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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoREEDICION – Anverso y reverso del “cuento de la buena semilla”
10/mar/2016

                                                    En el prólogo de una columna precedente “DIMES Y DIRETES SOBRE LAS MODIFICACIONES EN AL LEY DE SEMILLAS” https://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=7708 centraba los entretelones de la siempre anunciada y nunca tratada modificación a la Ley de Semillas entre 2005 y 2010; en la presente se compila un racconto semejante con lo parloteado desde 2011 a la fecha. En una próxima verteré mi opinión al respecto.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

@AldoBonaveri

@PregonAgro

2011 ENERO

Ante la falta de consenso para la modificación de la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y, como consecuencia del incremento que se producía en el uso de “Bolsa Blanca”, empresas semilleras crearon programas de incentivos, orientados a que los productores aportaran en concepto investigación en desarrollos genéticos.

Don Mario instrumentó “RecorDM”, un programa presentado como que: "apunta a recompensar a los productores que reconocen el valor intelectual de las semillas, y que en 2011 involucrará a todos los cultivos de la empresa", tal lo expresado Federico Rizzo, responsable de Marketing de la empresa.

A su vez, Nidera a mediante de su gerente de Marketing, Beatriz Juliá, anunciaba que la empresa estaría presente en Expoagro junto a todas las firmas que acompañen esta iniciativa,: "mostrando los importantes beneficios que otorgan e impactan directamente en la rentabilidad del negocio del productor agropecuario y todas las novedades que el programa sigue brindando"

2011 - MARZO

El presidente de la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria “ACTA”, en consonancia con declaraciones vertidas en Expoagro por empresas semilleras, vinculadas a los derechos de propiedad que amparan las innovaciones genéticas contenidas especialmente en las semillas de soja y trigo.

Dichas expresiones ratifican reclamos del sector, en torno a que la legislación nacional aleja a nuestro país de la disposición de tales innovaciones, advirtiendo que en cambio, estarán disponibles en Brasil, Paraguay y Uruguay y, desde luego, en EE.UU., previniendo que con el tiempo aventajarán en varios años a la Argentina, debido a su pérdida de competitividad. Ejemplificando que al año siguiente una nueva variedad de soja, estará disponible en Brasil y no, en nuestro país; agregando que ese material tendría rendimientos superiores entre un 7 y un 14 % respecto a los existentes.

En la ocasión objetaron que la UPOV versión 1978, acuerdo multilateral al que está adherido Argentina, contempla una norma conocida como el "derecho del agricultor", la cual le confiere a quienes hayan adquirido semillas abonando las regalías correspondientes, poder sembrar indefinidamente el fruto de su cosecha sin volver a pagarlas. Asimismo, indican que la cuestión se complica más por la venta de semilla modificada de un agricultor a otro, en cuyo caso no se paga regalía ni impuesto alguno.

2011 – ABRIL

Federación Agraria Argentina reclamó por lo que entienden una nueva ofensiva al margen de la ley de semillas. En consecuencia solicitaron urgente intervención del Ministerio de Agricultura de la Nación y del INASE, con el propósito que declare ilegal el convenio que está impulsando Monsanto, que interpretan, afecta seriamente los derechos de los agricultores y desconoce el sistema legal argentino. Asimismo, instó a todos los agricultores del país “a no firmar bajo ningún tipo de concepto el convenio citado, amparándose en la Ley de Semillas Nº 20.247”.

En un comunicado sostienen: “Como si no bastaran los intentos de la compañía Monsanto de modificar la ley de semillas nacional, de presionar a funcionarios, entidades y productores para firmar innumerables acuerdos privados contrarios al marco legal argentino, de presionar a los pequeños y medianos criaderos nacionales con retirar las licencias tecnológicas, de embargar y detener las importaciones de soja y derivados de la argentina en tribunales europeos, ahora promueve mediante la firma de un convenio un acuerdo de uso de Soja BTRR2, que todavía no está comercializando”. Agregando: “Para este objetivo dividieron al país en dos zonas: Norte y Sur, pretendiendo lograr acuerdos con los productores en el 80% del área Sur de soja Argentina para agosto 2011 y en el 80% del área de soja del Norte Argentina para junio 2011”.

Argumentando que el citado convenio: “Avanza sobre el dominio público y la ley nacional. Para el uso de una variedad de semillas por parte del agricultor, no se necesita firmar ningún convenio o contrato. Aprobada la semilla por los organismos técnicos correspondientes y autorizados la comercialización por el Inase, el productor al comprar la semilla fiscalizada y legal en la bolsa accede sin más trámite y requisito a esta tecnología. Cualquier otra pretensión, condición o limitación al acceso a la tecnología va en contrario de la Ley de semillas Nº 20.247, decreto reglamentario Nº 2.183/91 y Convenio UPOV 1978, y confirma presunciones que estas empresas limitan el acceso a las tecnologías de los pequeños y medianos productores”.

En otro párrafo puntualizan: “Estamos absolutamente en contra de la derogación del uso propio gratuito de semillas. No creemos que se puedan aceptarse limitaciones cuantitativas al derecho del agricultor, con ningún justificativo. El uso propio gratuito de semillas no es ni más ni menos que un reconocimiento milenario a los agricultores de ayer y del presente, por el aporte al desarrollo tecnológico (germoplasma) que estos últimos han realizado. Eliminar este derecho nos parece a todas luces injusto y sin motivo alguno que lo autorice”.

Concluyendo: “Queremos promover una biotecnología desde una perspectiva más democrática, plural, con diseños y acuerdos institucionales que permitan participar y beneficiar a todos los actores involucrados en la innovación tecnológica, sin exclusión de nadie, teniendo como horizonte el desarrollo equitativo nacional”

2011 - DICIEMBRE

En el transcurso la jornada Beneficios para la introducción de nuevas tecnologías en soja organizada por el ministerio de Agricultura y ASA, el secretario de Agricultura de la Nacional, Lorenzo Basso, aseguró que existe la intención de presentar un proyecto de ley para sancionar una nueva Ley de Semillas en el próximo periodo legislativo.

