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  JUSTICIA Y POLÍTICA CONTRA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA ARGENTINA
02/abr/2012 La abdicación judicial se había consumado, pues el juzgamiento de los delitos y conductas criminales le están reservados en exclusividad al fuero penal y no se deben sujetar a la opinión de órganos administrativos, interesados por cierto en despenalizar la actividad de su propio cuadro burocrático. Por: Eduardo R. Saguier
Fue la práctica del clientelismo y del patrimonialismo académicos, puntales de una enfermiza subordinación de la ciencia moderna a la política populista, la que incentivó la malversación de los caudales públicos. Al subsidiar proyectos personales en lugar de invertir en la infraestructura científica y artística (laboratorios, bibliotecas, archivos, museos, observatorios, conservatorios, centros de documentación y recursos electrónicos escaneados o digitalizados, etc.) se vino a consumar un enorme ilícito y una tragedia cultural. Como prueba de este desamparo, los recursos electrónicos que se ofrecen en la web por dichas instituciones culturales argentinas, contrastados con los que se ofrecen en los países vecinos como Uruguay y Brasil, revelan un atraso y un abandono alarmante, que ponen en evidencia cuán alejada está la administración del conocimiento de la vigencia de una democracia auténtica. Entre los funcionarios infructuosamente denunciados desde el 2005 en los organismos fiscalizadores (Fiscalía, Auditoría, Defensoría, Oficina Anti-Corrupción), y desde el 2010 en el fuero penal, se encontraban más de un centenar de directivos de los organismos científico-tecnológicos (coordinadores de la Agencia, miembros de los directorios y comisiones asesoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas-CONICET y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria-CONEAU y secretarios de ciencia de las universidades), identificados con nombre y apellido, los que manipulados por el actual Ministro Lino Barañao y la burocracia de la Agencia, actuaron como juez y parte interesada en la orquestación de una nomenklatura o mandarinato, y por consiguiente estuvieron flagrantemente incursos en delitos de acción pública (nadie puede ser juez en causa propia), ahora escandalosamente impunes. http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html
La orden de archivar la denuncia fue la triste culminación de un moroso procedimiento judicial, que se había iniciado en noviembre de 2010 (cinco años después de haberse formulado la denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas). Recién una vez que en 2010 decidí efectuar la denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, el Fiscal General Guillermo Felipe Noailles se propuso resucitar mi denuncia, culminando ésta con un contradictorio y tardío dictamen. El Fiscal Noailles concluyó en su fallo que: “…no ha podido detectar situaciones concretas que justifiquen la promoción de una actuación disciplinaria (la judicial ya ha sido iniciada, sin que de ella surjan elementos que permitan arribar a una diferente conclusión)”. No obstante este desdén para con la denuncia, el Fiscal Noailles comprobó contradictoriamente que en la Agencia existe “…un procedimiento que no parece reunir los requisitos básicos que garanticen la transparencia indispensable en el manejo de fondos públicos”. Más paradójicamente, el dictamen del Fiscal Noailles sostiene que este vicioso procedimiento de la Agencia se caracterizaba por “…la ausencia de un mecanismo claro que permita reconstruir el modo en que se aprobó la financiación de un determinado proyecto, y si en ese procedimiento han intervenido personas con intereses contrapuestos (coordinadores o co-coordinadores que eligen pares que podrían haber evaluado proyectos presentados por esos mismos coordinadores o co-coordinadores)”. http://www.salta21.com/Dictamen-de-la-Fiscalia-en-la.html http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/762627.php Asimismo, el archivo de la denuncia fue dispuesto en primera instancia seis (6) meses después (en abril del 2011) por un juez del fuero penal federal (Martínez de Georgi), quien manifestó en su fallo haber quedado demostrado “…que los distintos subsidios cuestionados por el denunciante fueron otorgados conforme a derecho, no habiéndose violado norma legal alguna”. Al no existir disposiciones que regulen de modo genérico un régimen de incompatibilidades “…y no haberse visto vulneradas aquellas que lo establecen para casos particulares”, el Juez Martínez de Georgi terminó observando “…que no nos hallamos frente a situación alguna que pueda resultar constitutiva de algún ilícito, no correspondiendo al suscripto [el juez] efectuar en consecuencia ningún tipo de reproche penal”. La insuficiencia del dictamen del Fiscal ha hecho que el juez sostenga que no puede resolver el caso. Las excusas abundan para evadir la investigación del caso. Independientemente de las valoraciones de índole moral o ética “…que puedan efectuarse de modo individual respecto de la percepción de subsidios por parte de las personas que ocupan los distintos cargos mencionados por Saguier en su denuncia –las cuales no corresponde tratar en el marco de la presente”, para el Juez Martínez de Georgi “…el hecho de que el otorgamiento de beneficios a tales funcionarios no se encuentre alcanzado por prohibición o restricción alguna, excluye la posibilidad de que el suscripto [el juez] pueda efectuar juicio de valor alguno al respecto”. En efecto, para el Juez Martínez de Georgi dichos funcionarios están exentos de respetar los principios generales del derecho entre los cuales inviste un carácter extraordinario la histórica norma de que nadie puede ser simultáneamente juez y parte o juez de su propia causa (Nemo Iudex in Causa Sua). Para Martínez de Georgi la simultánea condición de juez y parte interesada no constituye “…violaciones a disposición legal alguna, habiendo sido por el contrario adoptadas en el marco de las atribuciones otorgadas por las leyes vigentes, sin vulnerar ninguna disposición”. Más grave aún, la orden de archivo de la denuncia fue ratificada en segunda instancia otros seis (6) meses más tarde (en octubre de 2011) por la Sala II de la Cámara Federal Penal, integrada por los camaristas Irurzun, Cattani y Farah, la que ratificó el fallo del juez Martínez de Georgi, dando así piedra libre en el campo de la ciencia a un continuismo ocultador y malversador que ha infundido una mezcla siniestra de miedo y codicia en la comunidad científica. Tanto se ha generalizado el miedo que dicha comunidad científica se ha llamado a un profundo silencio, que ha afectado su competitividad y transparencia. En su fallo, la Sala II de la Cámara Federal Penal (Irurzun-Cattani-Farah) señala “…que el minucioso análisis de sucesos que fuera realizado por el juez de grado mediante el confronte de la cuantiosa documentación que corre por cuerda, y que este Tribunal comparte, exige análogo esfuerzo por la parte querellante, tanto en la demostración del error que invoca como en el acierto de la interpretación que propone”. Aparentemente, la Cámara (Irurzun-Cattani-Farah) ignora que la “cuantiosa documentación que corre por cuerda” fue provista en gran parte por el denunciante. Pero aparte de la ingratitud de no reconocer en esta materia el mérito del denunciante y luego querellante, para el criterio de la Cámara (Irurzun-Cattani-Farah) el querellante de un crimen en Argentina debe practicar todas las tareas propias de un detective, debe volverse una suerte de criollo Sherlock Holmes, aunque sin la disponibilidad de los recursos, derechos y garantías que gozan los detectives ingleses. A los ciudadanos y científicos argentinos no les asiste el derecho a la libre información que les permita ingresar a los archivos ministeriales. Más aún, la Cámara Federal (Irurzun-Cattani-Farah) asevera que “…resulta insuficiente a tal fin la enumeración de nuevas hipótesis delictivas y la invocación acerca de la necesidad de convocar a cuarenta y un [41] personas en la convicción de que el testimonio de ellos es indispensable para determinar su responsabilidad”. En suma, para la Cámara (Irurzun-Cattani-Farah) los hechos denunciados no ameritan siquiera una convocatoria de testigos.
