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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoEl presidente Macri está desinformado y en desconocimiento de cómo funcionan las Cooperativas de Servicios Públicos
11/mar/2019

Aludiendo a la Resolución Nº 3442/2018 el INASE notificó a las Cooperativas de Servicios Públicos, que deben dar cumplimiento con lo allí establecido y facturar el suministro de energía eléctrica de forma autónoma e independiente de otros conceptos ajenos, advirtiendo que incluyéndolos pueden constituir violaciones a la Ley Nº 27.442.

Dicho recordatorio surge como consecuencia de la presión al respecto del Gobierno nacional, encarnada por el propio Mauricio Macri, quien haciendo gala de gran desinformación y desconocimiento sobre la operatoria y funcionamiento de las Cooperativas de Servicios Públicos, emitió aseveraciones tan desafortunadas como inconducentes.

Entre otras cosas el presidente, tal vez producto de la impotencia de su administración para resolver los embrollos de la economía y, hallar pretextos para atenuar responsabilidades que le son propias, profuso frases altisonantes para con las cooperativas que históricamente vienen facturando en la misma boleta de la energía otros servicios que presta. Al respecto cabe reproducir texturalmente algunas de esas expresiones:

“Son muchas las cooperativas eléctricas que le suman a las boletas de electricidad gastos que no corresponden al consumo de los usuarios. La lista de agregados es escandalosa y va desde las tasas municipales, la televisión digital o los postes, hasta sepelios o el pavimento”

“Este abuso injustificable puede elevar el monto a pagar de la boleta de luz más de un 50% y en algunos casos hasta más de 80%. Los municipios hacen estos agregados para forzar a los usuarios a pagar y esconder o confundir sus propios gastos, ocultándolos en la boleta de luz”

"Vamos a terminar de una vez por todas con estas avivadas, apoyados en la normativa que prohíbe sumar cargos a la boleta de electricidad".

Independientemente de que por parte del Gobierno central existan argumentos para determinar el desagregado de los otros servicios, no admite justificativos los calificativos empleados por el primer mandatario; máxime teniendo en cuenta que varios cargos que abultan las facturas corresponden a impuestos que aplica el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y tasas municipales, donde las cooperativas son meras agentes de percepción.

Sería plausible que los gobernantes y funcionarios antes de aplicar epítetos descalificantes, que como en este caso aportan confusión en un tema sensible (por el contexto económico imperante), se asesoraran correspondientemente; pues aún en el supuesto que pueda existir algún exceso (lo que desconozco) en la gran mayoría de los casos se trata de servicios genuinos, muchas veces creados para subsanar las asignaturas pendientes de los gobiernos nacional y provinciales o, para atender demandas no provistas por grandes empresas privadas, por considerarlas mercados no rentables.

Lejos de ser el problema, las cooperativas constituyen la solución ante un Estado ausente. Es insoslayable tener presente que las aproximadamente 600 cooperativas que brindan el servicio abastecen a 2.405.780 usuarios (según datos de INAES 2018), siendo unas 7.000.000 de personas las provistas por dichas entidades, lo que significa el 15,22% de la poblacional nacional; considerando además que esto se realiza en el 70% del territorio nacional, fundamentalmente pequeñas ciudades y localidades, sin acceso a los grandes conglomerados, o lo que es igual a los mercados más optimizados de explotación. Asimismo más del 80% del tendido eléctrico rural del país es cooperativo.

Seguramente ningún funcionario no se referiría despectivamente si supieran la solución que significó para las comunidades el servicio de sepelio, que se brindan desde varias décadas en la mayoría de las cooperativas; un sistema que funciona mediante un fondo de financiamiento colectivo, que cubre la totalidad del grupo familiar. A efectos ilustrativos citando el caso de Huinca Renancó, donde la CEHR tiene su propio cementerio, todo está incluido por $ 150 mensuales.

Por ende, sería muy importante que los legisladores del interior que deberían conocer el rol desempeñado por las cooperativas de servicios públicos en sus territorios y, la contribución aportada en el desarrollo de sus comunidades, ilustraran al respecto en los despachos del poder central.

Cabe consignar que ya hay varias cooperativas que están facturando por separado el suministro de energía eléctrica, todas las de la provincia de Córdoba a partir de abril de 2018, por Resolución10/2018 del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), en tanto en la provincia de Buenos Aires algunas ya lo están haciendo.

Es evidente que la medida complica a las cooperativas, (al respecto ver las consideraciones en la columna “Fundamentado reclamo de las Cooperativas Eléctricas cordobesas por una tarifa igualitaria en toda la provincia”) http://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=11071

Tampoco resuelve la cuestión coyuntural, habida cuenta que los mayores costos que demanden los cambios a la postre redundan en perjuicio de los mismos asociados, que es a quienes pretenden proteger.

Finalmente, las autoridades deben comprender que todos los otros servicios de las cooperativas son prestados por adhesión voluntaria de los socios y, su implementación ha sido como corresponde democráticamente dispuesta en todos los casos por Asamblea General.

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