En ese marco el titular de ASA, Oscar Domingo, al respecto expresó: "esperamos que en el próximo periodo legislativo se de tratamiento a la modificación del Capitulo V de la Ley de Semillas que aprobó la Comisión Nacional de Semillas". Advirtiendo que: “en Argentina, la liberalización comercial de los nuevos eventos transgénicos en soja se encuentra frenada, ya que desde 1996, y a pesar que esta gestión aprobó 2 nuevos eventos transgénicos en soja, no hay nuevas sojas en nuestro país". Precisando "Esto no va a ocurrir hasta que se resuelva el reconocimiento en la Propiedad Intelectual para los eventos transgénicos, que es un tema que debe resolver toda la cadena en su conjunto, entendiendo que estas tecnologías no se rigen por la Ley de Semillas sino por la Ley de Patentes".

2012 – MARZO

La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores “CASEM” hizo pública “su posición de apoyo al anteproyecto de modificación de la ley de Semillas que oportunamente fuera presentado por el INASE”.

El anuncio causó algún malestar en FAA, entidad con la que está estrechamente vinculada, al respecto desde la Cámara aclararon: “Si bien CASEM en los últimos años, ha hecho públicas sus coincidencias con Federación Agraria Argentina en relación a muchos aspectos de la Ley de Semillas que podrían ser susceptibles de modificación, también es cierto que nuestra institución ha presentado en reiteradas publicaciones propuestas en las que ha disentido, tanto con la posición de la FAA como con la de otras instituciones representativas del mercado de semillas”. Agregando:

“Esta Cámara tiene tomada una firme posición sobre el anteproyecto de modificación de semillas elaborado por el INASE y la misma es conocida por miembros la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, autoridades del Ministerio de Agricultura y del INASE, y no nos apartaremos de las mismas”.

2012 – AGOSTO

En ocasión del lanzamiento de la nueva tecnología para soja RR2 PRO, de Monsanto, el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, predijo que esperan elevar antes de fin de año al Congreso un proyecto oficial para una nueva ley de Semillas; sosteniendo que “el núcleo de la iniciativa apuntará a respetar la propiedad intelectual”.

El funcionario destacó que ya se realizaron cuatro talleres con participación de entidades representativas de los productores, como SRA, CRA, CONINAGRO y FAA: “Buscaremos avanzar en los próximos 40 días para su tratamiento legislativo durante este año. La idea es también definir cuáles son los costos y el monto de las inversiones para definir los mecanismos de pago. El Gobierno va a resguardar a los pequeños y medianos productores que son los que quedan más desamparados”.

2012 - SEPTIEMBRE

FAA resuelve retirarse de la mesa de discusión del proyecto de modificación de la Ley de Semillas, por interpretar que el gobierno no abre el debate sino que sigue la letra de los intereses de las multinacionales.

Al explicar la determinación, su presidente, Eduardo Buzzi consigno: “Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir con la actual ley de semillas y no hacer como ahora que quiere cambiar la norma a pedir del interés de los grandes grupos semilleros multinacionales”. Objetando: “se busca cobrarle al productor por las regalías cuando el obtentor tendría que cobrarle al multiplicador, como dice la actual ley”, añadiendo: “que también le quita directamente el derecho de uso propio de la semilla al productor”.

Luego agrega: “El discurso nacional y popular del gobierno no coincide con las medidas a favor de las multinacionales semilleros, que quieren concentrar todo el negocio, al igual que lo que ocurre en el comercio de grano donde las regulaciones son para beneficios de los grandes traders”.

En tanto las otras entidades ruralistas continuaban asistiendo a las reuniones con representantes de la industria semillera para avanzar en una propuesta consensuada, el límite al uso propio generó la polémica. Al respecto CARBAP en un comunicado advirtió: "El productor deberá pagar todos los años por sembrar". Especificando su secretario Matías de Velazco: "El uso propio queda eliminado. Los únicos que lo mantienen son quienes estén inscriptos en el RENAF y el INASE determine".

Finalizando su gestión como presidente de la SRA Hugo Luis Biolcati, dijo que: “el uso propio gratuito, amparado por la legislación vigente, puede ser reglamentado y limitado para remunerar más equitativamente los avances tecnológicos, pero no puede ser erradicado sin crear serios trastornos en la producción. Por ello, la SRA apoya el anteproyecto en análisis, pero sostiene la necesidad de preservar el uso gratuito aún con limitaciones, y que el canon que se pague abarque al germoplasma así como a los eventos que contengan las semillas".

Para el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa “AAPRESID”, César Belloso, la entidad siempre estuvo en favor de reconocer la propiedad intelectual y el trabajo que hace el obtentor:. "Por lo tanto, nos parece razonable lo que plantea la Ley de Semillas". Reconoce asimismo Belloso que, si bien tiene que haber alguna excepción:, "que sea para aquel agricultor que esté en una condición realmente precaria y que no pueda afrontar el pago que el obtentor pone en la generación de un avance genético".

Ricardo Negri, líder de Investigación y Desarrollo de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola ”AACREA” expresó dijo que la posición del movimiento es reconocer que la mejora genética y la biotecnología aplicadas a las semillas tienen un valor: "que deberá ser retribuido, pero que las herramientas de reconocimiento de valor contemplen los intereses de todos los actores de la cadena".

2012 – SEPTIEMBRE

Ante lo que parecía un inminente envío del proyecto al Congreso, el ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Campos, abordó el tema en una columna publicada en La Nación, de la que se reproducen los párrafos más salientes:

“Es importante entender que la transgénesis, no es más que la incorporación de genes con un método diferente al mejoramiento genético tradicional, ya sea mediante selección masal para autógamas o la hibridación para alógamas. Todo agregado de valor mediante la incorporación de genes debe ser reconocido mediante algún tipo de remuneración (regalía) tan sólo con el registro de la nueva variedad, híbrido o evento, más allá de su patentabilidad.”

