que en que la ecuación es mucho más pronunciada cuando sube que cuando opera a la inversa, al punto tal que en determinada hipótesis el fisco se apropia del 95% de los beneficios adicionales.

En el terreno de defender la medida, la presidenta no tuvo reparos en apelar a la justicia que la norma traía implícita, al enfatizar que tal determinación obedecía al propósito de redistribuir ingresos a favor de los más necesitados, esta muletilla que como novedad le brindó “réditos” ante la opinión pública en la gestión de Néstor, ya no causa el mismo efecto; la gente tiene sobradas muestras que mientras se le aplicaban restricciones o precios máximos a ganaderos y lecheros, los valores en las góndolas seguían trepando.

Por otra parte tales argumentos pierden consistencia frente a las explicaciones vertidas por la dirigencia ruralista, al respecto, el vicepresidente de CRA, Néstor Roulet fue muy concluyente en su discurso de la víspera en Jesús María, cuando detalló con precisión y contundencia, que con el equivalente al 8% de las retenciones se podrían regalar los alimentos para toda la población. Es evidente que el objetivo de la medida es fundamentalmente fiscalista y unitario.

Ningún análisis sería completo si no se tuvieran en cuenta las consecuencias que arrastraría en el país, cabe aseverar que de no retrotraerse la medida, las secuelas serán totalmente perniciosas para el interior, principalmente para las provincias agrícolas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa).

Desde el advenimiento al poder del presidente consorte, los gobiernos de las provincias, sin ofrecer mayor resistencia, fueron resignando recursos que por naturaleza y antecedentes les son propios. Esta situación se fue agravando paulatinamente, en contraposición con el crecimiento del país y la optimización de los valores de la producción.

Como es de público conocimiento, las recaudaciones que Estado nacional obtiene por derechos de exportación no son coparticipables con las provincias (unos $ 14.000.000.000) , por cierto que no solamente los distritos del interior ven pasar de largo los porcentuales que les correspondería, sino que el mecanismo opera exactamente al revés, por cada punto que se incrementan las retenciones, menos reciben efectivamente en concepto de impuesto a las ganancias, por la simple razón, que los derechos de exportación gravitan negativamente y directamente sobre las utilidades.

Parece que cuando se trata de repartir los tributos con las provincias, a la señora presidenta deja de interesarle la distribución de los ingresos, el sistema es tan perverso e injusto que no resiste el menor examen. Mientras en el gobierno nacional se ufanan en remarcar que las reservas del Banco Central acusan u$s 50.000.000.000, las provincias (principales generadoras de esos recursos, esencialmente gracias a las retenciones) , conforme lo estiman las consultoras especializadas, finalizarían el año en curso con un déficit financiero global de $ 700.000.00; las mismas fuentes auguran que cuando concluya el 2008 la deuda total de los estados provinciales ascenderá a $ 90.000.000.000, con la paradoja que el principal acreedor es el Estado nacional. Tamaña incongruencia es la resultante de que la Nación se lleva el 70% de los recursos públicos, mientras que históricamente se compartía en mitades con las provincias.

Si bien el poder central llegó a monopolizar tanto los recursos financieros del país, en gran medida es producto de la vocación hegemónica del matrimonio presidencial, no están exentos de responsabilidades gobernadores timoratos y obsecuentes, (recién en éste período aparecieron algunos mandatarios dispuestos a dar batalla en ese sentido, con tono respetuoso pero firme como Hermes Binner o más embozado como Schiaretti). Para ellos el paro agropecuario ha sido la circunstancia más propicia que podría haberse presentado, el campo no solo ha reivindicado los legítimos derechos del interior, sino que les ha garantizado el apoyo en esa lucha.

El nuevo escenario ha movilizado también a intendentes y legisladores, en el congreso de la nación ya se han presentado algunos proyectos de ley procurando que de una u otra manera las retenciones sean coparticipables. Más allá de la compatibilidad que esta instrumentación tenga con la Constitución Nacional, cabe preguntarse ¿es conveniente que los derechos de exportación se coparticipen?.

A juzgar por lo expuesto, una primera apreciación daría la impresión que sí, la distribución de esa formidable masa de recursos traería aparejado una mayor equidad, además de reducir considerablemente la dependencia que las provincias tienen del tesoro nacional, la “buena predisposición” del poder ejecutivo y, el nivel de subordinación de los gobernadores. Si bien los actuales condicionantes desaparecerían o se verían reducidas a su mínima expresión, consecuentemente con lo manifestado en los párrafos 4º y 5º (si por tales consideramos los puntos y aparte) una ley de esa naturaleza (hoy adecuada) podría resultar en el tiempo contraproducente, habida cuenta que si las realidades del mercado internacional y/o, el contexto económico y político interno no justificaran los derechos de exportación, estos deberían suspenderse y por ende, las provincias se verían ante otras nuevas complicaciones.

¿Y entonces?. Admito que no soy un experto de tributos, por lo tanto no me corresponde ni pretendo aparecer proponiendo determinada “receta”, si puedo y considero oportuno expresarlo, que entiendo que la probable solución debería encontrarse en una adecuada modificación del código tributario, donde el impuesto a las ganancias adquiera mayor relevancia y presente menos posibilidades de evasión. Desde mis limitaciones supongo que dicha gabela admite un incremento de tasas o profundización de niveles de progresividad y fundamentalmente se pueda lograr una mejor eficacia recaudatoria.

Volviendo a las retenciones, con este nivel de precios no solo que son válidas, sino que alícuotas como las vigentes a noviembre del año pasado, serían muy apropiadas para destinarlas íntegramente a obras de infraestructura, rutas por ejemplo ¿Cuántos kilómetros de carreteras seguras se podrían construir?, pero jamás deberían destinarse como hoy se está haciendo, a financiar un gasto público, que mientras el gobierno sostiene que la inflación del 2007 fue alrededor del 10%, lo incrementó en más de un 40%.

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