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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoREEDICION: 2006, el sector agropecuario y el gobierno
05/ene/2006

El 2005 merced a la formidable dinámica aportada por el campo, se consumaron incrementos importante en la producción de grano, leche y carnes, con lo que se produjo un considerable aumento de divisas y  mayor recaudación impositiva.  El sector agropecuario además de tecnificarse y adoptar las tecnologías que le posibilitaron consagrarse como el más eficiente, participó protagónicamente en el desarrollo del país, sin recibir por ello el reconocimiento del gobierno nacional

Por: Aldo Norberto Bonaveri

Al finalizar un año y comenzar otro, se torna en un momento adecuado para formalizar las consideraciones del que se fue, en tanto que caben efectuar las interpretaciones del que viene, en base a los ponderables que tenemos posibilidades de evaluar.

La primera lectura me lleva a pensar que difícilmente este y el anterior tengan un comportamiento semejante en la economía del país en general, y del sector agropecuario en particular, esto básicamente, como consecuencia directa de la sequía generalizada que afecta la mayor parte del territorio nacional, cuyos efectos impactarán fuertemente en el ingreso de divisas para el país, la perdida de rentabilidad primordialmente de la actividad agrícola, con balances que en muchos casos se vislumbra cerrarán en rojo.

Esta contingencia, que salvo la sequía del 2003 no expresaba masivamente en las últimas décadas, viene a poner en la superficie una posibilidad concreta, que producto de un ciclo prolongado muy favorable climáticamente que a Dios gracia, favoreció a Argentina, da la sensación que no figuraba en las conjeturas de muchos, especialmente de quienes tienen la facultad de establecer políticas tributarias. Con situaciones como esta, con las derivaciones que seguramente se expresarán durante el 2006, quedará evidenciado que el agropecuario no es una parte de la economía comparable con otras actividades; cuando caen las ventas en la industria, en el comercio, o en los servicios, se experimentan los perjuicios naturales de los menores ingresos con todo lo que ello implica, para atemperar el problema cuentan con la herramienta de disminuir el stock de materia prima, compatibilizar la reposición de mercaderías con la salida de las mismas, o morigerar los desplazamientos, según sea el caso. En el agro la cosa es distinta; como en los casos antes mencionados, disminuye la producción, pero los gastos de implantación son los mismos, en tanto se incrementan los costos en rubros como la ganadería, donde las erogaciones adicionales de forraje incrementan en definitiva el valor del producto.

Para sumarse a este panorama poco alentador, debemos tener presente que el presupuesto recientemente aprobado trae aparejado un incremento de la presión tributaria, la que crece efectivamente con respecto al Producto Bruto Interno “PBI”. Si a ello le agregamos que Argentina viene perdiendo porcentaje de inversión externa, la que prefiere otros mercados más previsibles, como a los capitales le resultan Brasil, Chile o México, con lo que el crecimiento de la economía seguramente será sensiblemente menor que la registrada en los tres últimos años.

El 2005 merced a la formidable dinámica aportada por el campo, se consumaron incrementos importante en la producción de grano, leche y carnes, con lo que se produjo un sustancioso aumento de divisas y mayor recaudación impositiva, en síntesis, el sector agropecuario además de tecnificarse y adoptar las tecnologías que le posibilitaron consagrarse como el más eficiente del planeta, participó protagónicamente en el desarrollo y la evolución del país, sin recibir por ello el reconocimiento del gobierno nacional, quien lejos de establecer una disminución de las retenciones a las exportaciones en productos de baja rentabilidad, tal como lo fueron el maíz, el trigo o las producciones regionales, no tuvo miramientos en aumentarlas para productos lácteos y la carne, ni bien estos comenzaron a tener valores compensatorios, a poco tiempo de dejar atrás momentos muy duros y adversos para ambas actividades.

El presidente de la nación, haciendo gala una vez más de su adicción a los decretos de necesidad y urgencia, en un acto ampuloso, anunció su determinación de pagarle anticipadamente al FMI, sin pretender analizar aquí el acierto o el error de tan trascendental medida, lo que asombra es ver como aplauden fervorosamente dicha determinación, los mismos que victorearon a Adolfo Rodríguez Saa cuando frente a la Asamblea Legislativa proclamó la cesación de pagos.

Si la osada decisión de Néstor Kirchner es tan acertada como el y sus adláteres lo sostienen, o si resulta tan negativa como sus opositores vaticinan, se dilucidará con el tiempo, pero lo que si se puede inferir es que este acontecimiento, más la prórroga de los impuestos de emergencia, con el agregado de la no elevación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, la recurrente delegación de superpoderes por el Congreso a favor del Jefe de Gabinete de Ministros, no traerá cambios beneficiosos en la política económica y tributaria para el agro, lo que puede avizorarse es que de producirse alguna modificación, esta tendrá que ver con mayores exigencias fiscales.