“Intentar legislar para obtener beneficios diferenciales en los transgénicos significa desmerecer a las empresas y organismos nacionales que tanto han hecho e invertido por el trigo y la soja en nuestro país. Es importante recordar que cuando se liberó la soja RR en 1996, en la Argentina ya existían más de 200 variedades de soja, suficientemente testeadas y establecidas en las diferentes regiones, que sirvieron de sustento (base genética) para incorporar esta nueva tecnología.”

“Fui y soy un ferviente defensor del uso propio, pero estoy de acuerdo en que hace falta explicarlo, reglamentarlo y regularlo para que a través de su uso adecuado signifique una contribución al bien común. El uso propio es el derecho que tiene el productor de usar parte de los granos producidos como semilla para la campaña siguiente en igual superficie a la realizada con la compra inicial de la semilla fiscalizada. Así, cualquier aumento en el área sembrada con grano (transformada en semilla) representa indefectiblemente multiplicación ilegal de semilla. En esos casos donde se incremente el área sembrada con granos (como semilla), a mi criterio, es cuando debe incorporarse en la nueva ley el concepto de regalía extendida, ampliamente complementario al concepto de uso propio. Para su control el INASE debería tener poder de policía intra-predial.”

2012 - OCTUBRE

En Camilo Aldao, Córdoba, se celebra el encuentro “Ciencia y Tecnología en el proyecto nacional y popular”, con la participación de unos 800 militantes de la Corriente Agraria Nacional y Popular “CANPO” de pública y manifiesta orientación kirchnerista, como así también exponentes del Movimiento Evita, Descamisados, La Kolina y el Frente Transversal. La jornada tuvo como panelistas a Aldo Casella (Prof. Derecho Agrario de la Universidad del Nordeste), Alberto Chiavarino y Jorge Sutil (integrantes de la Mesa Nacional de CANPO), Ricardo Moriena, referente de la agrupación en Córdoba, contando en el cierre con el presidente del bloque de diputados nacionales de FpV Agustín Rossi.

Como conclusión, el plenario coincidió en la redacción de un documento que fija como objetivo: “Avanzar en la conquista de la independencia tecnológica”. El instrumento contiene un tono crítico al proyecto de modificación que se está consensuando entre obtentores, multiplicadores, usuarios, distribuidores comercializadores y el Estado, para su posterior envío al Congreso.

Dicho manifiesto, si bien no lo expresa taxativamente, se aproxima más a la posición intransigente de FAA sobre la modificación, abre una brecha importante dentro del oficialismo, coincidiendo con el pensamiento opuesto de Emilio Pérsico, entonces subsecretario de Agricultura Familiar. Desde entonces, el tan mentado proyecto comienza a perder fuerza.

2012 – OCTUBRE

Víctor Trucco, presidente honorario de AAPRESID, se expresa en una columna publicada en Clarin. De allí se extractan estas consideraciones:

“Eso significaría condenar la agricultura al estancamiento, a lo que fue. ¿A quién le va a interesar invertir en un negocio que no tiene futuro? Sería detener el crecimiento de la producción agrícola. ¿Qué interés puede tener un criadero en invertir en investigación y desarrollo y competir con otras empresas para mejorar la productividad de las semillas si no se puede capturar el valor del producto?”

“La semilla es lo que nos permitirá facturar cada día más por hectárea y de eso todos nos beneficiamos. Pero tenemos que entender que somos parte de un proceso productivo, y respetar el negocio de otras partes. No importa cuán rentable sea ese otro negocio, siempre tendremos la libertad de elegir la semilla. Tenemos que pensar que si la actividad de mi proveedor es buena, mejor: eso me asegura tener proveedores y competencia entre ellos.”

“La forma de progresar es teniendo industrias semilleras competitivas, con capacidad para invertir en investigación y desarrollo. Los agricultores siempre tendremos la libertad de elegir.”

2012 - OCTUBRE

El presidente de ASA, Alfredo Paseyro, manifestó "un nuevo marco legal en semillas es imprescindible para hacer frente a la nueva demanda global de alimentos, que está exigiendo más producción y mayor calidad, garantizando sustentabilidad y trazabilidad en toda la cadena productiva, desde la investigación hasta la góndola, como requieren los mercados más exigentes".

"El proyecto de ley contribuye directamente a fortalecer la soberanía alimentaria, ya que propicia un reconocimiento de la propiedad intelectual de todos los desarrollos científicos de la industria nacional".

En esa línea ASA consideró que "la iniciativa es una gran democratizadora del uso y sustentabilidad del germoplasma, base tecnológica clave en este proceso de crecimiento agrícola, ya que garantiza el acceso inmediato de todos los productores a las nuevas tecnologías".

Por su parte, el presidente Buck Semillas, Eduardo Costa, entiende que “Si la Ley de Semillas llega al Congreso y se aprueba va a ser un gran adelanto para todos: productores, criaderos de semillas y, en definitiva, el país”. El empresario agregó: “nosotros no estamos de acuerdo con el uso propio gratuito que piden los productores, porque si estamos sacando variedades nuevas y vendo un año, y después no vuelvo a vender porque ya está la semilla en la calle, y a su vez no cobro absolutamente nada por la propiedad de germoplasma, es imposible seguir adelante”.

Para Costa, “los productores se han puesto de acuerdo. Esto se viene discutiendo hace un tiempo, con reuniones permanentemente, y donde han consensuado proyectos de CONASE la mayoría de las entidades de campo. No todas porque algunas han quedado afuera y no han querido intervenir”, corrige luego y agrega que "viendo la cosa desde el otro lado uno puede decir que había una Ley que favorecía absolutamente al productor pero desfavorecía a los criaderos de semillas, sobre todo los que hacemos germoplasma. Nadie quiere dejar de lado las prerrogativas que tenía, y todo lo que pasa en el país es lo mismo. O sea, todo lo que está de un lado no acepta lo que está en el otro, y creo que siempre hay que ponerse en el término medio. Y en este caso creo que se ha consensuado entre la mayoría de las empresas y las entidades agropecuarias, y cada uno ha cedido una parte hasta llegar a una cosa que es razonable".

