Elusión, evasión y gasto

Las normas impositivas son en general muy confusas, y no pocas veces contradictorias. Además, conforman muy serias desigualdades en el trato a los contribuyentes.

Por: Héctor Blas Trillo

Hace unos días, el presidente Fernández hizo declaraciones a una radio en las que acusó a los contadores de “interpretar las normas a su antojo” para de ese modo llevar a la elusión impositiva. Se refirió al “sistema contable” y mencionó el “gasto administrativo” en el que se incurre, que incluye también los honorarios de los contadores.

Avanzó también sobre los estudios jurídicos que según sus dichos “construyen empresas offshore” para dejar de pagar impuestos.

Estas declaraciones encierran de por sí varios matices que es imprescindible clarificar. El primero de ellos es el de que eludir impuestos es absolutamente legal y lógico. No es lo mismo que EVADIR impuestos, que sí es ilegal. Muchas veces se confunde una cosa con la otra e inclusive en no pocos titulares comentando estas declaraciones, se habla de “evasión” cuando Fernández no usó esa palabra. Seguramente como abogado que es ha tenido ese cuidado.

Pero es evidente que el tono utilizado resulta confuso y agraviante. Y lleva sin duda a que quienes desconocen la diferencia entre eludir y evadir, caigan en la trampa emocional de suponer que todos los profesionales contadores son en realidad hacedores o cómplices de maniobras tendientes a pagar menos impuestos mediante ardides plagados de ilegalidad.

Interpretar “las normas a su antojo” resulta una afirmación temeraria e impropia. Hacerla general resulta agraviante, injuriosa y francamente torpe. Es obvio que no todo el mundo se dedica a interpretar normas “a su antojo”, y si así fuera, está la Justicia, el Tribunal Fiscal y los propios entes recaudadores de impuestos para poner las cosas en su lugar. Como habitantes de esta Nación, todos tenemos el derecho de interpretar lo que se nos plazca, le guste o no al señor presidente. Y si las leyes están mal hechas (cosa bastante generalizada) lo que ocurre es que se multiplican las controversias y las causas judiciales.

Las normas impositivas son en general muy confusas, y no pocas veces contradictorias. Además, conforman muy serias desigualdades en el trato a los contribuyentes. Se aplican todo tipo de retenciones, precepciones y pagos a cuenta de tributos, se revierte permanentemente la carga de la prueba, se legisla a través normas de segundo orden y hasta de los aplicativos, se diluye el reconocimiento del ajuste por inflación y no se reconoce ni siquiera mínimamente que el adelanto de pagos tiene un costo financiero que el Estado hace años que se niega a reconocer. Una manera indirecta de incrementar la alícuota por encima de la que establecen las propias leyes. No vamos a abundar en esto, que en todo caso es materia de otro trabajo, pero estamos seguros de que cualquiera que nos lee y desarrolla alguna actividad, se encuentra de repente con retenciones de impuestos en su cuenta bancaria cuyo origen y causa desconoce. Porque éstas se aplican antes inclusive de comunicar al contribuyente las razones por las que se lo hace, obligando a éste a reclamar de mil maneras en caso de considerar que no corresponde. Mientras tanto, el dinero queda en poder del Fisco. Se revierte así manifiestamente la carga de la prueba. Y aún en el caso de que el contribuyente tenga razón, el dinero retenido indebidamente se devuelve vaya uno a saber cuándo y a valores no ajustados por la inflación.

Los profesionales asesoran a sus clientes entre muchas otras cuestiones para que la excesiva carga tributaria repercuta lo menos posible, lo cual es legal, es lógico y funciona así en el mundo entero. Cualquier profesional debe hacerlo.

Este no pretende ser un comentario político, pero entendemos que el del presidente sí lo es. Es además lamentable y provocador, y concluye por enviar a unos contra otros, algo clásico en ciertas ideologías por lo general de carácter populista. Resulta así que los malos de la película son los contadores. No las leyes mal hechas. No la inflación provocada por la emisión espuria de moneda. No las resoluciones y decretos que fijan retenciones, percepciones, anticipos, tasas de interés y demás yerbas. No los organismos de recaudación, no la complejidad administrativa. No la arbitrariedad de un Estado rapiñero.

