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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoREEDICION: Es necesario resolver el problema de las regalías
05/nov/2005

La discusión del tema no ha logrado arribar a un consenso pese a los años que lleva analizándose, el tratamiento profundo con la participación de todos los sectores de la actividad, como de los poderes del estado, es un imperativo que no admite postergaciones.

Por: Aldo Norberto Bonaveri 

El problema irresuelto de los derechos de propiedad en Argentina en materia de semillas, es una cuestión muy seria que requiere deba ser abordado en profundidad, con la participación en la consideración y el debate de todos los actores involucrados directa o indirectamente, como así también de autoridades competentes, tanto ejecutivas como legislativas. Es menester que cada uno de los sectores comprendidos en la temática, además de sostener los derechos que entiende lo asisten, comprenda que las demás partes también los tienen y fundamentalmente, que como país serio de que decimos queremos ser, debemos saber concertar una solución integral, racional, de sencilla aplicación, sujeta a derecho, que incorpore efectivamente al sistema a los marginales (o de lo contrario los elimine definitivamente), pero al mismo tiempo que no consienta abusos, monopolios ni hegemonías. Es preciso que cada sector reconozca que en la desnaturalización y anarquía imperante, a todos les cabe una cuota de responsabilidad, al mismo tiempo, necesariamente deberá existir grandeza para interpretar que por sobre los intereses sectoriales debe imperar los nacionales en base a un equilibrio.

Con seguridad que no resultará factible encontrar la perfección, no caben dudas que cualquiera sea la solución que se alcance habrá expectativas insatifechas, por lo tanto es preciso que quien de una u otra manera están comprendidos en esta cuestión lleguen a comprender lo siguiente:

· Los derechos de propiedad intelectual no pueden ser desconocidos, pero ello no significa que se convalide la aplicación de regalías abusivas y condiciones leoninas.

· El uso propio constituye una potestad que tiene el agricultor, no obstante esto tiene límites concretos y no debe tolerarse su desnaturalización, menos aún debe consentirse que bajo esa pantalla se canalicen operaciones clandestinas.

· Los multiplicadores de semillas constituyen una arista importante del sistema, por lo que la adecuación del mismo debe contemplarlos, al tiempo que este eslabón de la cadena debe saber que tal definición, más que una prerrogativa es una obligación de constituirse en fiel defensor de la legalidad.

· Es válido que la dirigencia rural tenga principios y defienda la filosofía que profesa, ello no convalida que se adopten posiciones intransigentes o contaminada con preconceptos, mucho menos aún tendría que desvirtuarse con estrategias dilatorias.

· El estado a través del INASE (a quien debe dotarlo del equipamiento técnico y material humano) además de asumir una firme decisión política, tiene la facultad y la obligación de establecer los controles correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley, con lo que no podrá declinar la tarea de verificar a los operadores inscriptos, pero el mayor énfasis lo deberá poner en la detección y exclusión de los marginales.

Para entender mejor el presente, es preciso conocer los antecedentes, si hacemos una síntesis de los mismos podemos advertir que la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Citogenéticas, resultó un instrumento muy adecuado para organizar y determinar roles, derechos y obligaciones, en forma gradual funcionó bien por más de 20 años, fue promulgada en 1973 por lo que hoy producto de nuevas realidades, probablemente amerite alguna modificación, sin que estas innovaciones cambien el espíritu de la norma.

El régimen instaurado contó con un desempeño aceptable hasta la campaña 1996/1997, oportunidad en que el expendio de rótulos por parte del INASE, determinó por entonces una cobertura del 50% con categorías fiscalizadas en las principales autógamas. Desde entonces se produce la destrucción del sistema en forma inexorable, en especies como soja, trigo y papa, la utilización de semilla fiscalizado ronda en los últimos años en 18 a 20%, en maní es del 23%, en tanto en arroz y avena el empleo de simiente certificada esta dentro de del 10 y15%. Tamaña anarquía, no solo es consecuencia de la impunidad que encuentran los operadores marginales, sino producto de la desmoralización y competencia desleal que sufren a los comerciantes responsables que tienen la voluntad y el convencimiento de mantenerse dentro de las prescripciones establecidas por la ley, brindando las garantías de calidad e identidad que debe ofrecer toda semilla expuesta a la venta bajo cualquier concepto. También constituye un desaliento a las inversiones de desarrollo de programas de fitomejoramiento, con lo que se ven condicionadas las posibilidades de disponer a futuro nuevas y mejores variedades de las especies afectadas.

