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Editoriales y Columnas
 
Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un Amigo21F - ¿Impotencias Constitucionales…?
18/feb/2018

(Trabajadores, sindicatos, jubilados, usuarios, consumidores) 

   

Por: Roberto Fermín Bertossi

Los argentinos adoptamos para nuestro gobierno, la forma representativa, republicana y federal. Esto supone e implica (entre tantas otras cosas) que los ciudadanos no somos esclavos del gobierno  si no que los integrantes del mismo son nuestros empleados.

De tal manera por caso, ninguna política económica debe eclipsar el desarrollo humano ni el progreso económico con justicia social, ni la productividad de la economía nacional, ni la generación de empleo, ni la formación y reconversión profesional de los trabajadores, ni la defensa del valor de la moneda, etc.

¿Impotencias y desaires?

Según el capítulo primero de nuestra Constitución Nacional (CN.) que rubrica sus declaraciones, derechos y garantías para todos los habitantes de la República Argentina -con tal alcurnia y primacía-, concretamente en sus artículos 14 y 14 bis, estableció imperativamente la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el control de la producción y colaboración en la dirección; la protección contra el despido arbitrario; la estabilidad del empleado público; una organización sindical libre y democrática, jubilaciones y pensiones móviles, compensación económica familiar, el acceso a una vivienda digna, etc.

Por tanto, de forma transversal y latente, ese principio de participación  inspira a toda nuestra Constitución Nacional, al menos hasta una eventual reforma.

Claramente, no ha existido voluntad política para desarrollar la potencialidad que existe en el articulado constitucional, Incluso se ha disminuido la tendencia e incentivos participativos, especialmente en el campo gremial, previsional y patronal (público y privado), como lo acreditan las tensiones, reclamos, conflictos, corruptelas y burocracias de caciquismos sindicales y funcionarios, todo lo cual y a partir principalmente de nefastas y execrables famiempresas sindicales, han derivado  en  las últimas amañadas y amenazantes “manifestaciones” 15F y 21F

Esos principios constitucionales participativos como la ética en el ejercicio de la función pública, mal pudieron desconocerse por quién elige y vigila a sus ministros y colaboradores (Vg.: Jorge Triacca (h), Luis Caputo, Valentín Díaz Gilligan, etc.). Tampoco en el momento del proceso legislativo o cuando la aplicación de las normas por los jueces; en general, en ninguna de las actuaciones de los poderes públicos ya que son un límite cuya contradicción implica per sé  actos inconstitucionales. 

Lo así dispuesto tiene una vocación expansiva, y dado que las disposiciones de este Capítulo I están incluido en la 1ra. parte de la Constitución, condicionan a todo el sistema político funcional por tratarse de un articulado claro y preciso que los poderes públicos no pueden continuar desconociendo impunemente, menos aun cuando no hay riesgo de una interpretación constitucional en un sentido totalitario o colectivista, ello  dado el principio de pluralismo y libertad que fundamenta y cimenta nuestro Estado de Derecho.

En efecto, son claros e imperativos los límites y parámetros que establece nuestro modelo político económico constitucional en términos de economía de mercado y propiedad privada.

No obstante y por debajo de dichos límites, se ofrecen extraordinarias posibilidades para la actuación política, tanto en la selección de  mecanismos participativos como en la determinación cualitativa y cuantitativa de los mismos.

Posibilidades que permiten una capacidad de adaptación no sólo a la propia ideología que inspire a la administración nacional o a la  regulación positiva, sino en las diversas exigencias que todo proceso histórico de  cambios, reformas o transformaciones sociales nos exige según en cada momento y ha de seguir planteándonos en el futuro.

Si se justifican recortes salariales, suspensiones, despidos y todo tipo de ajustes en época de crisis como injusticias e ingratitudes intergeneracionales con nuestros empobrecidísimos jubilados, es justo, ecuánime y razonable que trabajadores participen en los términos del artículo 14 bis CN., sin perjuicio de los artículos 14, 30, 42,  75 incs. 17, 18, 19, 22, 23 y cc. de la misma Carta Magna.

Salvando el sacrosanto modelo de libertad de empresa y propiedad privada que son su límite en la economía de mercado,  la política del legislador constitucional en esta materia tiene un propósito integracionista y por ende, propiciatorio de puertas abiertas sindicales,  de máxima dignidad y júbilo  posible para nuestros jubilados como de beneficios razonablemente  compartidos en el ámbito de cada empresa, pública y privada.   

Ahora bien, no ignoramos que demasiadas organizaciones sindicales  no son ni libres ni democráticas, como que la participación en la gestión empresarial por los trabajadores, en determinadas parcelas, respetando la titularidad de propiedad del empresario y el ejercicio de sus facultades, no ha tenido el desarrollo que potencialmente podía extraerse de la norma constitucional. 

Ante este estado de situación, a pesar del mandato constitucional y su potencialidad, no se ha pasado de la simple retórica, sin articularse las herramientas precisas para encarnar ciudadanamente tal transversabilidad participativa; todo ello a pesas y en contra de que, inequívocamente, el marco constitucional existe para lograr nuestro mejor algoritmo ciudadano en pro de una ciudadanía satisfecha que facilite, enriquezca, cohesione y pacifique con felicidad la convivencia de la comunidad nacional

La recurrente ausencia de voluntad e idoneidad política tanto como la indolencia de "los empleados provisorios del pueblo" no nos permite ´lograr´  una conciencia solidaria y sensibilidad humana en los que deben aplicar tales modelos participativos en la práctica. Consecuentemente se viene ralentizando al menos culposamente su implementación, lo que posterga  la construcción de infranqueables contrafuegos para escandalosas componendas y desaguisados Vg., dirigentes políticos ilícitamente enriquecidos, eternos dirigentes gremiales corruptos,  capitostes empresariales prebendarios ´con franquicias  Odebrecht´, etc.

Por último, legal, legitima y constitucionalmente ante semejante cuadro difuso, ´viscoso´ y confuso, advertimos que la impotente no es nuestra Constitución Nacional sino una perversa casta política vernácula que juró  hacerla cumplir, exigiéndonos a viva voz que si así no lo hicieran, ¡los demandáramos!

De esto último se trata.

 (*) Investigador Cijs / UNC - Experto CoNEAU / Cooperativismo

 


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