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Editoriales y Columnas
 
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08/ago/2019

Recuperar lo robado

Por: Pedro Álvarez Bustos (*)


Hay temas como el de la corrupción, depravación o putrefactivo que no necesitan de encuestas. Todo el mundo condena, incluso los involucrados cuando “filosofan”. Aún más, no solo se coincide cuando se habla de penas sino de recuperar lo mal habido o caloteado.

En enero de 2019 el Presidente de la Nación Argentina, a través del decreto de necesidad y urgencia nº 62/2019, creó el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.

Recuperar lo robado

El Régimen Procesal referenciado tiene por objeto recuperar lo timado, por vía de la Justicia Civil. Ahora bien, para iniciar toda acción civil se necesita pagar la Tasa de Justicia y el Ministerio Público carece de partida presupuestaria. De modo que si no hay dinero no hay extinción de dominio ni recuperación.

Justicia Civil. Ahora bien, para iniciar toda acción civil se necesita pagar la Tasa de Justicia y el Ministerio Público carece de partida presupuestaria. De modo que si no hay dinero no hay extinción de dominio ni recuperación.

Esto es lo que viene ocurriendo. El remedio procesal es inocuo, anodino.

No se puede porque no se quiso

No se puede porque no hay dinero. Es casi correcto. Verdad a medias.

Solo es necesario para poner en marcha la acción, que el Ministerio Público acuda a la ayuda del Ministerio de Justicia o, que se efectúe una restructuración de partidas o, si se hace por ley como lo requiere el Ministro Garavano, que se trate y apruebe el proyecto de ley de Graciela Ocaña (ley de un solo artículo) que prevee se exima al Ministerio Público de la obligación del pago de la Tasa de Justicia. No es que hay unanimidad contra la corrupción ?

Otra solución que resolvería el problema que el Poder Ejecutivo “no supo prever” al momento de dictar el decreto, pudiéndolo hacerlo y que, por otra parte, “lo tiraría para adelante” si se trata con la próxima reforma procesal civil, que dispone que en los procesos de extinción de dominio la Tasa de Justicia y otros costos se paguen con la venta de los bienes. Lo último se prolongaría sine die; sin ser equitativo.

Si bien la oposición cuestionó la constitucionalidad del decreto 62/19, en el mes de febrero en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el dictamen de rechazo aún no se debatió en la Cámara de Senadores ni en la de Diputados.

Consectario

Y ya próximos a las elecciones, que harán nuestras autoridades.

Seguirán “orejeando” el naipe, como en un truco de seis.

O se calzarán los largos, dictarán los preceptos normativos conforme a derecho que hagan falta y avanzarán con los procesos de extinción de dominio, para recuperar lo robado a nuestra República.

(*) Ex Fiscal de Estado; abogado, escritor y productor agropecuario de tercera generación.

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