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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoProlegómenos del conflicto
11/mar/2018

Breve síntesis e introducción al enfrentamiento del Gobierno con el Campo

El pasado 6 de marzo se cumplieron 10 años de la célebre Resolución 125; por entonces la voracidad fiscal del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dictó la referida norma, por la cual se implementaban para los granos las retenciones móviles, un despropósito total con alícuotas confiscatorias, sin precedentes en el mundo.

La medida fue fuertemente resistida por el campo en su conjunto, las entidades rurales representativas del sector: Confederaciones Rurales Argentinas “CRA”, Federación Agraria Argentina “FAA”, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada “CONINAGRO” y Sociedad Rural Argentina “SRA”, dejando de lado sus diferencias filosóficas, sin dilaciones acordaron acciones conjuntas, creando a tal efecto un mando unificado, la Comisión de Enlace, más comúnmente llamada Mesa de Enlace.

El conflicto se extendió durante 127días, durante los cuales la estrategia pergeñada por la Mesa de Enlace e instrumentada por sus entidades afiliadas y filiales, sumado a la activa participación de productores autoconvocados de diferentes puntos del país, comprendió un variado menú de acciones de protesta: cese de comercialización de granos por tiempo indeterminado, piquetes, cortes de rutas, cacerolazos, campañas de esclarecimiento y concientización, múltiples actos, y concentraciones multitudinarias en puntos estratégicos.

Los enfrentamientos dialécticos fueron durísimos, la presidente en persona calificó la protesta como “piquetes de la abundancia”, en tanto los máximos capitostes ruralistas en las tribunas levantadas en incontables localidades replicaron con fuertes críticas al Gobierno nacional. A los 49 días del dictado de la resolución 125, renuncia su mentor, el Ministro de Economía Martín Lousteau.

La confrontación tuvo momentos de máxima tensión, existieron diversos incidentes, entre otros dirigentes rurales fue detenido por la gendarmería Alfredo de Angeli, un ícono de la resistencia. Habida cuenta la inconstitucionalidad que significaba su aplicación por decreto, la norma llega al Congreso de la Nación para su tratamiento, en la Cámara de Diputados el oficialismo logra la media sanción, en tanto en el Senado en una memorable sesión, seguida en directo por TV en todo el país, la votación resulta empatada, correspondiendo desempatar al Vicepresidente de la Nación Julio Cesar Cobos quien poniendo fin a las expectativas se define por el voto NO POSITIVO, por lo que al día siguiente 18 de julio, al Poder Ejecutivo nacional no le quedó otra alternativa que derogar el instrumento que a la postre resultó el mayor traspié del Gobierno.

Mucho se ha dicho y tanto queda por decir, en el caso de este medio se ha dispuesto recordar aquella memorable gesta del campo, reproduciendo secuencialmente y literalmente las editoriales y análisis de este director, durante todo el conflicto, por entonces publicadas en el boletín electrónico PREGON AGROPECUARIO, que se editaba quincenalmente.

A los efectos de ubicarnos en el contexto adecuado, seguidamente se transcribe una editorial previa al conflicto, inclusive anterior a la asunción de Cristina Fernández a la presidencia de la República del 20 de noviembre de 2007


INCREMENTO DE LAS RETENCIONES: LA RECETA PREDILECTA DE LA ADMINISTRACION K
20/nov/2007


Una vez más, el campo le resulta al gobierno nacional su “tabla de salvación” para solucionar los problemas de la economía primero y, ahora para corregir el dispendio  de las finanzas estatales, conforme surge de la lectura del incremento desmesurado del gasto público (más de un 40%) con relación al ejercicio anterior. Mientras en el mismo lapso, 
los ingresos fiscales se acrecentaron en un 15 %.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

En una interpretación “sui generis” el ministro Peirano tras el lapidario anunció aseveró: "Estas medidas van a generar estabilidad de precios, crecimiento de las inversiones, fortaleza de la economía en su conjunto y continuarán garantizando el sendero económico de alto crecimiento con estabilidad y generación de empleo".

