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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoPrincipios y recomendaciones para una política común y constructiva en aplicaciones de productos fitosanitarios
16/jul/2018

El 11 del corriente, el Gobierno nacional a través del grupo de trabajo interministerial de Buenas Prácticas Agrícolas, en un acontecimiento de singular importancia, dio a conocer un documento portador de 12 principios y 23 recomendaciones para que el país cuente con una política común, en lo concerniente a aplicaciones de agroquímicos.

Tras 90 días de arduo trabajo y profundos debates, que condujeron a un corolario de consenso, se redactaron las conclusiones elaboradas por una comisión técnica conformada expertos de las cuatro carteras, fue expuesto en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en un acto encabezado por el titular de éste organismo, Luis Miguel Etchevehere, conjuntamente con los ministros de Medio Ambiente, Sergio Berman; de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao y de Salud, Adolfo Rubinstein. (El documento se transcribe literalmente al finalizar esta columna)

Cabe consignar que de los análisis y consideraciones además de los ministerios aludidos, participaron también el Instituto de Tecnología Agropecuaria “INTA”, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria “SENASA”, el Consejo Federal Agropecuario “CFA” y del Consejo Federal de Medio Ambiente “COFEMA”. El documento pone el foco en las Buenas Prácticas Agrícolas “BPA”, considerándolas esenciales para el adecuado uso de agroquímicos y, la metodología más eficaz para preservar la salud de la población y el cuidado del medio ambiente.

Previo a conocerse el dossier oficial, se especulaba con que se establecerían restricciones de distancia para aplicaciones cercanas a las poblaciones y escuelas rurales, máxime por ser un tema controvertido y, teniendo en cuenta las prohibiciones y zonas de protección establecidas por ordenanzas en varias municipalidades de diferentes provincias; más nada se determina al respecto, inclusive ante consultas puntuales la respuesta es que “si se cumplen un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas no tiene sentido determinar distancias mínimas precautorias”.

La teoría imperante del Grupo de Trabajo Interministerial es que los problemas no deberían ocurrir, manejando dosis adecuadas, respetando las restricciones que corresponden a las condiciones ambientales en cada caso y, efectuando las aplicaciones con los recaudos pertinentes, los que forman parte de las BPA.

No obstante la cuestión no está agotada, habida cuenta que a partir del 20 del mes en curso, se abrirá un periodo de treinta días para recibir aportes y sugerencias de distintos sectores, lo que constituye una oportunidad propicia para que entidades representativas, tales como ruralistas, colegios de ingenieros agrónomos, cámaras de aplicadores y distribuidores de agroquímicos, e inclusive ambientalistas contribuyan con pareceres e inquietudes.

A posteriori, tanto el documento de marras como las iniciativas que prosperen de la consulta antes mencionada, serán enviados a los Consejos Federales Agropecuario y de Medio Ambientes, pertenecientes los gobiernos provinciales, quienes en definitiva asumen la responsabilidad de la normativa en sus respectivos territorios.

Al respecto, los principios y recomendaciones emanados del consensuado documento deberían resultar muy convenientes para asimilar los criterios y disposiciones en cada provincia, para lo que será menester introducir reformas en las leyes vigentes, puesto que estas han sido dictadas en distintos tiempos y con diferentes premisas, sin contar por entonces con un marco de referencia.

Por otra parte, el documento será girado al Congreso de la Nación, con el propósito que los legisladores se aboquen al estudio de proyectos que converjan en la discusión de una ley nacional en la materia. Sobre el particular, este cronista entiende que la carencia de la misma es una de las grandes asignaturas pendientes del poder legislativo argentino, tal como ocurre con la siempre postergada nueva Ley de Semillas, en ambos casos con múltiples proyectos presentados en los últimos 25 años sin lograr siquiera ser debatidos, que expresa por igual la escasa predisposición para lograr consensos de la clase política, como mezquindades e intransigencias de las partes interesadas.

El marco regulatorio ideal sería contar con una legislación nacional para normar las generalidades, establecer con nitidez la política pública que debe identificar a nuestro país, en un tema tan trascendente por nuestra condición de agroalimentario por antonomasia y, con el posicionamiento ambiental que debemos alcanzar; asimismo determinar sobre los envases usados. En tanto las leyes provinciales deberían a alinearse con la legislación suprema, ordenando los aspectos que hacen a las problemáticas y características productivas de cada distrito.

Va de suyo que el tema es complejo y el proceso insumirá un tiempo más que considerable, pero es fundamental ir avanzando en la dirección correcta; mientras tanto el marco regulador propuesto

confeccionado sobre sustentos técnicos y acordado por los cuatro ministerios competentes, aparece como lo más sensato para la transición, pese a que de por si no es vinculante y por ende para ser implementado requiere ser adoptado por las provincias.

El tema seguirá desatando polémica, especialmente por la sistemática oposición que presentan los grupos fundamentalistas que enarbolan constantemente las banderas del pánico. Sin desconocer que los productos fitosanitarios no son inocuos, tal como ocurre con otras substancias también necesarias, ni restarle un ápice de importancia, la solución no pasa por medidas extremas, ni por legislaciones excesivamente rígidas y, como tal impracticables, sino que es menester que cada uno de los actores en todo el proceso (fabricación, transporte, manipuleo, comercialización, asesoramiento, aplicación y producción) cumpla con el rol que le corresponda, tomando los recaudos necesarios, en tanto las autoridades ejercer los controles correspondientes.

