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31/may/2011

Los productores agropecuarios pagaron costos injustos, sin que se vieran los beneficios al consumidor, de aquellos (en trigo y maíz, por ejemplo, se mantiene una increíble distancia entre la paridad teórica FAS y el Valor Disponible, mientras la inflación sigue perjudicando al consumidor).

PROYECTO DE LEY (S-0966/11)

COMERCIALIZACION INTERNA Y EXTERNA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO.

ARTÍCULO 1: Ratifícase la vigencia de la Ley Nº 21453 para la exportación de productos agrícolas y del Decreto Nº 1177 del 10 de julio de 1992.

ARTÍCULO 2: Derógase el Decreto Nº 654 del 22 de abril de 2002.

ARTÍCULO 3: Derógase el Decreto Nº 734 del 12 de junio de 2007.

ARTÍCULO 4: Derógase la Ley Nº 26.351 del 26 de diciembre de 2007 y el Decreto Nº 764 del 13 de mayo de 2008.

ARTÍCULO 5: Derógase la Resolución Nº 543 del 28 de mayo de 2008, de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 6: Derógase la Resolución Nº 9 del ex Ministerio de Economía y Producción, de fecha 11 de enero de 2007, sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 7: Sustitúyase el artículo 2º del Decreto Nº 193 del 24 de febrero de 2011, por el siguiente:

Art. 2º- La Unidad que se crea por el artículo 1º del presente Decreto tendrá a su cargo los siguientes cometidos:

- Modificar los mecanismos creados por la Resolución del Ex Ministerio de Economía y Producción Nº 9 de fecha 11 de enero de 2007, sus normas modificatorias y complementarias, siguiendo el espíritu de la presente Ley y descartando todo instrumento vinculado, directa o indirectamente, a la política comercial externa para el sector agropecuario y agroindustrial.

- Otorgar y pagar los subsidios, que se generen por la modificación de la normativa, en función de los términos, recaudos y procedimientos que la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno establezca como apropiados, para beneficiar únicamente a los sectores de menores recursos, beneficiarios de las políticas sociales, que lleve a cabo el Gobierno Nacional.

- Planificar, coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades técnicas y administrativas a cargo de las áreas involucradas, necesarias a los fines indicados en el párrafo que antecede.

- Elaborar las normas complementarias e interpretativas que resulten necesarias a fin de lograr los objetivos establecidos en la presente medida, las que serán dictadas por Resolución conjunta de los Ministerios involucrados.

- Dictar el Reglamento Interno de funcionamiento de la Unidad.

ARTÍCULO 8: Instrúyase a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria, a coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas específicas de subsidios al consumo interno, que resulten apropiadas para asegurar que, sin perjudicar al sector productor local de granos y derivados, lácteos y carnes, se mejore en cantidad y calidad la ingesta de alimentos y la provisión de bienes de primera necesidad, para los sectores de menores recursos que así lo requieran. Las áreas institucionales involucradas deberán, en un plazo de sesenta (60) días corridos, instrumentar los planes que aseguren el acceso a una alimentación segura y sana, por parte de los sectores que más lo requieren.

ARTÍCULO 9: Comuníquese al Poder Ejecutivo. –

Luis Alfredo Juez

Senador Nacional por Frente Cívico – Provincia de Córdoba

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las ventas al exterior de productos de origen agrícola, se llevaron a cabo (hasta comienzos de 2006), en nuestro país, en base a lo dispuesto por la Ley Nº 21.543 y el Decreto Nº 1177/92. Claramente, el régimen comercial fue relativamente exitoso, pese a estar normado (en sus fundamentos legales) por el gobierno militar de 1976-83.

Se consiguió un funcionamiento transparente de los mercados agrícolas y un adecuado abastecimiento interno de productos alimenticios, sin incurrir en intervenciones que afectaran la cadena comercial o redundaran en mayores costos de transacción para el sector agrícola productor de granos y oleaginosas. Puede afirmarse que el abastecimiento estuvo asegurado, obviamente sujeto a las fluctuaciones de los precios internacionales y a los cambios de políticas públicas locales.

