BENEFICIOS A JUBILADOS SE VOTARÍA SIN SOBRESALTOS, EL BLANQUEO MÁS DISCUTIDO

Por: Aldo Norberto Bonaveri

@AldoBonaveri

@PregonAgro

Con los recientes proyectos ingresados al Congreso el Gobierno nacional ha recobrado la iniciativa política e impuesto la agenda. El tema más fuerte y que concita consenso generalizado, consiste en honrar las deudas con los jubilados, establecer las reglas de juego tanto para los que tienen sentencia firme, como así para los que están con juicio en trámite, e inclusive a la mayoría que teniendo haberes mal liquidados, no efectuaron el reclamo en sede judicial.

Tampoco les resultará fácil oponerse a los legisladores a la incorporación del subsidio universal a la vejez, el que beneficiará a todos aquellos adultos mayores que no puedan reunir los aportes necesarios para jubilarse, quienes percibirán mensualmente el equivalente al 80% de la jubilación mínima, adquiriendo de pleno derecho la prestación social pertinente.

Aunque emparentados en la financiación de las iniciativas sociales referidas, los otros tópicos de la “ley ómnibus” concentrada en un solo proyecto con más de 600 artículos, son de corte económico: El blanqueo de Capitales y Ventas de acciones del Anses (si fuera menester, para saldar las deudas con los jubilados).

Simultáneamente, el Gobierno central dispone la transferencia de $ 38.000 millones a las provincias y, efectiviza la primera cuota de $ 5.000, en concepto de devolución de los fondos de las obras sociales retenidos en los últimos 12 años a los sindicatos. Componentes que aportan soluciones y distienden tensiones en un momento crucial.

Lo voluminoso del proyecto y la composición de ambas Cámaras presagian un prolongado tratamiento y, que muy posiblemente requiera introducir modificaciones. Seguramente no presentará mayores reparos en lo inherente a la reivindicación de los jubilados, pues ello constituye una asignatura pendiente de magnitud y, un acto de justicia irrefutable. El camino no estará tan allanado cuando las consideraciones pasen por el blanqueo y las acciones del Anses. De cualquier manera un rápido tratamiento no demandará menos de 45 días.

El Gobierno sin mayoría propia en las Cámaras, hasta el momento ha manejado hábilmente el trámite parlamentario, con un traspié en la votación de doble indemnización, que derivó en el veto y con un costo político menor al que esperaban las huestes opositoras, especialmente el Frente para la Victoria, cada vez más desdibujado como consecuencia directa de las múltiples denuncias de corrupción, que hacen inocultable las responsabilidades de altos funcionarios de la administración anterior, comprometiendo de sobremanera a la ex presidente CFK, sin que el oficialismo las esté motorizando.

Tras el anuncio del presidente y antes que el proyecto ingresara al Congreso, las primeras críticas partieron del mismo seno de la alianza oficialista, especialmente por la indómita líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y, en forma más moderada por integrantes del bloque de diputados de la UCR, que lidera el cordobés Mario Negri. El descontento de los aliados radicaba en que el blanqueo posibilitara el ingreso de funcionarios actuales y de la administración anterior.

La posición intransigente de Carrió no se circunscribe a funcionarios de los tres poderes del Estado, también requiere que el blanqueo este vedado para contratistas y concesionarios de la obra pública, como así también a personas imputadas en delitos contra la administración pública, aduciendo con fundamentos, que su participación compondría un acuerdo de impunidad.

Cabe consignar que la iniciativa original determinaba un esquema abierto, del que solo quedaban excluidas las personas procesadas por una lista de delitos y/o denunciadas por AFIP.

El Frente Renovador también suscribe a la posición de excluir del blanqueo de capitales a funcionarios públicos y contratistas de obra pública. Al respecto, el economista Aldo Pignanelli hizo conocer las objeciones de la fuerza liderada por Sergio Massa a un importante integrante del Gobierno, quien tomó debida nota de las observaciones planteadas.

El Gobierno que viene demostrando estar abierto a escuchar alternativas y aceptar variantes, dio un nuevo paso en esa dirección, admitiendo exceptuar del blanqueo tanto a los actuales funcionarios como los de la administración de Cristina Fernández. Pero en principio no quedarían excluidos los contratistas del Estado, situación que podría verse modificada en las arduas negociaciones que se avecinan.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN TIENE EN SUS MANOS UNA REPARACIÓN HISTÓRICA.