Pasemos ahora al “gasto administrativo” que incluye, claro está, el costo de contratar profesionales.

En la Argentina se dice que existen 165 impuestos diferentes, divididos entre la Nación, las provincias y los municipios o departamentos. Todos ellos requieren trámites administrativos que conforman una carga pública. Cualquier oficina de cualquier empresa del tamaño que fuere, incluye varios empleados que dedican buena parte de su tiempo a cumplir con disposiciones nacionales, provinciales y municipales de todo tipo. Liquidar los impuestos y pagarlos es una parte. Pero no la única. Por ejemplo en la cuestión laboral las disposiciones son innumerables, contradictorias y superpuestas. Un verdadero aquelarre normativo. Y en esto concordamos con el presidente, si es lo que quiso decir. En esta ímproba tarea de cumplir con las exigencias del Estado, tenemos a los contadores, a los estudios de los contadores, a los empleados de esos estudios, a los empleados de las empresas. a los abogados, a los hacedores de sistemas contables que deben reformarlos permanentemente ante la volubilidad constante de la normativa, etc.

Pero hay una cuestión que debemos considerar y que no la ha mencionado el presidente. Si el sistema tributario se simplificara, cosa que fervientemente deseamos, también se simplificaría la administración del Estado en su conjunto. Es decir, deberían desaparecer oficinas y reparticiones públicas de todo tipo y color. Miles y miles de asesores y “subasesores” (para traer a cuento, ya que estamos, al genial Tato Bores) deberían desaparecer. Lo cual es más que saludable, claro está.

En otras palabras, reducir el costo administrativo de las empresas significa también reducir el costo administrativo del Estado. No surge de las palabras del presidente que tuviera en cuenta este pequeño detalle. Porque hoy por hoy según datos publicados el Estado en su conjunto cuenta con cerca de 4 millones de empleados, muchos de los cuales se dedican, entre otras cosas, a recibir, atender, procesar y conformar los infinitos trámites que origina, también entre otras cuestiones, la liquidación y pago de los 165 impuestos mencionados.

Claro que sería más que bienvenido esto. No podemos ni debemos pensar que los empleados públicos, los asesores y “subasesores” en general se confabulen para “interpretar normas a su antojo” y complicarnos la vida. Eso parece que sólo queda para los contadores.

Y finalmente, respecto de las empresas “offshore”, es importante recalcar que los países de baja o nula tributación, normalmente denominados “paraísos fiscales”, surgen precisamente como consecuencia de que Estados, como la República Argentina, desarrollan a lo largo de muchos años el aquelarre impositivo cargado de costos de todo tipo en el que estamos inmersos, (administrativos y financieros) y que normalmente conocemos como “presión tributaria”. En la Argentina, los organismos recaudadores de impuestos actúan de manera rapiñera, y se acompañan para ello de normas amañadas y para nada equitativas entre el Fisco y los contribuyentes, como todo el mundo sabe. De manera que los profesionales deben esforzarse adicionalmente para encontrar la manera de reducir los costos. Especialmente los tributarios.

Cuando el dinero se va del país, o se refugia en monedas extranjeras, no lo hace porque los habitantes de este querido país son unos desalmados que solo piensan en ellos o por razones psicológicas, sino porque los políticos en general, y el señor presidente en particular, hacen la vista gorda ante estas cuestiones. Y sólo parecen interesados en aplicar nuevos gravámenes.

No es delito disponer de lo que es de uno. No es delito evitar hasta donde se puede la rapiña, la injusticia y la falta de equidad. No es delito eludir. Sí lo es evadir. Muy cerca del delito sí lo está la aplicación de gravámenes como si la unidad de cuenta (la moneda) no perdiera su valor. O se revierta la carga de la prueba al aplicar retenciones y percepciones. O no se reconozca la inflación al liquidar gravámenes.

No es atacando las consecuencias como se arreglan las cosas, sino las causas. Ni las empresas “offshore”, ni los contadores, ni los abogados ni nadie tienen la responsabilidad de dictar las normas justas y equitativas, sencillas, prudentes y respetando los derechos de propiedad. No salen los capitales del país porque sus dueños no quieran a la Argentina, sino porque el costo excesivo, la rapiña y la arbitrariedad son factores de riesgo que nadie quiere soportar.