Por el Decreto Nº 1343 de fecha 27 de noviembre de 1996, se creó, en el ámbito de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) encargada de fiscalizar las normas de comercialización en todo el sector agropecuario, a fin de asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades, conforme a lo previsto por la Ley Nº 21.740 y el Decreto-Ley Nº 6698 del 9 de agosto de 1963, sus modificatorios y reglamentarios. Son las llamadas Ley de Carnes y Ley de Granos.

La aplicación de las citadas normas legales surgía de la necesidad de precisar las intervenciones comerciales, posteriores a la disolución, en 1991, de las Juntas Nacionales de Carnes y Granos, respectivamente. Por el Decreto Nº 2284, ratificado luego por Ley, que las disolvía, se le transfirió a la Secretaría de Agricultura, las llamadas funciones remanentes, en materia comercial, de las citadas leyes de carnes y de granos.

Ahora bien, en 2007, se inició un período de bruscas subas en los precios internacionales de las commodities agroalimentarias. El Gobierno Nacional, a fines de ese año dispuso un aumento en las alícuotas de los Derechos de Exportación de los granos, sin haber cerrado previamente los Registros de Declaraciones Juradas de Ventas Externas de granos, que operaban en la Secretaría del área.

Las transferencias de ingresos, por entonces, fueron significativas, en dos aspectos:

a) A raíz de la suba de los precios internacionales, se indujo a una política de aislar los valores locales de los mencionados incrementos, que ya se había iniciado con las restricciones para exportar carne vacuna, en 2006.

b) Los exportadores que hubieron registrado declaraciones de venta externa, antes de la suba de Retenciones, pudieron comprar su mercadería con un precio interno menor, luego de que los Derechos de Exportaciones fueran incrementados, en noviembre de 2007. Esto perjudicó al productor agrícola.

Estas dos transferencias injustas, redundaron en un creciente intervencionismo estatal, para a) aislar los precios internacionales de los valores locales y subsidiar implícitamente el consumo interno de alimentos de primera necesidad y b) vigilar desde el Estado, el accionar de los exportadores, sin considerar que la política pública es la que determina las conductas de negocios.

En este sentido, creció la importancia de la ONCCA y sus facultades fueron ampliándose, a la luz de las políticas dictadas desde la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Posteriormente, durante el conflicto del Gobierno Nacional con el campo, en 2008, se agudizaron al extremo las intervenciones restrictivas en materia comercial.

En lo que hace a la “apropiación indebida” del diferencial entre alícuotas de Derechos de Exportación, el Congreso dictó una legislación (la llamada Ley Martínez Raymonda Nº 26.351) que pretendía corregir un error de la Autoridad de Aplicación: no haber cerrado oportunamente los registros de ventas, días antes de resolver aumentos de Derechos, práctica habitual en ocasiones anteriores.

En el mismo año, por Resolución Nº 543 del 28 de mayo de 2008, la ONCCA modificó el espíritu de la Ley Nº 21.453, estableciendo requisitos muy restrictivos a los que deberían sujetarse los exportadores de granos y/ o sus derivados, que soliciten su inscripción en el “Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior” en adelante denominado “R.O.E. Verde”, al que presuntamente, (y con un espíritu diametralmente opuesto) se refería la Ley 21.453.

El manejo de los R.O.E. se amplió al sector de comercialización de carnes y lácteos, generando el poder omnímodo de la ONCCA. También este organismo se encargó de otorgar compensaciones a productores agropecuarios e industrializadores y generó la base de datos y criterios para la aplicación de los subsidios al comercio interior, implementados por la Resolución del ex Ministerio de Economía y Producción Nº 9, de fecha 11 de enero de 2007.

Todas estas regulaciones, que perciben un propósito noble, tal como es ayudar a los argentinos de menores ingresos a acceder a bienes de primera necesidad, generaron un desaliento en la oferta primaria de carnes, granos y lácteos e incentivaron la especialización productiva en la soja, lo cual generó quebrantos en otras actividades de menor rentabilidad relativa, principalmente aquellas orientadas a abastecer el consumo local de alimentos de primera necesidad. Posteriormente, hubo numerosas denuncias de discrecionalidad y corrupción en el manejo de los instrumentos mencionados anteriormente.

En febrero del corriente año, por el Decreto Nº 192/2011, se disolvió la ONCCA y se transfirieron competencias, créditos presupuestarios, bienes, dotaciones y personal a la instancia superior del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Simultáneamente, por el Decreto Nº 193/2011, se creó la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, órgano integrado por tres ministerios, con la finalidad de administrar los recursos asignados por la Resolución del ex Ministerio de Economía y Producción, Nº 9 del 11 de enero de 2007.

