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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoREEDICION – El duro debate por la modificación de la ley de semillas
05/oct/2012

Es menester lograr un equilibrio y tampoco corresponde consentir la hegemonía de grupos dominantes; en consecuencia resulta fundamental que se procure arribar a un entendimiento equitativo, que garantice los derechos de propiedad intelectual, sin condicionar las facultades de los productores.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

Twitter: @AldoBonaveri

@PregonAgro

Seguramente el pre proyecto de modificación de la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, constituirá un debate sustancial para el sector, que si bien se dirimirá en el Congreso de la Nación, involucrará a los diferentes actores de la cadena agropecuaria. Los alcances de la norma creada en 1973 vienen siendo discutidos desde hace varios años y, si bien en distintas oportunidades se pensó que sólo bastaría con reformar el decreto reglamentario, los cambios que se pretenden introducir por estos días, están requiriendo una adecuación más profunda; al menos es lo que interpretan en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La iniciativa se viene debatiendo en el seno de la Comisión Nacional de Semillas “CONASE”, (órgano asesor del ministerio) y, evaluada en diferentes talleres de trabajo organizados por la cartera de marras, de los que participaron diversos exponentes de la cadena, quienes han tenido así la posibilidad de efectuar sus consideraciones y aportar sus puntos de vista.

La necesidad de introducir modificaciones en la Ley de Semillas no es desconocida prácticamente por ninguna de las partes; no obstante las disidencias emergen a la hora de especificar los puntos a reformar.

Con el bosquejo avanzado se van pergeñando reivindicaciones reclamadas por las empresas semilleras nucleadas en la Asociación Semilleros Argentinos “ASA”, especialmente aquellas propietarias de eventos biotecnológicos, que están abogando por la protección de sus patentes.

Uno de los tópicos clave que se está barajando es la restricción al “uso propio”, concepto contemplado en la legislación vigente, que exime en muchos casos a los productores de pagar las regalías requeridas por los criaderos obtentores, al utilizar semillas por ellos cosechada. Actualmente el sistema contempla que partiendo de la adquisición de semilla original o fiscalizada esa práctica sea gratuita, en tanto los criadores procuran que la autorización pase a ser de carácter onerosa.

Cabe consignar que el uso propio o "excepción del agricultor", se utiliza masivamente en nuestro país en las especie autógamas (las que se auto fecundan, por lo que no necesitan ninguna planta de la misma especie reproducirse), tales como la soja y el trigo, cuya particularidad hace que las generaciones posteriores preserven sus características genéticas y mantengan el nivel de rendimiento. A la inversa, las alógamas; maíz, sorgo y girasol son de polinización abierta o cruzada, (fecundadas a través de la transferencia del polen de la flor de una planta a otra por medio del el viento, insectos, u otros agentes.)

Sin duda el uso propio fue concebido con buen criterio, pero al mismo tiempo generó zonas grises, puesto que la ley 20.247 no definió los alcances del derecho de propiedad sobre los cultivares y, el artículo 27 de la referida norma, no es lo suficientemente contundente al respecto, a la vez que el decreto 2183/95, establece que “no se requerirá autorización del obtentor de una variedad, cuando un agricultor reserve y use simiente en su explotación, cualquiera sea su régimen de tenencia”. Tal imprecisión a permitido que mediante subterfugios que esgrimen como pretexto “la excepción del agricultor”, se hayan practicado abusos, multiplicación ilegal de semilla y fomentado el uso de la bolsa blanca.

Actualmente el uso de semilla de soja certificada sólo alcanza al 30%; un registro realmente exiguo, puesto que sobran elementos que advierten que el uso propio real no asciende al 70%; lo que está indicando que se está realizando comercialización de simiente en manera irregular, factor que además de afectar la formalidad del negocio y sus implicancias legales, perjudica también a los semilleros multiplicadores que cumplen con los requisitos y tributan las regalías correspondientes.

El anteproyecto de marras indica que el Instituto Nacional de Semillas “INASE” anotará de oficio como exceptuados a los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar “RENAF” a la fecha de la promulgación de la ley. Siendo oportuno señalar que quienes revisten esa condición son productores de escala muy chicos, empadronados en el área del nuevo subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, conductor del Movimiento Evita. En otro pasaje el borrador prevé que el INASE o la autoridad que lo supla "resolverá sobre la inclusión, eliminación y o continuidad de cada agricultor en la categoría de agricultor exceptuado".

Si bien la desconfianza sobre la incidencia que podría tener el uso propio se instala en la mayoría de los dirigentes ruralistas, la posición de las entidades agropecuarias presenta hasta ahora diferencias notorias. Sobre el particular la oposición más elocuente se advierte en Federación Agraria Argentina, la que por nota le anunció al ministro Yahuar que se retira de la mesa de discusión del tema aduciendo sostiene que “el gobierno no abre el debate sino que sigue la letra de los intereses de las multinacionales.” Para en otro párrafo sentenciar “No podemos convalidar con nuestra presencia la entrega de la soberanía nacional en materia de semillas, ni la consolidación de la propiedad privada sobre la diversidad biológica y el patentamiento de la reproducción natural de las simientes”.

Con menor énfasis pero con semejante negativa se pronunció la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa “CARBAP”, sosteniendo que la excepción del agricultor debe ser gratuita. Por su parte la Sociedad Rural Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria “CONINAGRO” no descartan el anteproyecto en cuestión, pero entienden que el royalty que se pague cubra tanto al germoplasma así como a los eventos que contengan las semillas (algo que aún no está definido, pero en la aspiración de los obtentores están ambos cargos)

Con el propósito de aplicar un concepto objetivo, me atrevo a decir que el uso propio debe modificarse, seguramente corresponde hacer recortes, pero tampoco dejarlo reducido a la mínima expresión, por lo cual debería encontrarse un criterio más equitativo, que lo reglamente de una manera práctica y precisa, existiendo varios caminos para ello, por ejemplo: superficie de la explotación, correlato de la superficie autorizada con la semilla certificada adquirida en la campaña anterior, establecer un máximo de hectáreas razonables, etc.

Es evidente que los avances biotecnológicos que vienen sucediendo en el mundo con ritmo acelerado exigen un replanteo, un país eminentemente agroalimentario no puede prescindir de tan significativa evolución, ni perder competitividad respecto a otros que han resuelto sus diferencias. La aparición de eventos con genes apilados (en el mismo material se logra resistencia a herbicidas, insectos y sequía) constituyen ya el futuro inmediato de la agricultura. Naturalmente que es menester lograr un equilibrio y tampoco corresponde consentir la hegemonía de grupos dominantes; en consecuencia resulta fundamental que se procure arribar a un entendimiento equitativo, que garantice los derechos de propiedad intelectual, sin condicionar las facultades de los productores.

Como cualquier negociación con puja de intereses, las partes deberán entender que no se logrará el consenso si ninguno está dispuesto a resignar un ápice. Seguramente el debate se tornará irremediablemente fuerte, pero la intransigencia de los actores debe deponerse; es evidente que un cambio en el sentido propuesto está más en consonancia con lo regulado en otros países, no obstante tampoco es racional dejarlo al libre albedrío de los más poderosos, por lo tanto más que oponerse, la discusión debería encaminarse al cuanto y al como.

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