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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoLas Cooperativas de Servicios Públicos damnificadas por el congelamiento tarifario
19/nov/2020

 

No es necesario ser demasiado versado para saber que la economía argentina está atravesando problemas más que preocupantes; la inconsistente situación si bien se ha potenciado notoriamente durante la pandemia, lo cierto es que las dificultades vienen de arrastre, puesto que en el país no hay crecimiento desde 2011, reincidiendo con déficit fiscal crónico e inflación descontrolada.

Cómo es de público conocimiento, para paliar la coyuntura el Gobierno, sin demasiadas alternativas, se vio en la necesidad de apelar a una emisión monetaria sin precedentes, a la vez de decretar congelamientos tarifarios hasta fin de año, entre otras varias regulaciones. Sin pretender aquí emitir un juicio sobre dichas medidas, la realidad establece que los sectores comprendidas por ellas se vieran considerablemente afectados, máxime con el constante incremento de los demás indicadores económicos.

Tal es la situación que atraviesan las cooperativas de servicios públicos en general y, las eléctricas en particular, las que requieren imperiosa recomposición de sus tarifas, de manera que les posibiliten la necesaria sustentabilidad, actualmente condicionada.

Nadie puede desconocer el rol desarrollado por las cooperativas de servicios públicos durante la pandemia, que aún con todos contratiempos presentados, cumplieron eficientemente su cometido, garantizando las prestaciones esenciales.

En el período de marras, además de tener que desenvolverse con tarifas congeladas, debieron afrontar el incremento del costo laboral, aumento de combustible y demás insumos substanciales para prestar el servicio, la mora en la cobranza, etc.; factores concurrentes en el quebranto financiero, que determina no cubrir ni los gastos operativos.

Va de suyo que el déficit, aunque generalizado, no repercute igual en todas las cooperativas, puesto que el resultado final depende de varios factores: cantidad de empleados por asociados, KWh promedio consumidos por usuarios, características de la comunidad, pérdida en redes, etc. Por lógica el detrimento se acrecienta en tanto se reduce la capacidad de facturación de cada entidad.

Cabe destacar que hasta aquí solo he consignado el resultado negativo de los gastos operativos, lo que bien podemos catalogar de urgente, no obstante, es insoslayable contemplar las necesarias inversiones, como así también las correspondientes amortizaciones, prácticas indispensables para hacer sustentable a través del tiempo a los servicios que brindan las cooperativas, que a la postre es lo más trascendente.

Dado el contexto descripto, el desenlace es irreversible: cuando hay dificultades para atender lo urgente… se posterga lo importante. A quien no está compenetrado de lógica cooperativa, esta aseveración podrá parecerle una perogrullada; razón por la cual considero pertinente hacer disquisición al respecto

Para un correcto funcionamiento las cooperativas de servicios públicos necesitan proyectar sus inversiones, fundamentalmente aquellas durables y significativas. Por ejemplo, una línea de energía eléctrica urbana se considera amortizable en 20 años promedio . Habida cuenta que la misma está compuesta por varios elementos (conductores, postación, transformadores, protección, capacitores, aisladores, etc.) por ende las reposiciones se deben realizar en diferentes tiempos.

En tanto y cuento esto va ocurriendo, la cooperativa debe estar preparada, ya sea contando con los bienes reemplazables (lo más adecuado) o los recursos económicos para afrontar las erogaciones a tal efecto. Eso no significa que la entidad deba cubrirse con excedentes aleatorios.

En tiempos normales, cuando no mediaban subsidios, congelamiento o tarifas impuestas, las cooperativas bien administradas, tomando el ejemplo de marras, tenían la posibilidad de justipreciar el monto real de la línea, siendo lo ideal que la recuperación se fuera concretando mensualmente en cuotas partes que en definitiva constituyen un ítem del costo, en base a un exhaustivo balance de explotación.

Volviendo a lo coyuntural, desde que se estableció la cuarentena, el Estado nacional acudió en auxilio de muchas empresas, empero las cooperativas que no dejaron en ningún momento de brindar sus prestaciones en los múltiples servicios que brindan, sin interrupciones por mora, no han recibido asistencia financiera, pese a los déficit antes mencionados.

El estado de situación fue planteado con precisión a principio de mes, por la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas a legisladores nacionales oficialistas y funcionarios del INAES en reunión virtual, ocasión en la que plantearon las problemáticas del sector, al tiempo de explicitar proposiciones que se deberían adoptar.

Dentro de los paliativos aportados, se les solicito a sus interlocutores que intercedieran ante la AFIP, trasmitiendo la situación del sector, con propuestas relacionadas cancelación de tributos y las moratorias. Entre las cuales se requería una medida excepcional y de urgencia que prorrogue el pago del IVA mientras esté vigente el beneficio del DNU 311/2020. Fundamentada en la considerable caída en la recaudación, que imposibilita el pago en tiempo y forma de las imposiciones por vía de lo devengado, solicitando que se les permita pagar por lo efectivamente percibido, instrumentando una moratoria concordante con condiciones de pago que el decreto concede para los asociados en mora.

Asimismo, se les pidió a los legisladores, que en el tratamiento de la Ley de Presupuesto, se tenga en cuenta la propuesta de modificación del artículo 87, precisamente presentada por la propia Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas, que en lo referente a la refinanciación de deudas con Cammesa, incluya también a las cooperativas distribuidoras eléctricas del país que no participan de la compra directa del Mercado Eléctrico Mayorista. De manera tal que las entidades que compran energía a las distribuidoras provinciales puedan acceder al régimen de regularización de obligaciones en las condiciones que lo fije la autoridad de aplicación.

Con tal escenario, el cooperativismo de servicios públicos con más incertidumbres que certezas, está expectante con lo exorado y, sobre todo las resoluciones que tomará el Gobierno en materia tarifaria, expirado el congelamiento decretado.

Respecto a ello, a principio de éste mes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló textualmente "se está definiendo un nuevo cuadro tarifario a partir de enero"., agregando que "los subsidios permanecerán constantes en términos de producto".

No obstante, en la víspera el presidente de la Nación, Alberto Fernández, entrevistado por C5N aseveró; "No está previsto que las tarifas se ajusten este año. Calculo que a partir de marzo vamos a discutir cómo se corrigen" , adicionando: "Vamos a buscar mecanismos para que los ajustes sean pagables".

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