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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoModificaciones a las Leyes 22.415 y 24.156 y Derogación de los Artículos 664° y 756° de la Ley 22.415
12/ene/2022

PROYECTO DE LEY

Artículo 1° - Deróguese el Artículo 664° de la Ley 22.415 – Código Aduanero.

Artículo 2° - Modifíquese el Artículo 755° de la Ley 22.415 -Código Aduanero- el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 755°- El Poder Ejecutivo Nacional enviará, conjuntamente con el presupuesto nacional y dentro de los términos del Artículo 26° de la Ley 24.156 -Ley de Administración Financiera- el total de las posiciones arancelarias para el ejercicio comprendido y el Congreso de la Nación deberá estimar la procedencia o no de cada una de esas posiciones enunciadas de acuerdo a las atribuciones conferidas por el Artículo 75° -inciso 1- de la Constitución Nacional.

Para el caso de aquellas posiciones que puedan demostrar un cambio sustancial durante el ejercicio y / o por razones de emergencia económica se podrá, en su caso, disponer la Delegación de Facultades por tiempo acotado y estableciendo las bases de la Delegación conforme lo dispuesto por el Artículo 76° de la Constitución Nacional.”

Artículo 3° - Deróguese el Artículo 756° de la Ley 22.415 -Código Aduanero-.

Artículo 4° - Modifíquese el Artículo 26° de la Ley 24.156 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 26° - El Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, como así también la totalidad de las posiciones arancelarias que pretenda aplicar en el ejercicio y de los documentos que señala el Artículo 24°, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos”.

Artículo 5° - De forma.

Autor: RICARDO BURYAILE

Firmantes: FABIO QUETGLAS GABRIELA LENA MARIO BARLETTA JORGE VARA PAMELA VERASAY JULIO COBOS SOLEDAD CARRIZO FERNANDO CARBJAL VICTOR HUGO ROMERO XIMENA GARCIA JORGE RIZZOTTI MARCOS CARASSO LIDIA ASCARATE

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Teniendo en cuenta que el Código Aduanero -Ley 22.415- se dictó en el gobierno de facto (Proceso de Reorganización Nacional) publicado en el Boletín Oficial el 2 de marzo de 1981 y, considerando, que la Ley 24.430 promulgada el 5 de marzo de 1995 pone en vigencia la nueva Constitución Argentina, es que advertimos que los artículos 664° y 756° del Código Aduanero deberían ser derogados puesto que la Constitución Nacional ha impuesto al Congreso Nacional la facultad de legislar sobre materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. Estas facultades dimanan de los artículos 4°; 17°; 52° y 75° -inciso 1- de la Carta Magna. En cuanto al Artículo 755° la propuesta es de modificación y adecuación a lo ordenado por la Constitución Nacional, creando así un mecanismo procedimental que ordena el trabajo de cada Poder del Estado, respetando por cierto el mandato constitucional.

Asimismo, la misma Constitución prevé que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o emergencia pública, pero, en este caso, el Poder Legislativo como Poder delegante deberá establecer el plazo fijado para su ejercicio y las bases de esa delegación (Art. 76° de la C.N).

Teniendo en cuenta una congruente interpretación de la Constitución Nacional, se advierte que los Artículos 755° y 756° del Código Aduanero resultan letra muerta sin una ley del Congreso que delegue facultades en los términos del Artículo 76° de la Constitución Nacional. También, en ese mismo sentido, denota una absurda contradicción cuando el mismo Artículo 754° del Código Aduanero establece que el Derecho de Exportación específico debe ser establecido por ley. Por lo expuesto, es que se propicia la modificación del texto para el primero y la derogación para el segundo, corriendo también la suerte de la derogación el mismo Artículo 664° del Código Aduanero por no ser también compatible con las atribuciones del Artículo 75° -inc. 1- de la Constitución Nacional.

A ello debemos sumar que, el Poder Ejecutivo -por sí y sin esa Delegación de Facultades prevista en el Artículo 76° de la C.N.- no puede tomar como propia esa facultad, puesto que si lo haría, dicha decisión, sería nula de nulidad insalvable. Sumado a ello que el Artículo 99° -inciso 3- de la misma Carta Magna establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo. Incluso, cuando la misma Constitución lo habilita a dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y le impone la prohibición que estos Decretos versen sobre normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos; por ello, mantener la vigencia de dichos artículos carece de sentido práctico, ya que en todo caso si el Ejecutivo tuviere que actuar bajo Delegación de Facultades en la ley que le confiere las mismas deberán establecerse los parámetros indicados en el Artículo 76° de la C.N.

De los fundamentos esgrimidos se desprende con claridad que los Artículos 755°y 756° del Código Aduanero no tienen posibilidad de ser utilizados sin una ley del Congreso y tampoco son necesarios porque las pautas de determinación, plazos y bases de Delegación deben ser también consignados por el Poder Legislativo de la Nación. Puesto así, lo más armónico para compatibilizar las normas con la Constitución Nacional -entiendo- es propiciar la reforma y derogación que se propone.

También debemos tener en cuenta que por estos artículos, cuya derogación se pretende, se ha expedido la Constitución Nacional en las Disposiciones Transitorias - Cláusula Octava - que expresamente dispone que la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años, período que ya ha trascurrido puesto que la vigencia de la Constitución del ´94 fue promulgada el 5 de marzo de 1995 (Ley 24.430).

En idéntico sentido se ha expedido la Corte Suprema en sendos fallos en donde ha expresado categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el legislativo el establecimiento de IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Fallo: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912; entre otros. En forma concordante, también ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es válidamente creada por el único Poder del Estado investido de tales atribuciones. (Fallos 316:2329; 318:114; 319:114; 319;3400; 321:366 entre otros).

Asimismo, en los autos “Estelar Resources Limited S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional s/Amparo - Ley 16.986” del mes de diciembre de 2018 se declaró también la inconstitucionalidad del Artículo 755° del Código Aduanero.

Por último, para un mejor ordenamiento entre las facultades y tareas de cada Poder del Estado se propicia que el Ejecutivo en el momento de enviar el Presupuesto General de la Nación, también envíe al Congreso la totalidad de las Posiciones Arancelarias pretendidas para el ejercicio y sea el Congreso -conforme sus atribuciones- a quien competa debatir la procedencia o no de cada posición estimada.

Por las consideraciones expresadas solicito a los Sres. Diputados y Sras.Diputadas, me acompañen en la presente iniciativa.

RICARDO BURYAILE

FABIO QUETGLAS GABRIELA LENA MARIO BARLETTA JORGE VARA PAMELA VERASAY JULIO COBOS SOLEDAD CARRIZO FERNANDO CARBJAL VICTOR HUGO ROMERO XIMENA GARCIA JORGE RIZZOTTI MARCOS CARASSO LIDIA ASCARATE

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