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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoREEDICION – No se puede caer en el error de una aplicación masiva e indiscriminada
21/nov/2011

Las correcciones deben practicarse, aquellas que pueden ejecutarse de inmediato no tienen razón para dilatarse, pero es menester estudiar muy bien para no cometer grandes injusticias, ya que son muchos los casos que no se pueden determinar por zona geográfica o, por generalidades que no siempre son simples de discernir.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

Twitter: @AldoBonaveri

En economía es posible demorar decisiones, estirar plazos, encubrir realidades y desvirtuar variables; pero nada de ello puede hacerse en forma permanente. El diferimiento de la adopción de medidas correctivas es un recurso que poseen los gobiernos, para evitar que bruscas oscilaciones alteren planes trazados o, repercutan drásticamente en perjuicio de la población. Pero lo que no deben hacer las autoridades es desconocer el problema y, en consecuencia, demorar la planificación de una estrategia que contemple objetivos, plazos tentativos, gradualismo y la generación de condiciones adecuadas para contrarrestar efectos negativos. Los desequilibrios se alcanzan a entender en forma circunstancial, pero de ninguna manera permitir que se conviertan en falencias estructurales.

Cuando al iniciar su mandato Néstor Kirchner dispuso la instrumentación de subsidios, se trataba de una determinación atinada, pues la crisis del 2001 impedía aplicar un reajuste de tarifas conforme a los sacudones económicos de entonces; lo que además de resultar inviable afrontar para buena parte de los argentinos, ameritaba un profundo estudio, habida cuenta de las ganancias escandalosas que otrora habían cosechado las empresas prestadoras de servicios, merced a la descontrolada privatización de los noventa.

En virtud de lo expresado y, teniendo en cuanta que hasta finalizar el 2006 la inflación estuvo controlada, el mantenimiento de aquellas pautas no generaban inconvenientes e, inclusive la magnitud de las subvenciones por las mismas razones tampoco resultaban relevantes. Hasta allí, la intervención del Estado era justificada y, prácticamente no recibía objeciones su vigencia. Claro está, que tres años y medios de recuperación y tranquilidad, constituían condiciones muy propicias como para estudiar un plan a implementar a futuro, máxime considerando que producto del crecimiento de la economía, se tornaba previsible que el déficit energético que ya comenzaba a evidenciarse, se potenciaría palmariamente en el mediano plazo, razón por la cual la concreción de inversiones en el sector correspondían asumirlas como prioridades indefectibles.

A partir de 2007 el contexto se va transformando progresivamente; la economía siguió creciendo en forma sostenida a tasas del 8 y 9% anual, lo que resaltaba cada vez más los problemas energéticos, a los que lejos de asumirlos, los responsables se empeñaron en relativizar; la inflación comenzó a ser preocupante, pero la “solución” implementada fue que el INCEC la desconociera, dibujando la suba de precios a gusto del inefable Guillermo Moreno; a su vez, las prestadoras de servicios públicos y el transporte requerían cada vez más auxilio oficial, dado el congelamiento de tarifas imperantes.

Inexplicablemente transcurrieron cuatro años más sin asumir la realidad, lejos de ello el discurso se basó en la “profundización del modelo”. Y ¿Cuál era el modelo?: Cada vez más subsidios, llegando este año a totalizar la friolera de $ 75.000.000.000, un déficit en la balanza comercial energética dado el aumento de la demanda, el mayor precio de los combustibles, más la merma en la producción, que en 2012 que rondará en $ 20.000.000.000 y, una inflación que oscila entre el 25% y el 27% anual, pero cuyo inconveniente mayor es que los bienes aumentaron el sustancilemente dólares con lo que ello implica.

Ante semejante cuadro de situación, la presidenta Cristina Fernández decide dejar de lado el discurso de campaña y, en determinación tan racional como imprescindible, dispone dar un giro substancial en su política de subsidios. Más allá de los maquillajes con que se pretende minimizar los efectos que repercutirá en el bolsillo de millones de argentinos. Disimular los problemas ya es imposible y el costo de no haber tomado las medidas en forma programada será significativo.

Cabe consignar que la presidenta viene manejando la situación de la mejor forma posible, inteligente fue al anunciar el primer paso, cuando los beneficios se quitarían sobre bancos, financieras, compañías seguros y telefonía celular, juegos de azar, mineras, aeropuertos y puertos. A muy pocos podría caerle mal que estos sectores siguieran gozando de tan insólitas franquicias. En cambio la mayoría de la población recién toma consciencia que el los “subsidios eran para todos”.

