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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoCRISTINA OBSTINADA EN OBSTACULIZAR LA GESTIÓN DE MACRI
02/dic/2015

Paradójica e inconcebible es la determinación de Cristina, tanto por la extemporaneidad, cuando a su mandato le resta una semana, por el aprovechamiento que realizaron con esos fondos y, por lo renuente que siempre se mostró en acatar pronunciamientos de la justicia.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

@AldoBonaveri

@PregonAgro

A sólo una semana del traspaso del Gobierno, Mauricio Macri y quienes lo acompañarán en su gestión no dejan de recibir malas noticias; en su retirada Cristina Fernández de Kirchner no escatima voluntad y energías en generar obstáculos, y condicionar cuanto de ella dependa, la administración de su sucesor.

Sabido era que el nuevo Gobierno se encontraría con una herencia muy pesada, en este mismo espacio lo he consignado reiteradamente, (como referencia pueden observar: PARA MUCHOS CIUDADANOS EL VOTO NO SERÁ PARA ELEGIR SINO PARA OPTAR y EL DISPENDIO PÚBLICO OPACA EL PRESENTE Y CONDICIONA EL FUTURO INMEDIATO ), no obstante desde las PASO y, aún después del balotaje, la presidente saliente está tomando decisiones insólitas, que sólo pueden interpretarse dentro de una lógica revanchista e improcedente.

Los recientes indicadores económicos publicados dan cuenta de errores recurrentes, los que lejos de subsanarse se han potenciado en los últimos tiempos, revelando el despilfarro que más pronto que tarde, de una manera u otra pagaremos los argentinos.

El 23 de noviembre el Indec difundió el informe de intercambio comercial argentino “ICA”, evidenciando que la balanza comercial tuvo el peor resultado de los últimos 15 años, señalando que en octubre el saldo de la misma arrojó u$s 254 millones, significando una caída interanual de 42,6%.

Por estos días nuestro país exhibe ya déficits gemelos. Registrando que el saldo comercial se derrumbó un 70% en el acumulado anual, comparándose con el mismo período del año pasado. De enero a octubre, el intercambio comercial de Argentina se comprimió un 13%. Dicho detrimento acontece como consecuencia de un repliegue del 15,5% en las exportaciones y una disminución del 9,6% de las importaciones.

El balance de las cuentas públicas acumula un déficit primario de $ 59.316 millones hasta septiembre, correspondiendo precisar que si se excluyen las rentas extraordinarias asciende a $ 140.000 millones, proyectándose en $ 250.000 millones para fin de año, análogo al 4,5% del PBI.

A los efectos de cotejar la realidad con las predicciones del ministro de Economía Axel Kicillof en el presupuesto 2015, cabe consignar que allí se preveía un superávit fiscal primario del 1,02% para el presente ejercicio.

El Tesoro durante los primeros nueve meses del año recibió auxilios de $ 99.177 millones, aportados por fondos del Banco Central, la Anses, el Pami y organismos descentralizados. Al respecto, es de señalar que mientras los ingresos están creciendo al 31,7%, los gastos rondan el 36,9%.

El último día de noviembre, el Gobierno mediante decreto de necesidad y urgencia “DNU” dispuso una ampliación presupuestaria de $ 133.272 millones para saldar gastos corrientes y de capital, por lo que el año cerrará con un déficit público de $ 215.089 millones, o más de 7 puntos porcentuales del PBI.

El incremento en los gastos fue de tal magnitud que más que supera el 135%, respecto el contemplado oficialmente hasta octubre, de $ 91.434 millones. Dichos recursos se destinarán a solventar subsidios de energía y transporte, pago de salarios, aguinaldos, jubilaciones y refuerzos de partidas para distintos programas de todos los ministerios.

Con este abrupto movimiento quedó sincerado un déficit fiscal récord y acrecentamiento de la deuda pública. Lo dispuesto constituye una traba importante para los inicios de la gestión de Macri, habida cuenta que alrededor de $ 11.000 millones (deuda colocada a organismos públicos), vence en marzo del venidero año.

El déficit público de $ 215.089 desautorizó los $ 138.731 millones estimados por el proyecto de Ley de Presupuesto 2016. De esta manera, lo concreto excede lo proyectado en un 55%, superando en un 339% el déficit de $ 49.000 millones, contemplado en la Ley de Presupuesto 2015.

Conforme a lo señalado por la Asociación Argentina de Presupuesto, el Gobierno de Cristina Fernández incrementó en $ 13.622 millones las partidas destinadas a pagar salarios y consignó $ 59.957 millones para cumplimentar jubilaciones y pensiones.

A través del Ministerio de Planificación, se dispusieron otros $ 5.300 millones a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico “Cammesa” para subvencionar la electricidad, por lo cual los subsidios destinados a la "Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica" ascienden así a los $ 91.490 millones en el año. Además, la cartera de Julio De Vido obtuvo otros $ 2000 millones para programas de vivienda.

Los refuerzos de partidas también se dispersaron en otros organismos. Para Aerolíneas Argentinas el nuevo auxilio fue $ 746 millones, con lo cual terminara el año con $ 5.541,5 millones en concepto de subsidios, o sea 70,8% más de lo contemplado en el Presupuesto 2015.

El Ministerio de Interior y Transporte recibió $ 3.630 millones adicionales para subsidiar al transporte automotor. Las empresas de colectivos recibirán una cifra cercana a $ 28.000 millones en todo el año. También la cartera de Florencio Randazzo absorbió La jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro obteniendo como refuerzo $ 10.726,6 millones.