2012 – NOVIEMBRE

El diputado nacional Juan Casañas de la UCR, presentó una propuesta de ley de semillas orientada a proteger los avances biotecnológicos y el mejoramiento tradicional y regular el uso propio sin afectar los derechos de los pequeños productores. El legislador tucumano fundamentó:

“Además, estamos proponiendo un concepto de uso propio que permite a los productores eximirse de pagar derechos al obtentor por las primeras 300 hectáreas de soja o trigo en los primeros cuatro años desde la compra de la semilla. Por arriba de las 300 hectáreas y a partir del quinto año de la compra deben pagarse los derechos. Creemos que este esquema representa un equilibrio adecuado entre los derechos de los productores y la protección de la investigación y la propiedad intelectual”. “Necesitamos generar un marco adecuado para que las empresas argentinas que desarrollan genética sigan creciendo y para que las empresas multinacionales nos traigan los últimos adelantos, de manera que la producción argentina siga avanzando”.

2012 – DICIEMBRE

La Asociación Argentina de Protección de Obtenciones Vegetales, “ARPOV”, entidad conformada por semilleros nacionales e internacionales, puso en marcha un sistema de regalías extendidas que dará cobertura a la primera cebada forrajera obtenida en el país. En conferencia de prensa el director general de Sursem, Ing. Ricardo Reddy, destacó que gracias al Sistema de Regalía Extendida de ARPOV, su empresa encontró el marco de reconocimiento adecuado para lanzar la primera variedad de cebada forrajera desarrollada especialmente para la Argentina por el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, “INIA”, de Uruguay, bajo el nombre Cebada Dorada 232.

Roberto Enriquez, gerente de ARPOV, acotó: "Esta es una importante noticia para la Argentina y para los productores ya que permitirá que el productor tenga cada vez una mayor oportunidad de opciones que se adapten a su sistema productivo". Destacó también que "tanto los productores como las empresas confían cada vez más en ARPOV" .

En el mismo acto, el Director del Programa de Mejoramiento de Cebada del INIA, Ing. Juan Díaz Lago, explicó que: “desarrollar una nueva variedad toma unos 10 años y exige una inversión promedio de 1 millón de dólares por variedad; por esto es absolutamente imprescindible contar con un sistema que garantice el reconocimiento de la propiedad intelectual".

2012 – DICIEMBRE

El Diputado Nacional Omar Barchetta presentó un nuevo proyecto de ley de semillas fruto de años de trabajo dentro de Federación Agraria Argentina, y cuyos lineamientos principales han sido ratificados por el 100° Congreso Ordinario de la FAA.

“Se debe legislar en forma conjunta al germoplasma y a los eventos tecnológicos que contemplen las semillas, a los efectos de evitar que la tecnología se legisle a través de la ley de patentes, cosa que las empresas multinacionales desean, para luego tener derechos sobre los procesos productivos e industriales posteriores a la semillas, como ser harina, aceites, carnes”

Barchetta agregó “el proyecto establece que el agricultor podrá reservar y usar libremente en su propia explotación, y sin límite de volumen, cualquier variedad vegetal inscripta, solo cuando dicha reserva y uso provenga de la multiplicación de semilla legalmente adquirida y esté destinada por el agricultor a ser sembrada exclusivamente en su propia explotación y para su propio uso”.

2012 – DICIEMBRE

El secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, manifiesta que: la Ley de Semillas de debatirá en el Congreso de la Nación el año próximo. Dijo que "hay que tener en cuenta todo el espectro de productores que va a ser exceptuado, que es más del 65 por ciento del total".

Por su parte, el subsecretario de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Emilio Pérsico, ante la requisitoria periodística contradijo a Basso: "no está en el temario del Gobierno una ley de semillas. No hay ninguna ley de semillas en tratamiento".

2013 – FEBRERO

Rafael Cavanagh, gerente de soja de Monsanto, explicó ¿Cómo va a funcionar el pago de regalías por la nueva soja RR2 + Bt?

1. Para comprar Intacta (tal el nombre de esta nueva tecnología), el productor tiene que haber firmado previamente una licencia de uso, que va a decir que se compromete a reconocerle a Monsanto un canon tecnológico y pagar por él. Esto será independiente de a qué empresa le compre la semilla. La licencia es de por vida y no implica compromiso de compra.

2. Monsanto tendrá una base de datos con los productores que firmaron esas licencias, a la que aportarán Nidera y DonMario con sus clientes que decidan utilizar la tecnología.

3. El canon tecnológico se va a pagar por separado de la semilla, porque el gen es de Monsanto, que dará la licencia de uso, mientras que el germoplasma es de cada semillero. Todavía está por definirse cómo se hará operativamente el pago del canon tecnológico.

4. Este año, el valor del canon se definirá entre julio y agosto. Será un valor por tonelada, pero en Monsanto no largan prenda sobre cuánto será. Cavanagh sólo dice que lo que pretenden “es que la tecnología y el sistema se adopten rápidamente, por lo cual buscaremos que el precio permita su uso masivo”.

5. Habrá una lista con el valor que el canon tecnológico tendrá durante toda la campaña, y se podrá pagar en cualquier momento. Por supuesto, será más barato cuanto más temprano se abone.

6. Cuando se entregue soja Intacta al acopio zonal o al exportador, se deberá avisar que se trata de grano que contiene esa tecnología. El receptor chequeará en el sistema si el productor que envía esos camiones pagó antes el canon tecnológico o no. Y, si no lo hizo, deberá pagarlo en esa instancia.

7. A partir de la campaña 2014/2015, la mayor parte de los acopios y exportadores de la Argentina analizarán los camiones de soja cuyos dueños no declaren que contienen soja Intacta, para determinar si efectivamente tienen esa tecnología o no. Si no la tienen, y se trata solo de la soja RR, no pagarán nada.