Luego, aprovechando el fuerte espaldarazo recibido en las urnas, convocó a las entidades empresarias para comentarles que los recortes de las subvenciones serían mucho más amplios, inclusive aprovechó la oportunidad para que asimilaran los efectos que tendría sobre sus propios intereses. La evidencia es tal, que esta dirigencia no tiene argumentos como para cuestionar el achicamiento de un gasto público que en el último año se acrecentó en más de un 33%.

En la reunión de marras se notificó que había llegado el turno a las grandes empresas, principalmente a las pertenecientes a los rubros petroleros, gasíferos, aceiteras y agroquímicas. Ello significará un ahorro efectivo para el estado de $ 3.468.000.000. A lo que se agrega la eliminación de las prerrogativas por el mismo concepto a barrios capitalinos de elevado poder adquisitivo, tales como Barrio Parque, Puerto Madero, Recoleta y sectores de Palermo, idéntico criterio se empleará para los moradores de countrys.

Hasta este momento no se advierte en la población mayor preocupación, pero ese estado no es seguro que se mantenga inalterable. La razón es que el recorte de los subsidios en agua, luz y gas es mucho más amplio aún, Cristina Fernández tiene como objetivo que la reducción de las subvenciones en los rubros citados no bajen de los $ 20.000.000.000. Sin duda de lograrse ese propósito se registrará una recomposición importante de las cuentas públicas, no obstante ello implica trasponer los límites naturales de contribuyentes aventajados.

La medida seguirá por los partidos de mejor ingreso del conurbano bonaerense, para luego extenderse a las provincias. No hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta en tanto y en cuanto se extiende el universo de personas comprendidas por sus alcances, las posibilidades de afectar a ciudadanos que no están en condiciones de enfrentarlo son mayores. Aún no se conocen los detalles de la implementación, ni están definidos los criterios que prevalecerán a la hora de resolver los casos no tan diáfanos de justipreciar.

Todavía no existe un conocimiento acabado de la magnitud, empero se sabe que el retraso tarifario según jurisdicción y servicio fluctúa entre el 200% y el 400%, siendo mucho más notorio en la Capital y el Gran Buenos Aires, donde en energía están abonando por el mismo consumo entre el 35% y el 40% de lo que se paga en Santa Fe o Córdoba.

Además no se puede soslayar otro aspecto que por cierto no es menor. Las empresas provinciales de energía han sido víctimas del sistema de tarifas congeladas, si bien el costo del fluido eléctrico ha sido morigerado por el sistema imperante, las erogaciones de sueldos y otros insumos han seguido las reglas del mercado, en consecuencia varias de ellas hoy padecen déficit más que significativos, en razón de ello tenían en carpeta aumentos de tarifas que fluctuaban entre el 20% y el 25%, repartidos en dos etapas. El trastorno no es tampoco ajeno a las Cooperativas del rubro, que en su mayoría vienen trabajando a pérdida por la misma causa. Por ende cabe el interrogante ¿se sumará la quita de subsidios al incremento de tarifas?

Que se sinceren las tarifas no debería ser cuestionable, pues este es un patrón que rige en la mayoría de los países del mundo, además de ser un concepto inobjetable de la economía. Q ue la situación reinante no podía extenderse por más tiempo es innegable, empero no se puede pretender cambiar abruptamente de la noche a la mañana la ecuación para todos los sectores, sin modificar otras variables que inciden en los ingresos generales de dichos segmentos.

Conforme a los anuncios oficiales, la medida no será aplicada para los más vulnerables, citando expresamente a los que perciben la Asignación Universal por Hijo y jubilación mínima o, quienes estén comprendidos en alguna categorización especial por razones sociales. Pero no se puede desconocer que son muchos los argentinos que sin estar encasillados en tales categorías no están en condiciones de afrontar aumentos de magnitud.

Las correcciones deben practicarse, aquellas que pueden ejecutarse de inmediato no tienen razón para dilatarse, pero es menester estudiar muy bien para no cometer grandes injusticias, ya que son muchos los casos que no se pueden determinar por zona geográfica o, por generalidades que no siempre son simples de discernir.

El Gobierno tiene que hacerse cargo del manejo equivocado que practicó hasta el presente. Tantos años subvencionando el juego y a grupos concentrados, a personas pudientes que regulaban la refrigeración o la calefacción abriendo o cerrando las ventanas. Mucho fue el tiempo transcurrido que el ingreso de legiones asalariados y jubilados se encubriera con subsidios; de pseudos empresarios que vivieran de ese recurso y, cuantas sospechas que generaron repartijas arbitrarias.

En consecuencia, no se puede caer en el error de una aplicación masiva e indiscriminada, pasible de inequidades irreversibles.

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