04/oct/2009
Tras 28 años de haber perdido su status, la cartera agropecuaria ha recuperado su rango ministerial, un reclamo histórico y recurrente del ruralismo a todos los gobiernos de la democracia.
Por: Aldo Norberto Bonaveri
Para el campo la semana pasada finalizo bastante más tranquila de cómo había comenzado, incluso hasta se puede decir que con alguna leve expectativa. Gestos diferentes y cambios de actitudes, que a un a riesgo de no ser lo que insinúan, sirven al menos para descomprimir ánimos que se estaban tensando.
El panorama en la provincia de Buenos Aires realmente se presentaba muy complicado, el Gobernador Daniel Scioli, urgido de recursos que le faltan y, sin la asistencia de la Nación, salió en pos de $ 1.700.000.000 adicionales, para financiar un presupuesto descompensado, que excede la capacidad recaudatoria de su administración. Con esa realidad, pero sin intentar una reducción del gasto público, ni plantarse con firmeza ante el Gobierno central, reclamando lo que le corresponde, entendió que la salida pasaba por aplicar un impuestazo, el que sustancialmente castigaba la producción.
Así es como remitió a la legislatura y, esta aprobó en rápido tramite en ambas cámaras, un proyecto de ley, que entre sus puntos más sensibles incrementaba desproporcionadamente el impuesto inmobiliario, donde en algunos partidos y casos puntuales superaba el 350%, al tiempo que gravaba en $ 18 cada tonelada exportada por los puertos bonaerenses. Pese a los fuertes reclamos de la dirigencia agropecuaria, los legisladores oficialistas votaron favorablemente el instrumento solicitado por el gobernador.
Sancionada la ley todo parecía desencadenar en medidas de fuerzas, que ya estaban dispuestas por la Mesa Agropecuaria provincial, seguramente la presión de las entidades y, el descontento de sectores vinculados, hicieron reflexionar a Daniel Scioli sobre las consecuencias de un enfrentamiento. En consecuencia, se dispuso a escuchar y negociar con la dirigencia rural, aún a costa de tener que dejar sin efecto, lo que tanto había pedido que le votaran.
Tras arduas negociaciones que incluyeron una tregua y, el compromiso de revisar la reforma fiscal, felizmente las partes llegaron a un acuerdo, aún cuando Federación Agraria lo firmó en disidencia, en lo concerniente al inmobiliario rural. Producto del entendimiento se soslayaron las gabelas portuarias, en tanto que para la contribución rural se estableció un tope del 39% y un mínimo del 20% de aumento, porcentaje éste que los federados pretendían como el máximo.
La instrumentación de las prometidas aperturas de las exportaciones de trigo y maíz, (anunciadas en la reunión entre los ministros y la Mesa de Enlace el 31 de julio y confirmadas ante un nutrido auditorio por la presidenta el 11 de septiembre), recién se concretaron la semana pasada. Mediante la Resolución 7552 de la ONCCA, se estableció que se mantendrán en tal condición en forma permanente y, rigiendo para todos los exportadores que hayan suscripto al acuerdo del 10 de septiembre con el Gobierno, así como también para los que hayan adherido posteriormente.
Una de las cláusulas del convenio contempla el compromiso de los exportadores abastecer al mercado local con ambos cereales para satisfacer la demanda interna. En mérito de ello, en caso de ser necesario, los operadores que hayan solicitado un ROE Verde deberán proveer al país de los citados granos a valores locales. Otro de los puntos establece que los traders podrán solicitar sus permisos, para la comercialización de dichos productos con un año de anticipación, siempre y cuando previamente se abonen los derechos de exportación.
En el mismo acto que Cristina Fernández dio a conocer la apertura de las exportaciones, simultáneamente proclamó lo que sería la más importante de las señales del gobierno al sector: la devolución de los derechos de exportación a medianos y pequeños productores. Si bien distintos funcionarios han reiterado que la medida se efectivizará, hasta la fecha, el tramite no se ha oficializado. Lo que indica con qué grado de improvisación se manejan este tipo de disposiciones.
Al respecto cabe decir que no es lo mismo que la medida se concrete después de 30 días de aquel anuncio, la siembra ya está avanzando y, al no tener certezas, producto de la desconfianza que el Gobierno supo conseguir, varias son las hectáreas que podrían haber sido plantadas con maíz, que tendrán la soja como destino. He aquí una iniciativa plausible que por demorarse en la implementación no alcanzará los efectos deseados.
En el ámbito de la lechería la situación pasa por disputas en el gobierno por espacios de poder y, posiciones encontradas entre dirigentes que están en sintonía con la Mesa de Enlace, versus los denominados “tamberos K”. El inefable Guillermo Moreno no está dispuesto a ceder un ápice de su influencia y manejo; Aníbal Fernández, Débora Georgi y María del Carmen Alarcón no condicen con sus metodologías y dureza, pero el Secretario de Comercio resiste con el guiño del presidente consorte.
Moreno está muy contrariado con los tamberos que cobraron compensaciones en septiembre ($0,20 x litro), la mayoría de ellos decidieron remitir carta de adhesión a la ONCCA, en vez de hacerlo a la Secretaría de Comercio Interior. Si bien el productor tenía la facultad de escoger a donde enviarla, el recio funcionario amenazó con frenar el pago de los subsidios, si en lo sucesivo no le consignan la referida solicitud al sistema a él organismo a su cargo.
En este caso la competencia se da con Ricardo Echegaray, con quien también disputa espacios de poder, las diferencia entre ambos adláteres de Néstor Kirchner, son ahora más notorias, habida cuenta que Moreno no quiere verse salpicado por las presunciones de corrupción, instaladas por el escándalo del pago de subsidios apócrifos por parte de la ONCCA.
