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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoAspectos jurídicos del aumento de retenciones
06/sep/2018

El autor fundamenta que “las medidas tomadas para enfrentar la crisis son acordes a la Constitución de la República”.

Por: Dr. Andrés Domínguez *

Tiene lugar un fuerte debate jurídico respecto a las nuevas medidas referidas a impuestos sobre las exportaciones contenidas en el Decreto 793, más allá de su conveniencia económica. Para muchos esas medidas podrían llegar a ser impugnadas por inconstitucionalidad, lo cual sería muy delicado en este contexto de crisis. Compartimos con ustedes los argumentos al respecto.

Por principio, solamente el Congreso puede fijar o cambiar impuestos. Los derechos de exportaciones son claramente impuestos, y además regular el comercio externo con aranceles es también facultad propia del Congreso. (Art. 4, 17 y 75 i 1 de la Constitución Nacional).

Muchos analistas durante estas horas hablaron de la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia DNU para tomar las medidas recientemente anunciadas. Nada sería más errado: la Constitución prohíbe expresamente que los DNU se usen para temas impositivos (Art 99 i 3).

El Poder Ejecutivo históricamente ha tomado estas medidas en el marco de la existencia de la delegación de facultades: el Congreso puede autorizar a modificar impuestos al Presidente, con límites y plazos (Art 76). Muchos entendemos que delegar estas facultades tributarias en el Ejecutivo no es lo más coherente con el espíritu de la Constitución, pero en nuestra práctica histórica ha sido muy corriente y más relevante aún, ha sido avalado por la Corte Suprema, con ciertas limitaciones.

Durante la dictadura se aprobó el Código Aduanero, Ley 22451. Así Videla y Martínez de Hoz, firmantes de la medida, usurpando funciones del Congreso, se “auto-delegaron” la potestad de fijar derechos de aduanas (retenciones y aranceles, Art 755). Y por principio, las leyes de la dictadura siguen vigentes para evitar un caos jurídico.

La Reforma de la Constitución de 1994 reguló que las facultades delegadas (como las contenidas en el Código Aduanero), iban a caer en 1999 (Cláusula Transitoria Octava). Es decir, si no se renovaba la delegación, las facultades volvían a su fuente: el Congreso. Y así ocurrió.

Recién en Septiembre de 2002, luego de la devaluación, el Congreso volvió a delegar esas facultades que estaban en el Código Aduanero para que el Ejecutivo pueda modificar alícuotas de aranceles y retenciones (Ley 25645). Luego fue renovando sucesivamente esta delegación hasta Agosto de 2010 (Leyes 25918, 26135 y 26519). El gobierno de ese entonces era minoría en Diputados, y no logró aprobar una nueva renovación de la delegación. Las facultades delegadas en el PEN caducaron y volvieron nuevamente al Congreso. Este mismo argumento tomó la Corte Suprema en el Fallo CAMARONERA PATAGONICA SA, en abril de 2014. Definió que las modificaciones a retenciones hechas por fuera del período en que la delegación de facultades había estado vigente eran nulas de nulidad absoluta e insanable, y reafirmó fuertemente el principio de reserva de ley en materia tributaria. En ese momento, quedó claro que sólo el Congreso podía modificar las retenciones. A esto se suma que la famosa Ley de Emergencia Económica de la salida de la Convertibilidad (Ley 25561), ha perdido su vigencia en Diciembre de 2017 (solo se mantiene vigente la emergencia social). La emergencia económica fue otro de los argumentos del PEN para justificar que podía modificar impuestos.

Con estos antecedentes, y dadas las redacciones que hasta ahora habían tenido todas las modificaciones de retenciones, había dudas razonables respecto a la potencial inconstitucionalidad de una medida semejante. La posibilidad que una norma de esta relevancia en un contexto de crisis sea atacada por inconstitucional debía ser medidamente evaluada.

EL Decreto con que se instrumentó esta medida presenta una novedad y amplía sus fundamentos jurídicos, incorporando entre ellos por primera vez al novedoso “DIGESTO JURÍDICO”, una obra monumental en la cual se reordenó la legislación de la Argentina desde 1853 a la fecha, clasificándola según su vigencia, rubros, normativas vigentes o vencidas, temáticas, etc. Se trata literalmente de un cuerpo jurídico de miles de leyes, entre las cuales está el famoso Código Aduanero Ley 22451, incorporado entre los anexos de la normativa válida.

Así las cosas, con la vigencia del “Digesto” el Ejecutivo cuenta nuevamente con la delegación de facultades en materia de tributos aduaneros. Destacamos y saludamos que por primera vez se use esta herramienta tan potente en los fundamentos de una medida de retenciones. Nos gusten o no algunos impuestos, siempre es mejor que los mismos tengan el mayor soporte constitucional posible, por la salud de la República.

En un horizonte de mediano plazo, con una situación económica más estable y un sendero de crecimiento, las exportaciones tendrán que jugar un rol clave. Allí parece lo más apropiado poder discutir y aprobar por ley todos los impuestos del país, y en especial, los que rijan el comercio exterior, como hemos dicho en repetidas ocasiones.

En mi opinión, además, sería ideal que las retenciones a la exportación no existieran, quizás con la excepción de las mineras por ser netamente extractivas y de muy alto impacto ambiental. Pero mientras ordenamos la coyuntura en rumbo a ese mediano plazo, es bueno saber que se han agotado los debates jurídicos, analizado todas las aristas, incorporado novedades, y que las medidas tomadas para enfrentar la crisis son acordes a la Constitución de la República.

* El autor es director de RED Consultora – @andru_dominguez

Publicado en CLARIN

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