8. Ya hay acuerdos con más de 500 acopios y con el 80% de los exportadores para hacer estos controles, dijo Cavanagh. “Este año puede haber pruebas pilotos, pero no va a hacer falta usar el sistema a full, porque muy probablemente se salga con esquema de promoción muy fuerte buscando que la gente conozca la tecnología”, explicó.

9. Si alguien guarda semilla para el año siguiente, tiene que volver a comprar el canon de Intacta por las toneladas que corresponda. Con los semilleros, por el germoplasma, regirá el actual sistema de regalía extendida.

2013 - FEBRERO

El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, “CARBAP”, Matías de Velazco, manifestó al Diario Hoy, de La Plata: “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por separado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”.

En tanto el ex diputado nacional y dirigente federado Ulises Forte, expresó: “Hay dos cosas que se regulan, la tecnología y la genética, que hay que pagarla en la semilla y no en el grano”, considerando además: “hay presión de Monsanto, porque al otro día de que la Presidenta se sacó la foto con la gente de esa multinacional apareció el proyecto de ley, eso lo dice todo”.

2013 – JUNIO

El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, en conferencia de prensa sostuvo que la cartera agropecuaria está dando las puntadas finales para enviar un proyecto de ley de semillas al Congreso cuando terminen las elecciones legislativas. En la ocasión el funcionario señaló que salvo la Federación Agraria, la iniciativa contaba con el respaldo de todo el sector semillero incluidos los demás integrantes de la Mesa de Enlace.

También Yauhar precisó: “le vamos a agregar un Capítulo, a los efectos de satisfacer las necesidades de los pequeños productores para que tengan acceso a la semilla de nuevas generaciones sin costo alguno, a través de un banco genético del Inta.” “Queremos una ley de semillas que dure otros cuarenta años”

2013 – DICIEMBRE

El nuevo ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela asistió a un cóctel organizado por ACTA. En la ocasión, el presidente de la entidad anfitriona, Oscar Domingo, inquirió: “no puede ser que siendo lo que somos no haya todavía una Ley de Semillas ni una Ley de Fitosanitarios; hace falta solucionar estos problemas para avanzar”. En respuesta Casamiquela manifestó su coincidencia con los pedidos de las Cámaras. Señalando “hace falta establecer los lineamientos para posicionar a la Argentina como gran proveedor de alimentos del mundo”. El ministro se mostró interesado en sancionar la modificación a la Ley en 2014, restringiendo la figura del uso propio.

2014 – ENERO

Directivos de CASEM se reunieron con el Secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado, planteando la necesidad de regularizar la cadena de la semilla en toda su magnitud y en avanzar en cambios más profundos en la futura nueva ley de semillas, por eso se planteó “declarar la simiente bien estratégico nacional”.

Igualmente, los directivos propusieron que un cobro de valor tecnológico único y que sea sobre la bolsa de semilla para que permita el desarrollo armónico de toda la cadena. Además se manifestaron que es prioritario definir todos los actores de la misma, recomponer con una representación más amplia la composición de la CONASE, declarar el libre acceso a la multiplicación por parte de los semilleros multiplicadores y dar un fuerte impulso a la fiscalización de la semilla.

2014 – MARZO

CASEM organizó en Rosario el seminario "Patentes, contratos entre privados y propiedad intelectual: elementos centrales para una política pública". En dicho evento, el secretario de Agricultura de Santa Fe, Luis Contigiani, reclamó soluciones consensuadas a nivel general. Sostuvo que

“Argentina tiene que ser competitiva y para eso necesitamos la biotecnología. Eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es los modelos de pensamiento que dominan el hecho científico. Y ahí es donde yo estoy francamente en una postura crítica con respecto al paragdigma que está dominando en occidente al hecho biológico, al hecho a la biotecnología a través de sus grandes multinacionales. Es el bautizado paradigma anglosajón: patentes, control de las semillas, regalías, control de la post cosecha, control en la comercialización. En definitiva, el hecho científico dominando por grandes multinacionales. Desde Santa Fe, humildemente, queremos que se tenga en cuenta otros tópicos como la variabilidad genética, la diversidad productiva, con marcos jurídicos de equilibrios, con un Estado que trate de promocionar el desarrollo de germoplasmas porque ahí se juega también la soberanía nacional y que podamos seguir dialogando con las grandes multinacionales pero desde una posición más de fuerza, como hace Brasil, que negocia, dialoga, y busca el camino”.

A su turno el presidente de Casem, Raúl Pagnoni señaló que es prioritario regularizar la cadena de la semilla y elevar el uso de la semilla legal a no menos del 90% de las bolsas que se utilizan en cada campaña. Puntualmente, por el lado de los semilleros criadores propuso que “se les debe asegurar el cobro de una regalía única e integral en la bolsa y que se les asegure el libre acceso a los eventos biotecnológicos que se inscriban, en la medida que cumplan con los requisitos legales vigentes”.

En referencia a las empresas biotecnológicas aseveró: “deben respetar disposiciones nacionales en la materia” y pidió una metodología clara por parte de las empresas que obtengan patentes en la Argentina por invenciones biotecnológicas, que permita que el cobro de regalías a los criaderos que utilicen dichos adelantos tecnológicos sea justa, equitativa y razonable”. “Las regalías deben comenzar y terminar en la semilla, y debe ser única”.

2014 – SEPTIEMBRE

Monsanto es denunciado en la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia por: FAA; CASEM, Federación de Cooperativas Federadas “FECOFE”, Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos ”CAFER”, Federación Argentina de Ingeniería Agronómica “FADIA” y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada “FACAL”, alegando prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.

Las fundamentaciones apuntan a los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que a entender de las denunciantes, condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.

A criterio de los firmantes, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.

Específicamente, interpretan que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.

Sostienen que la comercialización de la producción, se limita exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y, obligándose al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.

Cuestionan que: “El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.

Sobre el particular, Esteban Motta, de FECOFE, interpreta que: “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”

Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de CASEM, apuntó: “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.