Cabe aclarar que la resolución 6688/09 de la ONCCA establece que “aquellos tamberos que no integren ninguna de las entidades firmantes del acuerdo lácteo con fecha del 30 de julio de 2009, podrán adherir al régimen por medio del envío de una nota a la ONCCA, o bien a través de una comunicación remitida a la Secretaría de Comercio Interior (la que deberá ser certificada por una usina láctea).”
Ante este nuevo apriete, los productores que no revistan en las entidades signatarias, léase; (Cámara de Productores de Leche de Córdoba “CAPROLEC”, Mesa de Productores de Leche de Santa Fe “MEPROLSAFE”, y l Cámara de Productores de Leche de La Pampa “CAPAPROLE”), han resuelto enviar a las autoridades nacionales una Carta Documento, en caso de no recibir la compensación oficial de 0,20 $/litro.
Las cámaras de productores lecheros allegadas al gobierno, están bregando por reinstalar el precio de corte, instrumento que se instauró en el 2005 y tuvo vigencia hasta noviembre del año pasado, cuando el desplome de las cotizaciones internacionales de la leche en polvo. En tal sentido plantearon su inquietud a legisladores oficialistas, instándolos a la redacción de un proyecto de ley en esa dirección.
El propósito es actuar antes que se modifique la composición del Congreso el 10 de diciembre, normalizando una metodología de control de precios y exportaciones. La norma pretendida no sería otra cosa que instaurar “retenciones móviles”, con lo que se lograría, dicen, asimilar los precios de exportación de los principales productos lácteos. De esa forma, la diferencia entre el valor FOB de mercado y el precio de corte se destinaría para manipular subsidios entre el sector tambero.
Esta propuesta es “música para los oídos” de Moreno, el más fiel cultor de esa filosofía, llega cuando los precios internacionales de la leche en polvo están en franca recuperación, en agosto el precio promedio declarado fue de u$s 2.306 la TT, (2,5% más que en julio), pero en septiembre el mismo cociente se elevó a u$s 2.479 la TT (7,5% más) y con un volumen exportado de 11.804 TT frente a las 10.339 TT del mes anterior. Otro dato significativo para destacar, en septiembre se registraron las operaciones con record en lo que va del año, una partida de 50 toneladas con destino a Nigeria a u$s 3.027 la TT y, otra de 100 TT a Zaire a un valor FOB de u$s 3000.
Si la iniciativa de marras prosperara, la principal beneficiada con la medida será La Serenísima, quien por su “modus operandi” basa su operatoria fundamentalmente en el mercado interno, donde es líder, encontrando en consecuencia dificultades para competir con las empresas lácteas con otra estrategia comercial.
Las entidades nucleadas en la Mesa Nacional de Productores Lecheros discrepan totalmente con sus colegas, para ellas constituye un dislate reeditar una política que consideran, totalmente perniciosa para el sector lechero, como expresan, están a la vista los daños ocasionados. El abastecimiento del mercado local se puede garantizar, arguyen, con metodologías más eficaces.
Para Santa Fe la lechería constituye una de las actividades básicas a partir de la importante cuenca provincial, así lo ha entendido el gobierno de Hermes Binner y, en consecuencia a través de su ministro de la Producción, José Bertero, viene consensuando con tamberos e industria, en el marco del Consejo Económico Lácteo, para instaurar en dicha jurisdicción, lo que ha dado en denominarse “precio de referencia”.
La medida que comenzaría a regir desde noviembre, fue creada por decreto 1532/09 (publicado el 18 de agosto en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe) está en proceso de reglamentación, la que exigirá a las fábricas a publicar un precio de referencia. También deberán comunicarse los parámetros promedio de los valores composicionales y de calidad de la leche que los tamberos entregan a las usinas.
La Mesa Nacional de Productores de Leche respalda plenamente la decisión del mandatario santafecino, para sus directivos, el instrumento posibilita cimentar un futuro de la lechería previsible, que permitirá beneficiar a los distintos eslabones de la cadena. Las usinas lácteas, renuentes en un principio fueron paulatinamente variando hacia una tendencia más componedora.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
Tras 28 años de haber perdido su status, la cartera agropecuaria ha recuperado su rango ministerial, un reclamo histórico y recurrente del ruralismo a todos los gobiernos de la democracia. En virtud de esa reivindicación y, aún cuando la desconfianza de la dirigencia ruralista hacia el gobierno está intacta, la “movida” presidencial es un convite predisponerte para recrear ciertas y moderadas expectativas.
La Mesa de Enlace había soslayado dos invitaciones anteriores para concurrir a la rosada, en otros tantos actos protagonizados por la presidenta, en cambio ahora la convocatoria no concebía ser desestimada. La presencia de los popes agrarios significa para el flamante ministro un feliz comienzo de gestión, su complacencia quedó reflejado por el breve pero efectivo intercambio de cortesías, al quedar firme el compromiso de recibirlos a la brevedad.
Julián Domínguez es un político nato con experiencia ejecutiva. Así lo expresa su gestión al frente del municipio de Chacabuco, o sus pasos como subalterno, con distintas administraciones, por Obras Públicas de Buenos Aires, como segundo de Atanasof en la jefatura de gabinete o, con Pampuro en Defensa. Tampoco le son extraños los laberintos legislativos.
El ministro es consciente que no cuenta con mucho tiempo para producir resultados, el conflicto se ha devorado un lapso mucho más que razonable, también queda evidenciado que con la confrontación se malograron tanto los planes del gobierno, como desaprovecharon las oportunidades de campo, pero lo más grave de todo es que el gran perdedor es el propio país.
La naturaleza del problema no le es desconocida, entonces los interrogantes a plantearse son: ¿Sabrá? ¿Podrá? ¿Lo dejarán?
