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Editoriales y Columnas
 
Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoLA DEMANDA DE ECHEGARAY CONTRA MAJUL Y LONGONI
07/dic/2012

Demanda por daños y perjuicios promovida por el titular de la AFIP -Dr. Ricardo Echegaray- contra los periodistas Luis Majul y Matías Longoni.

Por: Guillermo Tisconia (*)

Mecanismo de auto censura con claro efecto amedrentante. Quiebre de la lógica básica propia de un sistema democrático. Manifiesta trasgresión a los pactos internacionales que integran el bloque normativo de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela declarado jurisdiccionalmente país trasgresor mediante sentencia dictada por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.

1. Los periodistas Matías Longoni y Luis Majul fueron demandados civilmente por daños y perjuicios (arts.1068. 1072 y cdtes. C. Civil) por parte del titular la AFIP -doctor Ricardo Echegaray- , a partir de trabajos de investigación periodísticas que ambos profesionales acreditados de prensa llevaron a cabo, sobre todo, en relación a la gestión el mismo doctor Echegaray durante su paso por la controvertida ONCCA. Al respecto vale precisar que un juez federal dictó un auto de sobreseimiento respecto del doctor Echegaray en directa relación a una denuncia que había sido promovida en relación a aquella gestión en la ONCCA.

2. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, inició una demanda millonaria contra el periodista de Clarín que investigó los subsidios truchos de la ONCCA, un organismo disuelto en 2011 por la presidenta Cristina Kirchner para acallar los ecos de esa investigación. Echegaray alegó la existencia de “un plan sistemático de difamación” en su contra y pidió a la justicia del fuero civil que se obligue al periodista Matías Longoni a pagarle una indemnización de 1.377.167 pesos.

2. No se trató de un episodio aislado. La ofensiva judicial del titular de la AFIP también incluyó al reconocido periodista Luis Majul, a quien el doctor Echegaray demandó por una cifra idéntica, compuesta por 1 millón de pesos como capital y los restantes 377 mil de intereses. Ambas causas son por supuestos “daños y perjuicios” y tramitarán en el fuero nacional en lo Civil. En el caso de Longoni, el juez será Herman Lieber. En el de Majul, Javier Fernández.

3. La acción judicial contra el periodista de Clarín se sustenta en más de 80 artículos sobre el funcionario kirchnerista publicados en el diario entre 2009 y 2011. En ellos, Longoni reveló serias irregularidades cometidas en la ex ONCCA cuando estuvo al mando de Echegaray y por quien dejó éste a cargo cuando migró a la AFIP, el contador Emilio Eyras.

4. La imputación inicial Incluía la creación de feedlots falsos a nombre de indigentes para desviar subsidios. O la sospechosa aparición de un feed lot en Punta Alta, localidad natal de Echegaray, cuyo domicilio legal coincidía con un departamento porteño propiedad del funcionario. “Hacienda Argentina SA” no llegó a cobrar más de 2 millones de pesos del Estado por la difusión pública del caso.

5. La denuncia contra Longoni recibió un cerrado repudio de la comunidad periodística. Un comunicado de Fopea, que ya la semana pasada se había manifestado contra un eventual juicio de Clarín contra periodistas oficialistas, recordó que esa entidad profesional “estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión”, y reclamó a Echegaray que retire su millonaria denuncia. “El pecado de Matías fue sacar a la luz, primero por medio de notas periodísticas y luego en su libro Fuera de control (de Editorial Planeta), las huellas profundas que el doctor Ricardo Echegaray dejó en su paso por la ONCCA”, coincidió el Círculo de Periodistas Agrarios (CAPA). Hasta la Federación Agraria y la Sociedad Rural se solidarizaron: “No podemos naturalizar que un funcionario hable de una ‘campaña de difamación en su contra’ pidiendo una compensación millonaria al periodista que se animó a investigarlo”, señalaron las entidades.

6. Echegaray, que junto una docena de funcionarios de la ONCCA y la AFIP había sido imputado en una causa penal por las irregularidades en la ONCCA, lanzó su ofensiva contra periodistas a poco de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictará su sobreseimiento parcial en esa causa. De todos modos, los fiscales Ramiro González y Guillermo Noailles, titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), apelaron ese dictamen y la causa sigue en curso.