A su vez desde Monsanto, se aseveró “que la denuncia quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”. Agregando que: “la empresa explicó que dispuso una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor, que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.”

Monsanto, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.

2014 – MAYO

Desde la industria semillera manifiestan que aún no conocen el proyecto de Ley de Semillas que el Gobierno enviará al Congreso. Miguel Rapela de ASA señala: "Esperamos poder ver el proyecto antes de que sea promulgado, para poder analizar los pros y las contras que pueda llegar a tener"

Recordó que el anterior proyecto, que finalmente no llegó a ser tratada en el Congreso, “ASA participó en la redacción junto a otras 23 entidades públicas y privadas", entre las que alcanzaron un acuerdo común. "Hoy en día las cosas se manejan de otra forma, que no está ni mal ni bien"

"Consideramos que éste es el momento pertinente para que la Ley finalmente sea conversada y aprobada, ya que este 2014 no tiene elecciones de por medio, y dudo que el año que viene estos temas se puedan llegar a debatir. Sino es este año, será en el 2016", finalizó el directivo de ASA.

2014 - SEPTIEMBRE

La Federación de Centros de Acopiadores de Cereales comunicó a sus socios: “el total rechazo a la pretensión que habrían manifestado algunas firmas exportadoras de incorporar, en forma unilateral y arbitraria, una cláusula en los contratos de compraventa por la cual el vendedor acepta que el comprador descuente y retenga el importe de regalías que pudiera corresponder por la presencia de tecnología patentada por terceros”.

El comunicado, firmado por el presidente de la entidad, Fernando Adolfo Rivara, recomienda “no aceptar modificación o cláusula alguna” previniendo que: “en caso de prosperar la metodología que se pretende imponer a los acopiadores, esta Federación impulsará las acciones y denuncias que correspondieren”.

En los fundamentos del comunicado se puntualiza: “constituiría una peligrosa y aberrante práctica de utilizar las transacciones de granos y sus documentos como mecanismo para compensar deudas que pudieran existir con terceros. Esta circunstancia quebrantaría las reglas, usos y costumbres en el comercio de granos, introduciendo incertidumbre económica e inseguridad jurídica para las transacciones entre las partes”. Asimismo sostiene que la incorporación de dicha cláusula “significaría desconocer las instituciones del comercio de granos, donde se discuten y analizan las condiciones generales aplicables a las operaciones de granos”.

En otro párrafo añade: “Así como la Federación no acepta que las firmas acopiadoras se conviertan en agentes de recaudación de las compañías dueñas de la tecnología para realizar, por su cuenta, el cobro de las regalías a sus productores clientes, tampoco acepta que los compradores de las empresas acopiadoras puedan descontarles y retenerles las supuestas regalías”. Concluyendo: “Las firmas dueñas de los eventos tienen el derecho de cobrar por los avances tecnológicos y son lo suficientemente importantes y eficientes como para desarrollar sus mecanismos de cobranza sin entorpecer las transacciones y relaciones comerciales entre las partes”.

2014 – SEPTIEMBRE

En declaraciones a la prensa Jorge Capitanich, manifestó: “ningún representante de las entidades de la Mesa de Enlace se queja respecto del abuso de posición dominante de las empresas proveedoras de agroquímicos”. Desde FAA le respondieron: “El Jefe de Gabinete se olvida que la FAA tiene presentada una denuncia contra Monsanto ante la Comisión de Defensa de la Competencia, junto a cooperativas y semilleros. El funcionario debería decir, además, que si nuestra entidad no hubiera defendido con firmeza en la última década el derecho de los agricultores al uso propio, hoy miles de chacareros habrían perdido sus derechos”.

La conducción de FAA replicó: “Capitanich embarulla y miente mientras el gobierno prepara una nueva ley de semillas que apunta a regalar a las multinacionales los derechos de los agricultores y de los investigadores argentinos”.

En la misma línea, desde FAA se condenó “el llamativo silencio del INASE, frente a la imposición de contratos abusivos por parte de las multinacionales semilleras, mientras sectores del oficialismo preparan una nueva ley de semillas que apunta a regalar a las multinacionales los derechos de los agricultores y de los investigadores argentinos”.

2015 – FEBRERO

Consideraciones Propias:

Un dato realmente preocupante del negocio irregular de semillas es el descenso al 15% del total de la siembra de soja con semilla fiscalizada en la campaña 2014/15, lo que significa que se implantaron 20.000 de hectárea entre uso propio genuino y, comercialización ilegal.

La baja performance surge de abusos, competencia desleal retroalimentada por un círculo perverso que premia a evasores y desalienta a los cumplidores, piratería neta y ausencia del INASE en los controles. Además de los perjuicios que la modalidad ocasiona a obtentores, multiplicadores y comerciantes que respetan la ley, desampara a productores en materia de patógenos, enfermedades, pureza varietal y valor cultural de la semilla. Ante cualquier problema no “hay reclamo que valga”.

Si bien esta situación se magnifica en soja por el volumen de siembra de esta oleaginosa, proporcionalmente se repite en las demás autógamas: trigo, maní, forrajeras y hortalizas.

2015 – MARZO

En una de sus habituales pronunciamientos, ASA ratificando conceptos deja sentado que: “La semilla es un insumo estratégico, el primero de la cadena y el que más valor agregado le aporta a la cadena agroindustrial. La industria semillera es un clúster consolidado de empresas privadas e instituciones oficiales cuya misión es el desarrollo de nuevas variedades vegetales junto con la aplicación de la agrobiotecnología. Esta industria constituye la base para que Argentina disponga tanto de soberanía como de seguridad alimentaria. Argentina puede afianzarse como uno de los principales actores a nivel mundial y llegar a ser el principal semillero del mundo en un marco de adecuado desarrollo territorial, cuidando el medio ambiente y asegurando la sustentabilidad. Para ello es necesario contar con leyes y marcos regulatorios modernos y adecuados al desarrollo de la especialidad.”

