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Editoriales y Columnas
 
Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoVicentin: qué hace este grupo y cuál es la situación de las empresas públicas
13/jun/2020

· El Gobierno nacional intervino por decreto a la empresa que se encuentra en concurso de acreedores y anunció que enviará un proyecto al Congreso para expropiarla; te contamos cómo es el proceso.

· En la campaña agrícola de 2018/2019 fue la sexta mayor agroexportadora del país.

· Actualmente hay 35 empresas con participación mayoritaria del Estado nacional, pero si se suman aquellas con participación minoritaria se superaría el centenar.



El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir de forma transitoria durante 60 días el grupo agropecuario Vicentin y confirmó que mandará un proyecto de ley al Congreso para avanzar en su expropiación . Actualmente, la empresa agroexportadora de este grupo se encuentra en concurso de acreedores y la Justicia investiga si los préstamos que le otorgó el Banco Nación (su principal acreedor) por $ 18.500 millones fueron correctamente concedidos. Se trata de una de las principales agroexportadoras del país. La empresa emitió un comunicado en donde destacaron la “incertidumbre y preocupación” por la decisión estatal.

Empresas públicas

El Estado nacional participa de 3 tipos de empresas, como explica este documento de 2017 de Jefatura de Gabinete de Ministros. Están, por un lado, los grupos empresarios donde tiene el control y una participación total o mayoritaria (entre las que se destacan YPF o Aerolíneas Argentinas, por ejemplo). El segundo grupo es el de las empresas en las que el Estado nacional tiene una participación minoritaria , como por ejemplo Aeropuertos Argentina 2000 o Papel Prensa. Y el tercer grupo es el de las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (dependiente de la ANSES y cuyo objetivo es preservar el valor de los fondos previsionales), en donde se encuentran empresas como Telecom o Edenor.

Según explica un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en 2016 existían en la Argentina “más de 100 empresas que son de propiedad estatal” , incluyendo aquellas en las que el Estado tiene una participación accionaria minoritaria. “Esta cifra pone en evidencia que para el Estado argentino, al igual que en otros países de América Latina, las empresas públicas tienen un papel relevante en materia económica y social”, destaca el informe.

Lucía Aruanno, coordinadora de Gestión Pública de Cippec, explicó a Chequeado que esa cifra no debe haber variado mucho en los últimos años y aseguró que actualmente son 35 las empresas que tienen participación estatal mayoritaria , según su último análisis de marzo último. Entre esas empresas se encuentran algunas como ARSAT, AySA, Banco Nación, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e YPF.

Como se explicó en esta nota , la Jefatura de Gabinete de Ministros emitió un informe en mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, donde muestra que las transferencias del Estado nacional destinadas a cubrir los déficits de las principales 30 empresas estatales bajaron entre 2015 y 2018 . Pasaron de un 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2015 al 0,9% en 2018. La estimación oficial era que en 2019 alcanzarían el 0,7%, aunque no hay datos más actualizados.

El caso Vicentin

A esta lista de empresas con participación estatal se podría sumar Vicentín. El Presidente explicó que decretaron la intervención “para poder saber exactamente lo que pasa en el grupo” y que de ahí en más se sabrá cómo se actuará. Si bien todavía no se presentó el proyecto de ley ni difundió su posible texto , el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, anticipó que el proyecto de ley buscará declarar a Vicentin de “utilidad pública y sujeta a expropiación” . De aprobarse, pasaría a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro , con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. El interventor provisorio será Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Este grupo empresarial, según dijo el mandatario, cuenta con “plantas de cereales y oleaginosas en diferentes localidades (…), una división de producción de biodiesel, otra textil que incluye una desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, una bodega en Mendoza y hasta se dedica a exportar miel” , además de tener sedes en Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil). Salvo la producción de biodiesel, ninguno de estos sectores se vinculan con servicios públicos esenciales (como energía, comunicaciones, defensa, transporte o similares), algo que sí ocurre, hasta el momento, con las otras empresas públicas de la Argentina.

Según explicó el sitio oficial de Presidencia, el objetivo es rescatar a la empresa, para que cumpla el rol de “empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos”. Además de destacar que la empresa podrá seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus trabajadores como a 2.600 productores que le venden a Vicentin, Fernández destacó que se trata de una “decisión estratégica para la economía nacional”, ya que el Estado, mediante una empresa mixta como YPF, se hará cargo de la producción de alimentos, una actividad que consideró tendrá “una relevancia singular” luego de la pandemia.

Horas después del anuncio del Presidente, la empresa emitió un comunicado en donde asegura que se enteró de la decisión gubernamental por los medios y destacaron la “incertidumbre y preocupación” por la decisión estatal . Además, reivindicaron le legitimidad de “proteger los derechos” de los accionistas y la empresa, que se encuentra “ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”.

Vicentin fue la sexta empresa que más ventas externas de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales reportó en la campaña 2018/2019 con un 9% de las exportaciones totales , según surge de un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior que se reportan al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Esta empresa “atravesó en el 2019 una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades” , destaca el estudio de BCR publicado en marzo último. “Entre el cierre de dicho año y principios del 2020 busca reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva. Por tal motivo, esta empresa de exportaciones agroindustriales de capital nacional registra ventas de la nueva campaña 2019/20 muy por debajo de su operatoria normal”, sostiene el informe.

¿Todo puede expropiarse?

La Constitución nacional sostiene que “la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada” . Según la ley de 1977 de expropiaciones, “la utilidad pública”, que es el fundamento legal que permite la expropiación, “comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. Según explicó Fernández, en el proyecto de ley de expropiación de Vicentin se declarará a la empresa de utilidad pública teniendo en cuenta que “se dedica a la producción de alimentos” y que, en un momento de post pandemia, para el Gobierno “tiene una relevancia singular todo eso” . En ningún momento de la conferencia se mencionó un monto de indemnización, sino que se habló de una “operación de rescate”.

El abogado Juan Ignacio Sáenz, docente de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, señaló a Chequeado que el procedimiento de intervenir la empresa por DNU (cuando debería ser un juez quien lo hiciera) es el mismo que se utilizó para expropiar YPF y la empresa conocida como Ciccone Calcográfica ”. El especialista explicó el paso a paso de la expropiación: el Congreso debe hacer una declaración de “utilidad pública” de un bien , como puede ser un campo para construir una ruta o una empresa, y allí debe fundamentar el por qué de dicha utilidad. Luego, el Estado puede conciliar con la empresa o ir a juicio, donde se podría discutir la valuación del bien para negociar la indemnización o, rara vez, la constitucionalidad de la ley que determinó la “utilidad pública” y la posibilidad de expropiación.

“Este caso es pionero en relación a considerar utilidad pública la producción de alimentos” , destacó Sáenz, quien aclaró igualmente que se trata de un caso especial de una empresa donde se puede argumentar el riesgo de que deje de existir. Si bien destacó que el poder de declaración de “utilidad pública” lo tiene el Congreso, señaló que actualmente el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que tendrá que consensuar con sectores opositores.

Horas después de la conferencia del Presidente, la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado en el que expresan “suma preocupación” por la intervención del Grupo Vicentin vía DNU , “así como su eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso”. Según la SRA, “el Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”.

Fuente: CHEQUEADO.COM

 
Por: Martín Slipczuk >

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