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Editoriales y Columnas
 
Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoPREOCUPACIÓN EN EL AGRO CORDOBÉS
25/oct/2014

El Estado (Nacional, provincial y municipal) se lleva a sus arcas casi 82 pesos, convirtiéndose de esa manera en el socio mayoritario al momento del reparto de ingresos, sin importar si los mismos provienen de ganancias o de recuperos de inversión.

Los impuestos, que son una clase de tributo u obligación pecuniaria que las personas y empresas deben pagar con el objeto de posibilitar la financiación del Estado, permiten al Gobierno Nacional disponer de fondos que debieran destinarse para hacer frente a la construcción de infraestructura, a la prestación de los servicios públicos de sanidad, educación, defensa y a sistemas de protección social, entre otros.

En ocasiones, en la base de la definición de un impuesto se encuentran otras causas, como la de disuadir la compra de determinado producto (por ejemplo, tabaco) o fomentar o desalentar determinadas actividades económicas, todo lo cual marca la importancia de los efectos que pueden desencadenar políticas impositivas distorsivas o tendenciosas.

El establecimiento de un impuesto supone siempre una disminución en la renta de quien invierte, lo que puede desencadenar variaciones en su conducta económica, con consecuencias que no siempre derivan en un resultado positivo sobre la renta nacional, ya que una carga tributaria elevada sobre una determinada actividad puede terminar por perjudicarla al punto de hacerla inviable. En este sentido, desde el año 2013, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalan que la presión tributaria total en Argentina es la más alta de América Latina, con el agravante de que una de las características centrales del sistema tributario argentino es el peso excesivo de los llamados impuestos distorsivos (Al cheque, retenciones a las exportaciones y tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos), los cuales en su conjunto y sumados a la aceleración de la inflación y a las distorsiones y restricciones cambiarias, continúan empujando hacia arriba a la ya altísima carga que los productores agropecuarios se ven obligados a soportar.

En ese sentido, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en su última publicación de la medición de la participación del Estado en la renta agrícola, correspondiente al mes de septiembre del corriente año 2014, advierte que alcanza un valor de 81,7%, lo cual significa que de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea en Argentina, el Estado (Nacional, provincial y municipal) se lleva a sus arcas casi 82 pesos, convirtiéndose de esa manera en el socio mayoritario al momento del reparto de ingresos, sin importar si los mismos provienen de ganancias o de recuperos de inversión.

Esta situación contribuye a agravar las consecuencias derivadas del descenso generalizado del precio internacional de los granos – los cuales han experimentado una disminución promedio del 30% en los últimos meses – y condiciona la viabilidad de producción de cultivos estratégicos como el maíz y el trigo en la mayor parte del territorio nacional, a la vez que promueve el incremento del monocultivo de soja, con el consecuente deterioro en la sustentabilidad de la matriz productiva agropecuaria de nuestro país. Mientras en Brasil la Administración Central dispuso el desembolso de U$S 230 millones para que los productores de maíz logren paliar los efectos de esta nueva realidad del mercado mundial de granos sin ver afectado su esquema de rotaciones (en una decisión que demuestra una visión estratégica y de largo plazo por parte del Gobierno), en nuestro país se continúa castigando a los productores con retenciones a las exportaciones, intervenciones en los mercados y permanentes trabas para exportar productos que sólo encuentran demanda y posibilidad de comercialización fronteras afuera y traen como consecuencia que un productor que decida cultivar maíz en la presente campaña deba disponer dinero adicional de su bolsillo para pagar impuestos y así afrontar la pérdida económica real que, aún con la obtención de rendimientos extraordinarios, le ocasionará su aventura productiva.

En un contexto de economía altamente inflacionaria como el que se está viviendo en nuestro país, en el que se pierde la capacidad de asombro frente al continuo aumento en el precio del costo de vida, pareciera avalarse la idea de que cualquier incremento impositivo se inscribe en el lógico proceso de aumento generalizado de precios y hasta se propicia la aceptación tácita de que la carga impositiva debiera acompañar el movimiento del índice inflacionario. Sin embargo y como consecuencia de ese escenario inflacionario, los sectores productivos vienen siendo sometidos a un continuo incremento en el costo de los insumos necesarios para la producción, que se explica en - muchos casos - por el aumento del componente impositivo de los mismos y que se ve claramente reflejado en la evolución en el tiempo del índice publicado por FADA, arriba mencionado, pero con el agravante de no poder trasladar esos aumentos a los productos ya que el precio de los mismos o bien no se fija puertas adentro de nuestro país sino en los mercados internacionales o los mercados internos se encuentran fuertemente intervenidos por el Gobierno Nacional, produciéndose en consecuencia un permanente deterioro en los márgenes económico-productivos que terminan condicionando la posibilidad de continuar con la actividad y generando caídas en los niveles de empleo y de demanda de mano de obra. La ecuación en la que los costos crecen y se ajustan en Dólares según el tipo de cambio marginal y los precios de los productos se encuentran intervenidos y sometidos al valor del Dólar Oficial afectado por la alícuota correspondiente a las retenciones a las exportaciones, determina que los productores agropecuarios deban abastecerse de insumos ajustados a un valor de la moneda estadounidense de $ 15,00 (Pesos: Quince) y colocar sus productos afectándolos con un Dólar de $ 5,45 (Pesos: Cinco con cuarenta y cinco centavos) generándose, en consecuencia, distorsiones letales para la producción.

Está claro que en un escenario de estas características poco puede hacer un gobierno provincial, más allá de lo meramente declamativo, para acercar soluciones que permitan corregir el rumbo macroeconómico que ocasiona tamañas distorsiones en las variables que intervienen en los diferentes procesos productivos pero, aún así, sus acciones y la toma de decisiones equivocadas que promuevan un incremento de costos por la vía de aumentos impositivos pueden contribuir a profundizar aún más la crisis imperante. Es por ello que los productores agropecuarios de la provincia de Córdoba no pueden dejar de expresar su preocupación en virtud de diversas versiones periodísticas, que si bien fueron oportunamente desmentidas por el propio Gobernador Provincial, hacen referencia a la supuesta intención de la administración cordobesa de propiciar un incremento en el valor del impuesto inmobiliario rural.

Los productores agropecuarios cordobeses confían en que el Gobernador Provincial valorará positivamente los pedidos y reclamos que los dirigentes de las Entidades Gremiales que los representan le han manifestado respecto a la imposibilidad de afrontar incrementos de la carga impositiva provincial, cada vez que han tenido oportunidad de conversar e intercambiar criterios de manera franca en el marco de un proceso de diálogo maduro que tanto el sector oficial como el productivo continúan abonando, convencidos de que ése es el camino adecuado para alcanzar el entendimiento y superar las adversidades.

Córdoba, 22 de octubre de 2014

José W. Manubens Calvet Marco A. Giraudo Agustín Pizzichini Ing. Mariano Andrade

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