2015 – ABRIL

Monsanto pone en funcionamiento un régimen totalmente privado para el cobro de regalías por su soja patentada Intacta RR2, para lo cual pergeñó un esquema asentado en acuerdos privados firmados con productores que quieren acceder a esa tecnología, acopiadores, exportadores y hasta cámaras arbitrales.

El avance de la multinacional, que contempla la realización de test genéticos a camiones cargados de soja, para el caso de detectarse el gen RR2, se cobrará el canon compulsivamente. Si bien las entidades ruralistas venían aconsejando a sus afiliados no rubricarlo, aproximadamente 800 productores lo conformaron.

Las organizaciones representativas de los productores ratificaron a coro, que se avienen a pagar la nueva tecnología solo al comprar las semillas. Ernesto Ambrosetti, jefe de Estudios Económicos de SRA afirmó: “Monsanto busca alterar el comercio al pretender que sean los acopios y exportadores quienes ejerzan el control cuando son actores que nada tienen que ver en la relación entre productores y proveedores de semillas”.

Por su parte desde Monsanto alegan: “Muchos productores clientes de Monsanto que pagan por la tecnología Intacta se sienten estafados si luego comprueban que hay otros que igualmente la utilizan sin pagarla”.

El secretario de Agricultura, el secretario Gabriel Delgado convocó las partes con intención de intentar un acercamiento, advirtiendo que el Estado podría decidir intervenir para terciar en el diferendo.

2015 - MAYO

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, se reunieron con representantes de la cadena productiva con el propósito de anunciarles, que el gobierno nacional emitirá un decreto: “que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio”, Aclarando que el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado, puntualizó que: “las inversiones y el desarrollo de la biotecnología y el germoplasma son fundamentales para nuestro país y el mundo. Es un camino de agregado de valor y generación de empleo que tiene que ser incentivado con reglas claras y el consenso de todos los actores”.

2015 – SEPTIEMBRE

El DNU anunciado por Aníbal Fernández y Carlos Casamiquela en mayo, en ningún momento fue firmado, remplazándoselo por un nuevo proyecto de ley, que a juzgar por las empresas semilleras llegaría fuera de tiempo.

2015 – OCTUBRE

La Federación de Acopiadores ratificó sus objeciones al sistema de percepción del canon por la soja Intacta que la empresa Monsanto quiere aplicar, fijando su posición en un comunicado que tituló: “Cuatro razones por las que el intento de Monsanto es ilegal”.

-Ley de Semillas Nº 20.247: “Esta ley, de 1973, no estipula ninguna previsión sobre tecnología. Es la normativa vigente, pero se encuentra totalmente desactualizada. Al respecto, la Federación de Acopiadores considera que ninguno de los 3 Poderes del Estado se está haciendo cargo del tema. El Ejecutivo porque prometió en mayo de este año que sacaría un DNU que nunca apareció. El Legislativo porque no avanza con el tratamiento de varios proyectos de ley que hace años están en el congreso nacional. Y el Judicial porque no aparece ningún juez que se declare competente para dictar una resolución sobre los dos amparos que la Federación presentó hace tres meses. De esta forma se mantiene un “status quo” que evidencia un abuso de posición dominante de los compradores finales de soja de todo el país que impide la libre competencia en el sector comercializador de la oleaginosa y produce una innegable afectación de sendos principios constitucionales que prevalecen en nuestra República, como la libertad de ejercer toda industria lícita y de comerciar sin valla u obstáculo de ninguna especie -como los introducidos por Monsanto Argentina S.A-.

-Viola el Art. 173 Inc. 2 y 7 del Código Penal: Monsanto pretende que los acopiadores y cooperativas retengan dinero a los productores a favor de un privado. En caso de acceder a realizar una recaudación de dinero forzada, los acopios serían pasibles de denuncias y querellas por retención indebida, tal como establecen estos artículos del Código Penal.

-Tergiversan la Ley de Patentes. El artículo 8, inciso b, de la ley de patentes T.O. 1996 establece: “… Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines, del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”. De este artículo se desprende claramente que la protección al inventor del procedimiento se extiende hasta la semilla, que es el producto obtenido directamente por el procedimiento. Pero nunca se puede argumentar que se extiende al grano que es el fruto de la planta que se obtiene con la semilla. Mucho menos cuando dicho grano se mezcla, con pérdida de identidad en el acopio y se comercializa con otras finalidades (consumo animal o humano) que nada tienen que ver con la siembra.

-Para el supuesto análisis de la semilla de soja recibida en el acopio y con el fin de detectar la tecnología Intacta, Monsanto obliga al uso de un reactivo que no se halla homologado por ninguna autoridad pública.

Carlos Rivara, Presidente de la Federación de Acopiadores de Cereales, declaró: “Hay evasión en el negocio de la semilla y esta gente (por Monsanto) no quiere iniciarle acciones al productor que no le pagó el evento a ellos. Entonces, ¿qué es lo que se le ha ocurrido a estos señores? Que cobremos nosotros, los acopiadores, que nos peleemos con nuestros clientes para que ellos puedan cobrar. Y el acopio no tiene nada que ver con la semilla, no vende ni compra semilla. Pero esta gente, constituyéndose en un Estado -porque sí, porque "yo lo ordeno"-, dice: ’ustedes le van a hacer un análisis a cada camión de cada productor y me van a preguntar a mí (a Monsanto) cuánta plata les tienen que pagar los chacareros".

2015 – DICIEMBRE

Representantes de la producción, corredores de granos, acopios, exportadores y empresas semilleras se reunieron para considerar una propuesta alternativa a la cláusula Monsanto, que contempla la implementación de un nuevo sistema denominado “Bolsatech”. El mismo sería administrado por un software específico desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que para el caso de detectarse la presencia del evento Intacta RR2 PRO en una partida de soja, emitirá un certificado para enviarlo a Monsanto, de manera que esa empresa pueda reclamar así el cobro de la regalía al productor y éste emprenda una defensa en caso de considerar inadecuado el reclamo.