La partida Asistencia Financiera a Sectores Económicos obtuvo $ 7.447,9 millones. Mayoritariamente para los programas Petróleo Plus y Refinación Plus, con los que el Estado subsidia la producción y refinación de crudo $ 7.325 millones. En tanto que se destinaron $ 123 millones adicionales para Fútbol para Todos, que concluirá el ejercicio con casi $ 1.900 millones erogados.

Corresponde mencionar que las erogaciones establecidas en el DNU 2358/15, la expansión del gasto deberá afrontarla el próximo gobierno, puesto que gran parte de la ampliación presupuestaria se financiará con deuda de $ 79.455 millones.

Los fondos públicos dilapidados arbitrariamente en la publicidad oficial son totalmente inusitados, la suma total significaran para las arcas del Estado casi $ 3.215 millones (Tal lo relevado por Fundación LED). Sobre el particular atañe expresar que inicialmente el Congreso de la Nación había votado una asignación de algo más de $ 1.203 millones, suma que fue abultándose en función de cuatro decisiones administrativas rubricadas por el jefe de Gabinete.

El discrecional manejo de la administración pública presenta a la designación de personal, en uno de los puntos más censurables de la administración K. El crecimiento de la plantilla de agentes fue una constante desde el 2003, con una marcada impronta por la incorporación de militantes. Este tópico ya fue desarrollado en anteriores editoriales, no obstante resulta insoslayable puntualizar que ya en el epílogo del mandato, más precisamente entre el 10 de agosto al 20 de noviembre se agregaron más 2.500 nuevas designaciones, tal como se puede corroborar en el Boletín Oficial.

COPARTICIPACIÓN A PROVINCIAS

Por fallo de la Corte Suprema de Justicia del 23 de noviembre el Gobierno nacional deberá girarle anualmente a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, alrededor de $ 7000 millones (de hoy) en concepto de coparticipación federal retenida.

La misma sentencia determina además, que el Estado Nacional deberá negociar la forma que le restituye a Santa Fe y San Luis lo retenido indebidamente desde 2006, aproximadamente unos $ 30.000 millones más los intereses correspondientes.

En el caso de Córdoba lo dispuesto es el envío de $ 4.900 anuales adicionales, habida cuenta que para ese distrito la CSJ ha dictado una medida cautelar. Aguardándose una sentencia definitiva en los próximos meses, si así ocurre favorablemente la provincia mediterránea será resarcida con el retroactivo correspondiente.

Cabe señalar que los fallos son inherentes a demandas ampliamente demoradas en la Corte, la que dos días antes del balotaje declara inconstitucional una ley que les descontaba a las provincias el 15% de la coparticipación para financiar la Anses, como así también, varios decretos por los que les retenía otro 1,9% en favor de la AFIP.

La justicia del fallo no amerita observación, por el contrario todos estos años el Gobierno central vino usufructuando recursos que históricamente correspondieron a las provincias, creando en ellas una dependencia crónica del Poder Ejecutivo Nacional, que con discrecionalidad manejo la situación.

Si en cambio resulta discutible la dilación del máximo tribunal en expedirse y, atendible la perturbación que la medida genera en el próximo Gobierno, por lo inoportuno que resulta en el inicio de una gestión ya complicada por el estado de las finanzas públicas y las urgencias a resolver. Al respecto, procedente es señalar que el fallo le concede a Macri un plazo de 120 días para determinar el monto de las deudas y renegociar con las provincias.

A los efectos de interpretar el origen del conflicto, oportuno es mencionar que la situación se genera en 1992, por un acuerdo celebrado por el otrora presidente Carlos Menem y los gobiernos provinciales. El convenio fue ratificado por la ley nacional 24.130 y prorrogado mediante diversos pactos. El 1° de enero de 2006 caducaron todos los acuerdos, las provincias ahora favorecidas se negaron en ratificarlos, más Néstor Kirchner lo extendió unilateralmente, mediante la ley 26.078, a la que luego no adhirieron las provincias.

La situación es “aprovechada” por la presidente Cristina Fernández para causar un tremendo problema adicional a Mauricio Macri. En la víspera vía DNU 2635/15 restituye a las provincias el 15% de los fondos coparticipables que financiaban a la ANSeS, adjudicándose la atribución de extender el fallo de la CSJ que obliga a la Nación a devolver fondos a Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Teniendo en cuenta las estimaciones oficiales citadas en el mencionado decreto, se trata de una suma de $ 98.000 millones anuales (al valor actual), aunque para consultores privados el desembolso significaría entre $ 75.000 y $ 80.000. El resultado final modifica los porcentuales de la coparticipación, actual vigente desde 2006 de 60% para la Nación y 40% para las provincias, pasaría a ser alrededor de 53% y 47% respectivamente. Reparto que sin duda es más equitativo, pero esto no es el tema de consideración.

Paradójica e inconcebible es la determinación de Cristina, tanto por la extemporaneidad, cuando a su mandato le resta una semana, por el aprovechamiento que realizaron con esos fondos y, por lo renuente que siempre se mostró en acatar pronunciamientos de la justicia, ahora en una inaudita cabriola se anticipa a lo que podría hipotéticamente suceder.

Cabe consignar que en el equipo económico de Mauricio Macri existe la intención de acordar una nueva ley de coparticipación, acordando una mejora en el reparto para las provincias, pero dada la complejidad que ello supone, requiere de arduas negociaciones que demandarán tiempo.


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