En un intento por robustecer las normas imperantes en su fugaz paso por la presidencia del INASE del Ing. Oscar Costamagna fogoneo la idea de aplicar una pequeña retención a la primera venta de granos, en concepto de regalías, con lo cual los productores pasaban a aportar a un fondo, cuyo destino era la distribución entre los obtentores de los cultivares. Esta iniciativa contemplaba un reintegro del 100% de la referida custodia, para aquellos productores que pudieran acreditar que la producción resultaba derivada de simiente fiscalizada. Esta propuesta era una variante del proyecto denominado “Regalía Global” que sobre el particular desde tres años antes venía sustentando el Comité Interprovincial de Multiplicadores de Semillas “CIMS”, cuyo ideólogo era su entonces presidente el Ing. Carlos Dobal.

Este último modelo, al ser presentado en general recibió buena acogida por distintos actores (semilleros, obtentores, asociaciones de productores y funcionarios del estado), con las naturales reservas que toda innovación suele suscitar. Entre sus fundamentos substanciales se destacaban:

· Con una alícuota mínima del 0,75% aplicable a al primera venta del cereal, se garantizaba una justa retribución (nunca antes alcanzada) para preservar los derechos de propiedad de los obtentores.

· Con menores costos para los agricultores que operaban dentro de la legalidad, al tiempo que traía aparejado una equidad con quienes los hacían en forma marginal, todos los productores podían disponer de los avances del mejoramiento genético, con todas las garantías y resguardos que ofrece el circuito legal.

· Al no pesar el gravamen del royalty, la diferencia entre la semilla fiscalizada y la bolsa blanca sería mínima, razón por la cual esta no tendría razón de ser.

· Sencilla recaudación; eliminación de la competencia desleal; mejor aprovechamiento de los recursos humanos del INASE, puesto que en lugar de abocarse a la infructuosa tarea de descubrir las anomalías, podría acentuar los controles sobre la excelencia de la calidad de la simiente expuesta al productor.

Estos argumentos aparentan sólidos y dejan la sensación de solucionar gran parte de los puntos oscuros que evidencia el sistema vigente, si esto es así ¿Cuáles son las explicaciones que finalmente generan un nivel de oposición al proyecto?. Al respecto, resulta conveniente interpretar algunos factores internos, ideológicos y coyunturales que aún cuando no tenían interrelación entre si, convergieron para generar las resistencias que concluyeron haciéndole perder gravitación:

· Los obtentores en general veían con buenos ojos la propuesta, puesto que esta les solucionaba el problema de rentabilidad a la investigación, pero esa no era ni es la posición de Monsanto, que como quedó después demostrado, en razón de su posición dominante, pretende un reconocimiento por patente (no previsto en la legislación nacional). Por lo tanto la ponderosidad de la propietaria del gen RR en ASA y ARPOV, determinó que estas no acompañasen finalmente la propuesta del CIMS.

· Pagar una gabela difícilmente se haga voluntariamente, esa lectura de la realidad influyó para que aún cuando se considerara la solvencia de los criterios, no se hiciera demasiado por cambiar las reglas de juego por parte de los sectores de la producción.

· El proyecto en cuestión es anterior a la salida de la convertibilidad, una vez que esta estalló y se aplicaron las retenciones, la dirigencia ruralista se negó sistemáticamente en adherir ha cualquier esquema que contemple tal posibilidad.

Lo cierto es que la situación sigue sin resolverse, Monsanto juega fuerte y amenaza embargar los envíos argentinos en destino, reclamando 15 dólares por tonelada por la soja que llegue a puertos del exterior. Ante esta pretensión, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Miguel Campos, planteó con firmeza su desagrado contrarrestando esos requerimientos, en los ámbitos que tiene oportunidad de hacerlo. En tanto las entidades que agrupan a los productores expresan su resistencia a las pretensiones de la multinacional, cada uno de ellas aportan sugerencias propias, pero no consiguen pergeñar un proyecto común.

Los tiempos se están agotando, el tratamiento profundo con la participación de todas las expresiones de la actividad es un imperativo que no admite postergaciones.

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