Todos los integrantes de la cadena agropecuaria apoyaron la propuesta, excepto SRA y CRA que votaron en contra, haciendo la salvedad que: “consideran que el sistema implementado forzosamente por Monsanto vulnera los derechos contemplados en la normativa vigente (Ley de Semillas Nº 20.247”, mientras que FAA no participó de la convocatoria

2016 – ENERO

En conferencia prensa en el Ministerio de Agroindustria, el jefe de Gabinete de esa cartera, Guillermo Bernaudo, refiriéndose al diferendo de las entidades con Monsanto indicó el conflicto: "por ahora está en proceso de acuerdos entre privados". Agregando: "Cada paso que desde el Estado se dé tiene que ser muy prudente, porque tenemos que dar el paso para una solución definitiva. No tenemos que ir por caminos que compliquen o generen situaciones relativas que alteren la posibilidad de un acuerdo definitivo".

Relacionado con el tema, Bernaudo precisó que Agroindustria trabajará para fortalecer el INASE, el organismo descentralizado que se dedica a combatir la informalidad en el mercado de semillas. Recordando que hace diez años, dicho instituto no tiene constituido su directorio y, que ahora se avanzará en su conformación.

2016 – FEBRERO

En un comunicado suscripto por CRA, CONINAGRO, SRA y FFA se convoca a la industria semillera y a la comercialización de granos, a una mesa de diálogo ante la proximidad de la nueva cosecha. Fundamentando: “Pensamos que es necesaria la búsqueda de consensos para encontrar una solución definitiva al control del comercio y uso de tecnología incluida en las semillas, actualizando la Ley de Semillas y el funcionamiento de los organismos de control del Estado. Para comenzar a construir estos consensos es necesario eliminar la cláusula ‘Monsanto”.

Jorge Solmi, vicepresidente de la Federación Agraria y dirigente del Frente Renovador, adujo la necesidad de comenzar a trabajar para llegar a consensos de largo plazo a través de la modificación de la Ley de Semillas, una norma de principios de los años 70 que no contempla la biotecnología. “Sería importante adecuarla para incluir la regulación sobre las empresas que están en ese eslabón de la cadena, como Monsanto”

2016 - FEBRERO

Junto a AFA, FECOFE y CAFER, FAA al radicar una ampliación de la denuncia contra Monsanto, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por abuso de posición dominante. Se expresó a través de su presidente Omar príncipe: "Que una multinacional controle las cadenas productivas y de comercialización de nuestro país, que viole el derecho al uso propio de semillas y que pretenda recaudar una retención privada sobre el trabajo, el riesgo y la inversión de los agricultores, pone en jaque a la soberanía alimentaria y la biotecnología de todo el pueblo argentino". “Monsanto viene a patentar la vida de los alimentos de todos los argentinos”. Agregando: “los productores estamos dispuestos a pagar por la tecnología pero no en estas condiciones que quiere imponer la empresa con cláusulas de pago de cánones hasta 2028”.

Solicitando la intervención oficial en la disputa por el sistema de cobro de la soja Intacta, expresó: “Esto no es un problema entre privados, es un tema q debe resolver el Estado a favor de la cadena de comercialización” Y advirtió: “Si el Gobierno no toma medidas corre peligro la comercialización de soja”. Como conclusión espetó: “lo que dejó de ganar el Gobierno bajando las retenciones a la soja, lo quiere cobrar Monsanto”.

SRA también denunció a Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, alegando la conducta antijurídica y abusiva desplegada por la empresa en la implementación del sistema de comercialización de la semilla Intacta RR2 PRO.

En su redacción expresa que: bajo la máscara de un supuesto acuerdo voluntario con el productor, y a través de contratos de adhesión, con cláusulas abusivas y contrarias a la legislación de orden público vigente en la República Argentina, Monsanto obliga a los productores a renunciar a los derechos reconocidos en la Ley de Semillas 20.247, e intenta cobrar regalías por supuestos derechos de propiedad intelectual que la ley y las autoridades nacionales no le reconocen (tal como fue confirmado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, frente a una consulta de la SRA, en junio de 2015).

Complementa sosteniendo: “El sistema que instaura Monsanto, a través del abuso de una posición dominante en el mercado, altera toda la cadena de comercialización de la soja, vulnera derechos constitucionales, convierte en letra muerta la legislación nacional y logra modificar usos y costumbres del mercado de granos en nuestro país. Todo ello con la sola finalidad de lograr, mediante una vía de hecho, algo que no le ha sido reconocido ni por la ley ni los tribunales argentinos.”

Concluyendo: “la SRA procura poner un freno a la implementación de un sistema de comercialización totalmente abusivo e ilegal, el cual, de ser tolerado por las autoridades, generará una ingente transferencia de recursos en detrimento de los productores, con el consiguiente perjuicio para toda la economía.”

2016 – FEBRERO

El ex presidente de la Sociedad Rural de Pergamino y dirigente de CARBAP, en una columna difundida en este medio expresa en el epílogo: “Los productores argentinos acabamos de ser beneficiados con la quita de un 5% en los derechos de exportación de soja. Son unos 15 dólares por tonelada, exactamente lo mismo que quiere cobrar compulsivamente la empresa Monsanto. Y lo que es peor es que si en esta campaña arrancamos con cláusula Monsanto o Bolsatech en pocos años otras biotecnológicas nos estarán esperando en la primer entrega para cobrar una tecnología que seguramente los productores no hemos elegido, no necesitemos y que simplemente nos la habrán impuesto”.

2016 – MARZO

El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, en el marco de Expoagro, en referencia al conflicto que mantienen los productores con la biotecnológica Monsanto, por el cobro de regalías y cánones al grano de soja ya cosechado afirmó que “es el Estado el que va a controlar y fiscalizar las semillas en Argentina”

Con esta aseveración, Buryaile asevera que será el INASE el contralor y “no un privado”, al tiempo de anunciar que están trabajando en un nuevo proyecto de Ley de Semillas, que suplante a la establecida en 1973. Enfatizando que “Hace 14 años que se viene discutiendo una nueva ley y queremos que se contemple esto”.

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