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18/mar/2022

¿Otro despropósito institucional?

Por: Roberto Fermín Bertossi (*)

Dado el peor contexto de cuasi default o default técnico, con una inflación actual y de proyecciones inauditas, de hambre, desocupación, pobreza e indigencia pavorosas; atónitamente observamos escandalosos desencuentros, desconocimientos, divisiones e increíbles incomunicaciones oficiales internas hechas públicas en la mismísima coalición electoral gobernante del Frente de Todos, precisamente cuando resulta imprescindible para Argentina aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar un noveno default en su penosa historia económica que nos ha merecido la calificación del “peor país pagador”

Las anteriores reestructuraciones de la deuda externa nunca lograron la sustentabilidad que hoy -otra vez- busca el Gobierno. La restricción externa y el sobreendeudamiento externo e interno identifican el pronunciado y peligroso declive de la economía vernácula, explicando y prediciendo simultáneamente su creciente languidez y extravío.

En efecto, mucha casta política, corrupta e irresponsablemente situó a nuestro país como último en el ranking internacional de confianza, según el informe del Barómetro Edelman de Confianza 2022´ elaborado para la reciente edición del Foro Económico Mundial, una muestra de 27 países que la agencia de encuestas, relaciones públicas y marketing mide hace 22 años y que incluye naciones desarrolladas y en desarrollo de todos los continentes. Duele entonces que Argentina exhiba la más baja confianza en el Gobierno y en el Banco Central y la segunda más baja en las autoridades nacionales de salud”

Así las cosas, nos produce desconcierto y perplejidad que, en medio de semejante contexto adverso, habiendo fracasado este gobierno con programas cooperativos como “Argentina Trabaja”, “Potenciar trabajo” u otros; con fecha 18 de febrero de 2022, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), mediante su Resolución número 660/22, inoportuna y desatinadamente insista con experiencias similares, funcionales y/o concomitantes.

¿De qué estamos hablando?

Ocurre que a través de la Decisión Administrativa Nº DECAD-2021-1267-APN-JGM, publicada en el Boletín Oficial en fecha 28 de diciembre de 2021, se ha aprobado una nueva estructura orgánica del INAES, máximo órgano de aplicación en materia cooperativa y mutual.

Burocráticamente, a partir de dicha modificación, se ha creado en la órbita de la Dirección Nacional de Desarrollo Productivo Cooperativo y Mutual, la Dirección de Planificación Estratégica, (DPE), que tiene entre sus funciones la de efectuar análisis de viabilidad técnica y financiera de los proyectos de financiamiento y/o asistencia técnica para el desarrollo productivo cooperativo y mutual.

Que, en consonancia con estas nuevas funciones, esta nueva DPE, insólitamente –se asevera- debería proponer y asistir en la gestión de programas de asistencia financiera, líneas de crédito nacionales e internacionales, destinados a cubrir necesidades de financiamiento de las cooperativas y mutuales, a fin de incentivar el desarrollo productivo de la economía popular.

Reproduciendo las características del contexto argentino actual (señaladas en el primer párrafo precedente), según INAES, es objetivo estratégico facilitar el desarrollo económico y social de la población en general y convertir al movimiento cooperativo y mutual en un actor decisivo dentro de la economía argentina.

También se sostiene ahí que los proyectos de desarrollo cooperativo y mutual a financiar deben contribuir a los procesos de integración social y desarrollo local, asumiendo (tardíamente) como responsabilidad primaria del Inaes, la de promover actividades de educación cooperativa y mutual, en particular en el marco del artículo 90 de la Ley N° 26.206, de Educación Nacional.

En su resolución, INAES recuerda que los decretos de facto 19.331 y 20.337 establecen, entre sus funciones, apoyar económica y financieramente a las cooperativas y mutuales por vía de préstamos de fomento y subsidios.

Pero, preconclusivamente, si atendemos las atribuciones y potestades institucionalmente conferidas al Inaes, éste no admite:

Su aguda ineficiencia e inexcusable irresponsabilidad, conforme revela la caricaturesca situación cotidiana del movimiento cooperativo y mutual popular con recurrentes acampes y piquetes de reclamos, cortes de calles y avenidas centrales en todo el país; siempre con absoluta impunidad y desprecio por los derechos y garantías de terceros.

Tampoco nada dice sobre el incumplimiento en la aplicación e implementación oportuna y federal de las únicas leyes democráticas sobre Educación cooperativa, ya a partir de la 1.420/1844, 16.583/66, 23.427/87, e incluso omite que la mencionada ley 26.206 lleva más de 15 años de vigencia. (...)

Puntualmente que, vg., el Programa cooperativo “Argentina Trabaja” (PCAT), exhibió gran discrecionalidad y clientelismo político partidario a la hora de fijar y profundizar su especulativa y reprochable metodología.

La ausencia de monitoreo ciudadano y los obstáculos que impidieron facilitar y promover el monitoreo social del PCAT

Fundamentalmente, tampoco se garantizó una efectiva rendición de cuentas de los beneficiarios del PCAT, por ausencia de una fuerte voluntad política para transparentar la gestión, sin perjuicio de las complicidades por omisión del Inaes y sus superiores, dado los flagrantes incumplimientos de los deberes de funcionario público.

Finalmente, ante los datos deficitarios de la realidad relacionada, hablar y regular ahora sobre: “… proponer y asistir en la gestión de programas de asistencia financiera, líneas de crédito nacionales e internacionales, destinados a cubrir necesidades de financiamiento de las cooperativas y mutuales, a fin de incentivar el desarrollo productivo de la economía social…”; francamente, en tanto ciudadano, pareciera otro insoportable despropósito institucional.

(*) Experto Cooperativismo de la Coneau

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