Las reformas institucionales mencionadas, que correctamente separan o aislan el comercio exterior de los subsidios al consumo, han generado cierta confusión en los operadores, complicación que se agrega a:

-los costos económicos generados por la incertidumbre de lo que ocurrirá con los montos impagos de subsidios por parte de la ONCCA,

-la demora en reglamentar la actividad de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno y

-la reglamentación precisa de las funciones ampliadas y/o “facultades remanentes”, ahora centralizadas el Ministerio de Agricultura, etc..

La evaluación de lo acontecido desde 2006, subyace a la fundamentación del Proyecto de Ley que estamos presentando.

a) No siempre se logró el objetivo de aislar los precios locales de los internacionales ya que, como se sabe, la actividad comercial externa del sector exportador, está motivada por el objetivo de lograr los mejores precios, cuando estos tienden al alza y evitar vender en los momentos de baja. Por ende, los instrumentos comerciales no compensan las subas que pudieran afectar al consumidor.

b) Se confundieron instrumentos de política comercial externa, de inadecuados diseño y aplicación, con subsidios al consumo interno (los efectos bajistas, en los precios internos, de ambas políticas pueden ser similares, pero la asignación de recursos derivada al interior de la cadena agroindustrial, depende de los instrumentos de intervención y del grado de discrecionalidad de la Autoridad de Aplicación; no hay correspondencia estricta entre señales externas y reacciones internas).

c) Los productores agropecuarios pagaron costos injustos, sin que se vieran los beneficios al consumidor, de aquellos (en trigo y maíz, por ejemplo, se mantiene una increíble distancia entre la paridad teórica FAS y el Valor Disponible, mientras la inflación sigue perjudicando al consumidor).

d) Se afectó particularmente a los productores pequeños y medianos y, más pronunciadamente a aquellos alejados de los puertos, que tienen menor capacidad de negociación comercial y enfrentan, por lo general, una demanda más concentrada y con mayor capacidad de fijar precios.

e) Se obligó al sector exportador e industrial, orientado al comercio exterior, a trabajar en condiciones de permanentes cambios en las reglas de juego, sujetas éstas a la discrecionalidad del poder público. Tal inestabilidad redunda en menor capacidad de pago (precio FAS teórico más bajo) y una excesiva prudencia (no se ofrece un precio que no esté “cerrado” con una operación de venta externa). Estas son actividades que dependen críticamente del volumen de operación y, por ende, trabajan con bajos márgenes. Particularmente, desde 2007, también se vieron condicionadas por la alta volatilidad de los fletes externos.

La disolución de la ONCCA y la distinción, ahora explicitada, entre política comercial externa y subsidios al consumo interno, en los Decretos 192 y 193 de 2011, debe perfeccionarse de modo que se vinculen más estrictamente los objetivos y los instrumentos de política en cada caso particular.

Por lo anterior, en este Proyecto de Ley, se propone:

a) El retorno a la política comercial externa, para cereales, oleaginosas y derivados, vigente hasta principios de 2006, fundada en la Ley 21.453.

b) La derogación de la llamada Ley Martínez Reymonda y su decreto reglamentario, normativa originada en indebidas transferencias de ingresos producidas por un error cometido por la Autoridad de Aplicación, antes de un aumento en los Derechos de Exportación, circunstancias que no deberían volver a repetirse.

c) La eliminación de los denominados R.O.E. (Registro de Operaciones de Exportación), que constituyen una equivocada interpretación de la Ley 21.453.

d) La inducción a los Ministerios de -Economía y Finanzas Públicas, -Agricultura, Ganadería y Pesca e -Industria, para que generen nuevos instrumentos de subsidio explícito (totalmente independientes de la política comercial externa), que garanticen el acceso a los bienes de primera necesidad, a los sectores con carencias comprobadas, restringiendo el acceso a los mismos a los poseedores de ingresos medios y altos, que no los necesitan y que hasta ahora se vieron beneficiados por los intentos de abaratar, transitoriamente, los alimentos.

Por los motivos expuestos, solicito señor Presidente, la aprobación del presente proyecto.

Luis A. Juez. -

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