A raíz de este evasivo como desertor fallo, llegamos a la conclusión que el Juez Martínez de Georgi y la Cámara (Irurzun-Cattani-Farah) decidieron abdicar de su jurisdicción y competencia, y que apelar ante la Suprema Corte era no sólo algo costoso --que estaba fuera del alcance del denunciante-- sino que equivalía a incursionar inútilmente en más de lo mismo. No obstante ello, la manifiesta privación de justicia sufrida exige que en homenaje a la democracia, la transparencia y la competitividad científicas en un futuro próximo se reabra la investigación judicial. La abdicación judicial se había consumado, pues el juzgamiento de los delitos y conductas criminales le están reservados en exclusividad al fuero penal y no se deben sujetar a la opinión de órganos administrativos, interesados por cierto en despenalizar la actividad de su propio cuadro burocrático. Esto sin perjuicio de señalar que el ámbito, el objeto, los fines y tareas de esos organismos administrativos mencionados por el Juez y los Camaristas son muy diferentes a los del juzgamiento y represión del delito, y particularmente el denominado “Comité de Ética [de la Secretaría de Ciencia y Técnica]”, que es una entidad impostada, un simulacro de legalidad, integrado por subsidiados de la propia ANPCYT . http://argentina.indymedia.org/news/2011/11/799800.php De resultas de la malversación de los préstamos del BID también se desató una grave injusticia. Mientras algunos científicos e intelectuales indiferentes o inescrupulosos se beneficiaron con los subsidios de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica o ANPCYT, creyendo que podían pasar desapercibidos; otros colegas que no se disciplinaron pasaron a integrar el Índex de los ninguneados y perseguidos; y otros, más apremiados, indignados o cansados de esperar, alimentaron la irrefrenable fuga de cerebros a las metrópolis centrales del mundo.
Sumadas a esas injusticias, de índole penal y moral, el actual gobierno ordenó crear intempestiva e inconsultamente un nuevo instituto de investigación científica: el Instituto Revisionista “Manuel Dorrego”, que persigue disciplinar un coro académico que se subordine a la actual visión gubernamental de la historia, populista y reivindicadora de la dictadura Rosista (1836-1852). Cabe señalar que este proceder es muy semejante a lo que pretendió el denominado Proceso (1976-1983) cuando la Academia Nacional de la Historia (que opera en la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación), a pedido del Ministro de Educación de ese entonces (Llerena Amadeo), dictaminó para uso de la docencia una interpretación del pasado que debía ser “occidental y cristiana” (La Nación, 30-V-1980). Esta interpretación racista y sectaria nunca hasta hoy mereció sumario alguno, ni tampoco fue convenientemente rectificada, ni las autoridades nacionales de los gobiernos democráticos –incluido el actual-- exigieron rectificación alguna. http://argentina.indymedia.org/news/2012/03/811589.php Contra este nuevo Instituto histórico, un numeroso grupo de intelectuales firmó en diciembre de 2011 una pública protesta: http://www.lanacion.com.ar/1429787-intelectuales-contra-la-historia-oficial Pero entre los firmantes del repudio al Instituto Revisionista, pertenecientes al campo de las ciencias humanas y sociales, se hallan numerosos beneficiarios de subsidios de la mencionada Agencia (que a su vez cobran sueldos como investigadores del CONICET a razón de AR$9.000 mensuales promedio o U$S 2.000 dólares), los que amén de callar la corrupción oportunamente denunciada en el fuero penal tampoco se manifestaron contra el ahora devaluado Ministro Lino Barañao de la misma forma que lo han hecho contra el responsable del Instituto cuestionado, Prof. Pacho O´Donnell. Incluso, entre sus firmantes se hallan quienes perteneciendo a la Academia Nacional de la Historia no han rectificado aún el sectario dictamen que se firmó durante el Proceso. http://argentina.indymedia.org/news/2011/12/805119.php El viejo, disimulado e interesado mutismo de estos firmantes los ha revelado como sumisos cómplices del antidemocrático pacto de silencio --que en parte explicarían la arriba señalada indiferencia del periodismo y los partidos políticos. La prueba de esta indiferencia cómplice la da la presencia de varios beneficiados con subsidios que son asesores de los partidos de oposición y periodistas de la prensa opositora. Por otro lado, su reciente impugnación colectiva los exhibe como despechados por haber perdido la hegemonía prebendaria en la actual ventanilla del poder y también los descubre desesperados por frenar la deserción de su propia feligresía. La resultante de todo ello ha sido una creciente anarquía y corrupción en el seno de la comunidad científica, donde más frecuentemente viene a sacar ventaja quien con oportunismo logrero tiene “palenque donde rascarse”.
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