Minutos antes, la incógnita quedó develada; por cierto que la nueva intervención del gobierno en la materia constituía un “secreto a voces”, no obstante, la expectativa radicaba en la magnitud del ajuste. Así, el titular del palacio de hacienda explicaba, como se modificaban las retenciones a las exportaciones agropecuarias:

ANTES

AHORA

Puntos aumento

Porcentaje de Aumento

SOJA

27,5%

35%

7,5

27,27%

TRIGO

20,0%

28%

8,0

40,00%

MAIZ

20,0%

25%

5,0

25,00%

GIRASOL

23,5%

32%

8,5

36,17%

Aceites Harinas de GIRASOL

20,0%

30%

10,0

50,00%

Aceites Harinas de SOJA

24,0%

32%

8,0

33,33%

Complementariamente, el funcionario expresó que en el caso del trigo, "los productores tendrán que comprometer un cierto porcentaje para garantizar el abastecimiento del mercado interno". Así mismo confirmó: "va a seguir rigiendo la política de compensaciones en marcha", con lo que a su entender permite: "generar políticas de transferencia para favorecer mayor valor agregado y de estabilidad de precios en los sectores vinculados a precios internacionales".

Pero sin duda que las frases más controvertidas de Miguel Peirano en relación al tema fueron: “Las medidas que toma el gobierno no tienen ningún tipo de limitación para el desarrollo del campo, sino todo lo contrario” - “Todas las decisiones que el gobierno adopta logran el objetivo general para mantener la rentabilidad del sector agrícola”. - “El gobierno ha aplicado políticas consistentes que permitieron que el sector agrícola haya tenido un desenvolvimiento muy positivo en estos últimos años”, para en un corolario que más se asemeja a una cargada espetó: “Es fundamental el crecimiento del agro y por eso se adoptan estas medidas”.

A los efectos de cuantificar el significado de los derechos de exportaciones agroindustriales y, la incidencia que el incremento tendrá tanto para las arcas del estado como para el aporte del sector, cabe mencionar que por ese concepto, en la cosecha pasada el fisco embolsó aproximadamente u$s 4.155.000.000. En tanto que para la campaña agrícola 2007/8, imaginando que la producción total fuera semejante (95.000.000 de toneladas), considerando el actual valor de los granos y, el aumento aplicado a las retenciones el erario público vería ingresar por el mismo rubro unos u$s 7.400.000.000. Nada menos que un 78% más. De todas maneras tal reflexión bien puede ser razonada cuando menos como prudente, partiendo de la base de que si no median limitantes importantes en materia climática, la producción debería ser mayor, ya que las intenciones de siembra marcaban un incremento en el área a sembrar tanto en maíz, girasol y soja.

Una vez más, el campo le resulta al gobierno nacional su “tabla de salvación” para solucionar los problemas de la economía primero y, ahora para corregir el dispendio de las finanzas estatales, conforme surge de la lectura del incremento desmesurado del gasto público (más de un 40%) con relación al ejercicio anterior. Mientras en el mismo lapso, los ingresos fiscales se acrecentaron en un 15 %.

Al querer justificar este nuevo exceso, desde el gobierno se arguye que el propósito principal es atenuar el comportamiento de los precios internos. Con ello pretenden disimular el desmedido como desatinado gasto que perpetra el PEN, factor gravitante de una inflación creciente que no escatiman tácticas para ocultarla. Si bien con los argumentos esgrimidos no pueden calmar el malhumor de los productores, ni tampoco convencer a quienes mínimamente conocen la realidad y el funcionamiento del campo; en cambio dichas explicaciones son creídas en la mayoría de la población, donde el oficialismo tiene su base electoral.

En estas circunstancias, aumentar la presión al campo es la fórmula más sencilla, políticamente menos costosa, al tiempo que se compadece con la política aplicada hasta el presente. No cabe duda, que el auge de los precios internacionales de la producción agropecuaria le ha venido “de perlas” al gobierno, para profundizar su estrategia de acumular poder en base a la chequera. De esta forma, con una jugada de su propio estilo, el presidente Kirchner le allana el camino a su esposa, fabricándole un superávit importante, en tiempos que las cuentas públicas comenzaban a complicarse.