Conocida es la poca predisposición existente para escuchar los reclamos de la gente del campo, es por ello que será menester que la dirigencia ruralista unifique todo lo posible sus esfuerzos, para hacerles comprender tanto al equipo económico como a los legisladores nacionales que no es lo mismo la rentabilidad agropecuaria para todas las regiones, ni para todos los cultivos o actividades productivas. Resultará fundamental que quienes tengan capacidad de decisión o posibilidades de influir sobre estos, se convenzan que la estructura de costos de las economías regionales responden a características muy especiales y por lo tanto no tan simples de cotejar. Importante resultará que los interlocutores entiendan que estas son las que aportan aproximadamente el 70% del trabajo agrario del país, constituyéndose en pilares de desarrollo en las zonas donde están emplazadas. La eliminación de las retenciones en productos específicos como algodón, frutas, olivo, carnes alternativas o no tradicionales, etc., más una reducción en granos menos competitivos, tal como lo refleja algún proyecto ingresado a la cámara baja, no constituye para el erario nacional más que un 2 o 3% del total aportado por las retenciones agropecuarias en su conjunto. Si bien esto no es la solución para el sector, sería un punto de partida significativo solucionando los problemas de los nichos más susceptibles o afectados.

Este año serán los efectos de la sequía, (tema insoluble si los hay) , otrora la perversidad de una convertibilidad sostenida artificialmente. Lo cierto es que el sector parece horrorizar a quienes no conocen su problemática cada vez que surgen indicadores auspiciosos, generando una psicosis de utilidades superlativas. Lamentablemente no se establece el mismo grado de sensibilidad cuando se manifiestan sus infortunios; da la sensación que la memoria de los que tienes responsabilidad de conservarla, hayan olvidado que tres años atrás se liquidaban tambos, remataban campos y deshacían rodeos de genética calificada, tampoco parece recordarse el importante número de productores que en la década pasada sucumbió fagocitado por el sistema.

El superávit fiscal que el gobierno supo conseguir, es sin duda factor gravitante en la arquitectura de la economía nacional, pocos discuten que fue un medio efectivo en la táctica de Lavagna, ( y que las nuevas autoridades del palacio de hacienda están con el propósito de profundizar) , pero este recurso no puede constituirse como un fin en si mismo para resolver la mayoría de los aspectos centrales de la economía. Es preciso implementar políticas correctoras de los vicios e inequidades de la coyuntura imperante, tales como; eliminación y/o considerable disminución de la tasa del IVA en los alimentos que conforman la canasta familiar, (sobresaliendo en este aspecto el tópico de la harina, cuyo régimen actual desvirtúa la transparencia en el proceso comercializador del trigo) desbaratar la todavía considerable competencia desleal ejercida por comerciantes y operadores marginales, quienes además de burlar los tributos nacionales y provinciales, perjudican ostensiblemente a la empresa privada que opera formal y regularmente, con todas las obligaciones que el estado le establece. Hay asignaturas que no admiten postergaciones para comenzar a pergeñar estrategias a mediano y largo plazo, para citar algunas casos puedo mencionar; la sanción de la ley de biocombustibles, (la que inconcebiblemente sigue siendo postergada en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados) o la implementación de un Plan Ganadero Nacional.

Es legítimo que el gobierno apelando a la solidaridad, requiera un esfuerzo superior a los sectores con mayor capacidad contributiva, y el agro no puede desentenderse de las obligaciones que a esos efectos le compete. Pero cada cosa en su lugar y dentro de la lógica y la racionalidad. Las más altas autoridades no pueden soslayar el dialogo o no practicarlo fecundamente con un sector que significa la columna vertebral de la economía nacional, que contribuye con recursos genuinos y ostenta una importancia tributaria fundamental. Está bien que los productores no hayan escatimado en realizar grandes inversiones y adoptado los desarrollos tecnológicos que optimaron la competitividad, subsanando determinados parámetros de la ecuación de costos, pero estos esfuerzos requieren ser valorados y por lo tanto sus inquietudes escuchadas y analizadas.

Justo es reconocer que el gobierno tuvo aciertos notorios en materia económica y supo negociar con dignidad la deuda externa, así lo entendió el pueblo al brindarle su apoyo en las elecciones del 23 de octubre. Pero también el presidente debe aceptar que la oposición tiene un rol muy importante en el andamiaje de la democracia, es imperioso que el primer mandatario y su acólitos adviertan que se debe respetar al congreso y a las instituciones fundamentales de la República. El triunfo en las urnas da derechos, pero estos no autorizan a establecer hegemonías, ni descalificar a adversarios políticos, o a periodistas que objetan la calidad institucional o simplemente piensan distinto.

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