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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoLos ciudadanos nos estamos hartando de la injusticia y de que todo el trabajo de los jueces este centrado en buscar argucias legales para beneficiar a los delincuentes y castigar a las victimas
14/sep/2020

La llamada “coparticipación federal de impuestos” nació en nuestro país en el año 1935, y tuvo su causa en la crisis mundial del año 1929 que produjo una escasez de recursos al erario nacional muy significativa. No tenemos intención de hacer aquí una reseña histórica de esta cuestión, baste decir que una vez instalado el sistema, éste se afianzó cada vez más, y finalmente adquirió rango constitucional con la reforma del año 1994, que pidió al Congreso que se dictara un nuevo esquema de coparticipación en el transcurso del siguiente año, cosa que no ha ocurrido hasta ahora.

La coparticipación ha venido a reemplazar al federalismo tributario, que ha pasado al gobierno nacional la recaudación de determinados impuestos que deben luego ser coparticipados con las provincias. Y precisamente el criterio de distribución de los ingresos recaudados es el que ha generado una endemoniada disputa de intereses que lleva más de 80 años.

Porque a la distribución se le han sumado cuestiones ideológicas, que abarcan desde el apuntalamiento de regiones estratégicas, hasta la pobreza relativa de determinadas provincias respecto de las otras.

Sabemos que desde hace ya muchos años las leyes tienen en la Argentina una validez relativa. Éstas terminan siendo modificadas por decretos, a veces de “necesidad y urgencia” y otras ni siquiera eso. O por simples resoluciones de secretarías y subsecretarías. Sólo a guisa de ejemplo recordamos que en la Argentina se prohibió la exportación de todo tipo de carnes por una decisión de la Secretaría de Comercio. Ni la ley, ni la Constitución (la madre de todas las leyes), ni el Congreso, ni la Justicia ni nadie hizo absolutamente nada relevante para revertir semejante disparate jurídico. Y no queremos salirnos del tema económico, pero en este querido país hasta se han anulado leyes como si jamás hubieran existido.

De tal forma que, a la ley de coparticipación federal, que fue modificada varias veces, se le sumó en los años 70 una entelequia que cobró la forma de “Adelantos del Tesoro Nacional” (ATN) para tirar alguna que otra soga a provincias en dificultades. Y en nuestra opinión, en el sumun del despropósito, el llamado “Fondo de Reparación Histórica” para la provincia de Buenos Aires, que siempre resultó la más perjudicada por el régimen, por ser justamente la más rica y la que debía recibir menos para favorecer así a las llamadas provincias pobres.

En fin, así las cosas, las disputas interprovinciales fueron permanentes. Incluso las cuestiones de interpretación de la norma fueron la vida cotidiana en la materia.

La verdad de esta historia es que este sistema simplemente ha abolido de un plumazo el régimen federal de impuestos, que implica que cada provincia debe recaudar lo suyo y pasar una parte a la Nación para el sostenimiento del Estado Federal y no al revés.

Ésta es la razón profunda del nacimiento de los feudos provinciales. Porque éstos se sostienen con el dinero que reciben de coparticipación sin hacer nada para recaudarlos. Porque las provincias recaudan los impuestos provinciales, (ingresos brutos, sellos, inmobiliario) pero se desentienden de los nacionales (ganancias, IVA, bienes personales, renta financiera, débitos y créditos bancarios). Así las cosas, la lucha por recibir mayor coparticipación de impuestos nacionales tiene su justificación. Necesitan recursos que luego destinan al gasto público improductivo e incluso al clientelismo y especialmente al nepotismo, sin tener que sufrir la impopularidad de tener que recaudar tales impuestos nacionales. Las provincias en general sufren las consecuencias de este régimen perverso, porque reciben sin esfuerzos grandes sumas de dinero que termina siendo siempre insuficiente.

No hay que olvidar que la economía y la política, si bien van de consuno, tienen intereses contrapuestos. Los economistas serios apuntan al ahorro y a la inversión para mejorar la calidad de vida. Los políticos a la “distribución” para obtener así mayor popularidad y votos.

El decreto de necesidad y urgencia que acaba de dictar el Poder Ejecutivo quitándole una porción significativa de la recaudación a la CABA para dárselo a la provincia de Buenos Aires, forma parte del mismo juego. Agregando a su vez la arbitrariedad y la discrecionalidad.

Nada de esto es nuevo, como queda dicho. Muchas veces los adelantos a las provincias responden a necesidades de caja circunstanciales y jamás son devueltos. La arbitrariedad, a su vez, consiste en ayudar principalmente a los amigos y castigar a los adversarios.

Es interesante recalcar que la cuestión de la coparticipación fue incluida en la reforma constitucional de 1994 (artículo 75 inciso 2) con el argumento del federalismo, cuando es exactamente al revés.

Las pautas en las que ha de basarse la distribución de los impuestos deben conformar criterios objetivos de reparto…Deben además propender a “una distribución igualitaria y solidaria tendiente a lograr un grado equivalente de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades en toda la Nación…”

Es curioso que fines supuestamente tan loables no han dado lugar a que los representantes de la Nación, (tanto aquellos que representan al pueblo como los que representan a las provincias) se hubieran dignado votar una ley acorde a la nueva norma constitucional luego de 26 años. Tan preocupados que afirman estar por el igualitarismo, la calidad de vida, el desarrollo, la solidaridad y todo lo demás.

Cabe destacar, a su vez, que al menos que nosotros sepamos no existe un organismo que se encargue de verificar que los recursos que se asignan en demasía a las provincias más pobres verdaderamente sean utilizados con tan nobles fines. Porque más allá de que la norma constitucional aún no ha dado lugar a una ley, lo cierto es que la ley vigente se basa en fundamentos similares.

Se trata, en suma, de ayudar a los menos favorecidos quitándole a los más ordenados, productivos y ricos. Y es esta la causa de la formación de feudos en casi todas las provincias pobres. Catamarca, Formosa, La Rioja, Chaco, Neuquén, San Luis y siguen las firmas. Así las cosas, los gobernantes de las provincias más pobres suelen crear cargos públicos, establecer sistemas de ayudas y subsidios y finalmente crear un mercado cautivo de votantes. De tal forma, provincias como Santiago del Estero o Formosa, por ejemplo, eternizan a sus gobernantes, que logran porcentajes de votantes que superan el 70% del total.

Si hemos de resignar principios fundamentales del federalismo, como lo son los recursos propios de cada provincia, por lo menos es de esperar que se controle en qué se utiliza el dinero excedente que se otorga a las provincias bajo la égida de la igualdad, la solidaridad y la necesidad de desarrollo,

Finalmente, y para no dejar colgada la idea, digamos que en nuestro modo de ver la coparticipación es una entelequia que genera toda clase de abusos, favoritismos y amiguismos con fondos públicos, que el poder ejecutivo de la Nación utiliza o puede utilizar discrecionalmente. Nunca puede ser legítimo castigar al exitoso. O al adversario político. Y eso ocurre en nuestro país desde mediados de los años 30, justamente cuando se inició el proceso de decadencia.

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