Para el modelo kirchnerista los derechos de exportación les resultan funcionales, habida cuenta que dichos recursos no son coparticipables con la provincias, con lo cual se acentúa la dependencia de éstas con relación al poder central. Tal mecanismo, en combinación con la vigencia de los superpoderes, más el uso irrestricto de los decretos de necesidad y urgencia, le otorgan a la administración central un poder hegemónico, que como ha quedado reflejado en el período a punto de fenecer, convierte a gobernadores en genuflexos y a intendentes en peregrinos a Balcarce 50.

Tal como están las cosas, los derechos de exportación se han transformado en una herramienta simplemente fiscalista, que menoscaba principalmente a las economías regionales. La presión tributaria sobre el agro se está tornando confiscatoria, entre retenciones e impuesto a las ganancias y gabelas menores, el Estado se está quedando con el 60% de los recursos generados por el campo. El hecho constituye una embestida claramente dirigida al sector más dinámico del país, el que más impuestos paga y el que más empleos genera, razón por la cual además de gravoso es inequitativo. En Argentina, por historia, compromiso y protagonismo es natural que el campo sea solidario, pero todo tiene un límite, el resto de las actividades como máximo tributa el 35% de sus utilidades.

En el transcurso de su mandato, el gobierno ha ensayado un amplio menú de cargos y restricciones a las exportaciones agropecuarias, el pretexto empleado ha sido recurrente; “sujetar los precios de los alimentos en el mercado interno”; los resultados están a la vista, invariablemente se perjudico al productor, pero los valores en góndola no se retrotrajeron. Las diferencias quedaron bien en las arcas del Estado y en actores de la intermediación o la exportación.

Determinaciones de esta naturaleza pueden aparentar resultados positivos en el corto plazo, cuando de contención de precios de la canasta familiar estamos hablando, pero el tiempo pone en claro las contradicciones que estos mecanismos conlleva; caída de las inversiones, desaceleración en la adopción de nuevas tecnologías y, por ende menor producción y reducción en la generación de puestos de trabajo.

Las medidas implementadas profundizan la ya injusta transferencia de recursos del interior, al poder central, habida cuenta que así se potencia el debilitamiento del federalismo fiscal y, se agudiza la subordinación de las provincias y municipios respecto a la nación.

Si entramos a considerar el manejo de las retenciones en consonancia con los valores internos, surgen reparos técnicos a su implementación. En tanto y en cuanto estos se divorcian artificiosamente de los precios internacionales, se soliviantan disposiciones empresariales extemporáneas para la productividad, la competitividad y las posibilidades del país. Más tarde o más temprano, se perturba el desarrollo y el salario real. Aceptando que el sinceramiento de precios traería aparejado evidentes problemas para el nivel de ingresos de la población, la solución debería buscarse vía subsidios al consumo, teoría sustentable en razón de que la demanda vernácula de los granos, es decididamente minoritaria respecto a las exportaciones.

Por otra parte cuando un socio en las ganancias, (puesto que cuando hay pérdidas desaparece el vinculo) se apropia de una porción semejante y no considera los riesgos, (en una actividad que tiene muchos) los excesos son más elocuentes aún; disminuye el margen bruto, se encarecen los alquileres de los campos. El problema se agudiza en las regiones menos estables, donde la rentabilidad cae considerablemente y la sustentabilidad se expone totalmente.

Más allá de toda las inequidades y abusos de tal magnitud, que significan las alícuotas recientemente establecidas para los derechos de exportación, más preocupante aún es el destino de esos recursos. El país tiene un tremendo déficit en rutas (tanto en cantidad, como en calidad), no hay suficiente cantidad de almacenaje, no hay financiamiento para emprendimientos agroindustriales. Pretender sustentar el superávit fiscal en base a éstos ingresos es tremendamente peligroso, si tan copiosa recaudación no se consigna a inversión su implementación puede acarrear dificultades mayúsculas.

Aún cuando las cotizaciones se presumen se mantendrán altas, bien sabido es que los mercados de commodities son oscilantes y sujetos a distintas contingencias. Solo basta hacer un ejercicio; si los precios de los granos bajan, por ende se reducirán los ingresos del Estado. ¿Qué hará el gobierno entonces?, Acaso ¿Bajará las retenciones para devolverle la rentabilidad al agricultor? o en su defecto ¿Volverá a incrementar las alícuotas para compensar la merma en la recaudación?. Sin lugar a dudas estaremos ante un problema de muy difícil solución.

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