SANDRA RUSSO: “[BOUDOU] TODAVÍA NO HA SIDO IMPUTADO DE NADA”

Por Manuel Tarricone

(@ManuelTarricone)

“Esta causa empezó hace más de dos años. Hace más de dos años que empezó y usted todavía no ha sido imputado de nada. Sin embargo, bajo la luz pública aparece una mancha a un apellido, a fuerza de tapas y tapas y tapas”, mencionó a Amado Boudou Sandra Russo, periodista y panelista del programa “678”, antes de preguntarle cómo el proceso penal afectaba a sus lazos familiares y cómo se explicaba la lentitud de la Justicia en el caso.

La frase de la periodista es falsa. Pese a que aún no ha sido procesado, el Vicepresidente fue imputado en el caso Ciccone por dos fiscales y en dos causas que luego fueron unificadas.

La causa que actualmente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, comenzó en 2012. Por un lado, el fiscal federal Carlos Rívolo comenzó en febrero de ese año a investigar a José María Núñez Carmona (socio de Boudou) en una causa que también mencionaba al Vicepresidente por “negociaciones incompatibles con la función pública”, luego de denuncias periodísticas que lo involucraban en la compraventa de la imprenta Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone. Esa investigación fue derivada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

En abril de ese año, Rafecas, por pedido de Rívolo, ordenó allanar un departamento de Boudou ubicado en Puerto Madero. La defensa del Vicepresidente planteó la recusación del juez por supuesta “pérdida de imparcialidad” y por haber mantenido diálogos con Ignacio Danuzzo Iturraspe, abogado que intervino en la causa. Tras el rechazo de Rafecas, la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a la recusación planteada por la defensa y el juez fue apartado del caso.

A fines de abril de 2012, la causa recayó en el juzgado de Lijo. Pocos días después, el fiscal federal Jorge Di Lello imputó a Boudou por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta denuncia, junto con la de negociaciones incompatibles con la gestión pública, también fue derivada al juzgado de Lijo, quien declaró la conexidad de ambas causas y dejó la investigación en manos de Di Lello, por lo que Rívolo quedó apartado de la causa.

“Hoy resulta unánime la interpretación jurisprudencial y doctrinaria que asigna el carácter de ‘imputado’ a cualquier persona mencionada en una denuncia penal y, posteriormente, en el requerimiento de instrucción realizado por el fiscal”, sostiene un fallo del juez Lijo de mayo de 2012, al responder a la defensa Boudou, que sostenía que era ilegítimo el pedido de las declaraciones juradas del Vicepresidente porque en ese momento “no estaba imputado en la causa”.

En su fallo, Lijo cita a Julio Maier, profesor titular consulto de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y ex integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: “Es, entonces, la situación objetiva -de estar indicado como sospechoso de haber participado en un hecho punible ante una autoridad competente para la persecución penal- la que define el concepto, y no lo define, por lo contrario, una decisión subjetiva y formal de alguna autoridad”.

Según el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, “el juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal”, que “formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción”. El abogado penalista (UBA) Martín Gershanik agregó: “El fiscal puede desestimar la denuncia o investigar. Si impulsa la investigación, el denunciado pasa inmediatamente a estar imputado”.

En febrero de 2014, el fiscal Di Lello pidió la indagatoria de Boudou y otros once imputados en la causa, entre los que se encuentran Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Nicolás Ciccone y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

En los últimos días, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de Boudou, que ya había sido rechazado en primera instancia por Lijo y en segunda instancia por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Javier de Luca, había rechazado la continuidad de la investigación dispuesta por Lijo y la Cámara Federal: “No se le ha dado al investigado y a la sociedad una respuesta consistente en qué hechos con relevancia jurídico-penal están siendo investigados”. En su dictamen, agregó que “la resolución recurrida debe ser revocada” y pidió que “se despeje la situación de incertidumbre en que se encuentra el proceso respecto del peticionante”.

Boudou está acusado de haber intercedido como Ministro de Economía en la elaboración de un plan de pagos para la imprenta Ciccone, que se encontraba en quiebra y pasó a ser presidida por Alejandro Vandenbroele, a quien se acusa de ser supuesto testaferro de Boudou.

Consultada por Chequeado, Sandra Russo admitió que se equivocó y dijo: “Fue un error. El Vicepresidente sí está imputado, lo que no está es procesado ni tampoco hasta ahora ha sido llamado a declaración indagatoria”.

Fuente: CHEQUEADO.com