7. En el caso de Majul, el periodista había recibido otras presiones de la jefatura de la AFIP, que primero inició contra su productora una denuncia en el fuero penal tributario y luego lo enjuició a él mismo por supuesta falsa denuncia. En ambos casos, Majul ya fue sobreseído.

8. La labor periodística, y en este caso la cobertura de una actividad pública oficial llevada a cabo por un funcionario público designado por el Poder Ejecutivo Nacional, remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público, por ser “de utilidad de todo el pueblo o componentes de un grupo social, esencialmente vinculado con el interés del Estado y con el interés jurídico del mismo… [en tanto] tiene que ver a todo aquello que compromete a la sociedad jurídicamente organizada, apuntando a la subsistencia de las instituciones…” (D’Alessio, Código Penal, La Ley, Tº II, pág. 167). Se ha sostenido que: “en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” (CNACrimyCorrec, sala VI, cita online AR/JUR/847/2010).

9. Asimismo, la utilización de un medio de comunicación interactivo para exponer libremente ideas referidas a cuestiones de interés público supone -inexorablemente- la admisión de los valores de libertad y riesgo propios del uso -en el caso: el comentario o la serie de comentarios al texto recibidos según las posibilidades de la tecnología utilizada-. Es que “[l]os valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los emprendedores de la nueva economía determinaron una arquitectura abierta y de difícil control. Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio cuenta de la extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores encarnados en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet y libertad se hicieron para mucha gente, sinónimos en todo el mundo” (Molina Quiroga, “Contenidos publicados en Internet”, LL del 23/02/11).

10. El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. […] En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” ([CIDH, “Kimel vs. Argentina”, Se. del 02/05/08], párrafos 87 y 88).

11. La decisión de un funcionario público encaminada a demandar civilmente a dos profesionales de la prensa, bajo el eufemismo de “daños y perjuicios” supone la ejecución de un grosero mecanismo de auto censura -con claro efecto amedrentante y por ende paralizante- que resulta incompatible con la lógica de un sistema democrático; ofrece asimismo claros rasgos totalitarios y autoritarios que nada tiene de vinculación con un sistema republicano.

12. Y lo curioso del asunto es que la República Argentina hubo adherido por propia decisión soberana a la constelación normativa emergente de los Pactos Internacionales que forman parte integrante del bloque de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y además aceptó por idéntica decisión soberana la jurisdicción de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, siendo -entonces- que la misma Argentina queda virtualmente obligada a acatar los estándares jurisprudenciales que hubo trazado dicho organismo supranacional (ej. “Kimel”, entre otros), cosa que en ocasión del incidente bajo comentario hubo ignorado por cierto olímpicamente.

13. Se recuerda que la CIDH hubo revocado una sentencia dictada por la Corte Federal Argentina que había convalidado una condena de contenido patrimonial a partir de una demanda que –por daños y perjuicios- el ex Presidente doctor Carlos S. Menem había iniciado contra dos periodistas de la Editorial Perfil; basó su reclamo el doctor Menem en el hecho de que la tarea de investigación periodística llevada a cabo por esos dos hombres de prensa ( y basada centralmente en quien fuera luego reconocido por el mismo doctor Menem como su propio hijo, Nair Menem) había afectado su ámbito de privacidad , entre otras cuestiones.

14. Pues bien la CIDH revocó dicha decisión de la Corte Federal Argentina,l dando prioridad a la libertad de información, de expresión y de prensa, al considerar que el asunto tratado por la labor periodística refería a asuntos temáticos vinculados a un elemental interés público.

15. Por ello, y ante un elemental control de convencionalidad ( no tanto de constitucionalidad), los jueces en lo Civil deberían rechazar “in límine” la demanda incoada en este caso por el titular de la AFIP contra los periodistas Luis Majul y Matías Longoni, conforme los estándares normativos y jurisprudenciales trazados por el órgano supranacional a cuya autoridad y jurisdicción la República Argentina hubo, por propia decisión soberana, oportunamente adherido a partir de la reforma constitucional operada a partir de 1994, sin perjuicio de la ratificación legislativa reconocida hacia la CADH y la CIDH desde la reapertura el sistema democrático en la Argentina.

(*) Ex Juez en lo Penal Económico

Fuente: www.elinformadorpublico.com

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