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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoCompetencia desleal escandalosa
10/nov/2022

¿Institucionalización mediante cooperativas truchas?

Por: Roberto Fermín Bertossi

El presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Desarrollo Social; Victoria Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis suscribieron oficialmente el decreto 728/2022´

Arbitraria y discrecionalmente esta medida según sus fundamentos promueve en favor de irregulares cooperativas de trabajo de la informal Economía Popular, el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional en la realización de obras de hasta $300.000.000.

Naturalmente, este arrebato administrativo provocó la reacción de los constructores formales argentinos, quiénes conforme al derecho vigente, cuestionaron el DNU que prodiga el 30% de obra pública a la economía popular cooperativa.

En efecto, una de las razones y fundamentos de tal reacción por parte de la cámara argentina de los constructores formalizados, consiste en que la decisión del Gobierno de otorgar a piqueteros ese porcentaje de emprendimientos de hasta $300 millones, institucionaliza la competencia desleal condenando a la desaparición a innumerables pymes, tan esforzadamente ajustadas a derecho.

Consecuentemente, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) rechazó este decreto lleno de buenas intenciones, pero futuras e improbables, vg., como la de promover una formal reinserción laboral cuanto la inmediata regularización institucional cooperativa.

En todo el país, se calculan mínimamente unas 20 mil empresas constructoras formales inscritas, de las cuales más del 97 por ciento son pymes (sin sumar las que tercerizan servicios para la construcción) que ejecutan obras por debajo de 300 millones de pesos. En no pocos casos, su techo es mucho menor que dicho monto.

Esas pymes se enfrentan entonces, con este decreto, ante una mediatamente autorizada o tolerada competencia desleal de las cooperativas de trabajo, que en su inmensa mayoría son larga y prolongadamente informales con la complicidad o extrema ralentización de las facultades inherentes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La competencia desleal inmediata radica en que la estructura de costos de una cooperativa informal no incluye todos los costos patronales de las pymes que tienen que aportar como empleador, vg., inversiones de capital, organización, funcionamiento, servicios, cargas tributarias, sindicales, salarios de convenio, aguinaldo, vacaciones, obra social, ART, jubilaciones, etc.

Eso mismo según CAMARCO representa una diferencia de costos directa, en contra de las pymes formales, de alrededor de un 55% sobre el salario pertinente.

Adicional y concomitantemente, además, las cooperativas no tributan impuesto a las ganancias ni tasas o tributos locales y/o regionales en general, con lo cual la competencia es absolutamente desleal, injusta y desigual.

Preconclusivamente, nadie debería estar en contra de medidas tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino, ni de una agenda cuidadosa y premurosa sobre la institucionalización y el desarrollo regular de la Economía Popular, tendiente a alcanzar paulatina y duraderamente, el fortalecimiento productivo con la formalización cooperativa -activa, plena y permanente- de sus trabajadores y trabajadoras, el acceso al crédito, al compre estatal, a las economías solidarias de escala, etc.

Finalmente, nada de esto último resulta a priori ilegal e inaceptable, tampoco la transición verosímil de los planes sociales a programas de empleo. Lo jurídica y socialmente reprochable es la apertura desleal de la competencia a organizaciones sociales o cooperativas de trabajo no formales (Sueños Compartidos, Tupac Amaru, Mayra Mendoza, Caciques piqueteros y más de menos, son algunos malos ejemplos o escándalos aún resonantes que obligan a poner de relieve las bondades y beneficios del genuino cooperativismo), procrastinando una concurrencia cooperativa regular -sin abusos de posición dominante por defecto- al mercado de la obra pública.










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