En el estado actual de la tecnología agropecuaria, los agroquímicos resultan imprescindibles, habida cuenta que ejerce un protagonismo central en la obtención de rendimientos potenciales y defensa de las cosechas, son fundamentales para tener una producción de alimentos sustentable, para un mundo que lo demanda con un crecimiento exponencial. Su utilización ha hecho posible que los últimos veinte años la producción de granos se incrementara en nuestro país un 150%, para ello fue menester que el consumo de fitosanitarios se aumentara en más del 800%.

En producción agropecuaria es donde Argentina logra su mayor eficiencia, teniendo la necesidad de mejorar ostensiblemente en el agregado de valor, para así lograr el desarrollo que nuestro potencial posibilita con creces. En consecuencia es indispensable marchar estratégicamente con objetivos claros aprovechando adecuadamente los recursos que la naturaleza nos ha provisto.

GRUPO DE TRABAJO INTERMINISTERIAL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE APLICACIONES DE FITOSANITARIOS

– Resolución Conjunta MA-MAyDS No 1/2018 –

INFORME FINAL

El presente documento es el resultado del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios creado por Resolución Conjunta No.1/2018 de los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable (ver Anexo I). La Resolución Conjunta estableció que el objeto del grupo de trabajo fue:

a) Elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección.

b) Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios.

c) Formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.

Integraron el grupo representantes de estos dos Ministerios, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Consejo Federal Agropecuario (CFA) y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Se reunió en seis oportunidades entre el 5 de abril y el 5 de julio de 2018

I. Consideraciones generales

» 1. Las políticas públicas sobre la aplicación de fitosanitarios se deben formular en la consecución del interés común de los habitantes de la Nación. En consecuencia, los principios y las recomendaciones del presente documento persiguen brindar un marco integrador y balanceado en favor del desarrollo sostenible, entendidocomo aquel proceso de desarrollo capaz de dar satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, según la definición internacionalmente aceptada,y cuyos objetivos primordiales son, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico.

En este sentido, en la Resolución Conjunta No 1/2018, los Ministros signatarios determinaron que las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o “buffer”, deben realizarse conforme a la observancia de las buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados, y que ambos Ministerios ajustarán sus políticas, programas y proyectos a esa determinación. Todo ello, en el marco de sus respectivas competencias, así como del dominio originario sobre los recursos naturales de las jurisdicciones provinciales, de la competencia de la Nación para fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental, y de las normas vigentes en materia ambiental, sanitaria, fitosanitaria y laboral.

Se entiende por Buenas Prácticas de aplicación de fitosanitarios al conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables al uso de fitosanitarios, tendientes a asegurar que el producto pueda expresar su máxima capacidad para la que fue concebido, disminuyendo al máximo los posibles riesgos emergentes a la salud y el ambiente.

» 2. Las zonas de amortiguamiento son interfaces que permiten el ordenamiento ambiental del territorio para mejorar la gestión del riesgo de la aplicación y la convivencia de los valores productivos, ambientales y patrimoniales. Este documento entiende por “zona de amortiguamiento” a la zona lindante o circundante a los ambientes que requieren especial protección por tener una o más características que los vuelven objeto de resguardo particular frente a los efectos negativos de la aplicación incorrecta de fitosanitarios. La sensibilidad de estos ambientes pasibles de resguardo especial es intrínseca a los mismos y contempla, principalmente:

• La proximidad de poblaciones humanas.

• La protección de los servicios ecosistémicos, de los recursos naturales y de áreas protegidas o sectores del territorio identificados y creados a esos efectos.

• La presencia de patrimonio cultural e histórico sensible a los fitosanitarios que la comunidad valora y desea proteger.

La delimitación de zonas de amortiguamiento es una de las herramientas disponibles en la planificación del territorio, cuya determinación concreta depende de los objetivos que se persiguen y de las características de cada localidad. Su finalidad es armonizar el desempeño económico de las producciones ubicadas en ellas con otros intereses de la sociedad. Cada objetivo que se persigue y cada característica que se desea resguardar posee su propia escala. En consecuencia, cada zona de amortiguamiento es variable y funcional a las particularidades y escala de cada lugar. Los tomadores de decisión deben reconocer las ventajas y limitaciones de esta herramienta para atender los desafíos de la administración de los recursos de un territorio basada en el conocimiento.

Esta diversidad de objetivos vuelve compleja la tarea de diseño e implementación de una zona de amortiguamiento. El diseño espacial y temporal de las zonas de amortiguamiento debe determinarse en función de las características del ambiente que se busca resguardar, atendiendo al grado de vulnerabilidad potencial a los fitosanitarios, las características de cada sustancia, los mecanismos de exposición y las tecnologías aplicables para disminuirla, y las condiciones ambientales, así como la posibilidad de adopción de medidas viables y de control eficaz y la disposición de sanciones ante el incumplimiento de las normas.

En consecuencia, la definición de dimensiones particulares para establecer distancias y superficies no es esencial en una zona de amortiguamiento, sino que depende de estas consideraciones. Así, en la experiencia comparada, los metros de retiro pueden ser de unas pocas unidades bajo ciertas circunstancias, o de unos cientos bajo otras, o puede no ser

necesario fijar una distancia sino restricciones fundadas en los tipos de productos o condiciones meteorológicas. El proceso de diseño e implementación debe realizarse de manera participativa y sobre la base de información científica y tecnológica relevante, disponible, adecuada y actualizada. Existe un cuerpo dinámico de publicaciones oficiales que dan recomendaciones técnicas de buenas prácticas de aplicación, listadas en el Anexo II, y equipos técnicos calificados para esta tarea en todo el país.

Asimismo, resulta fundamental el fortalecimiento del monitoreo ambiental por parte de las autoridades competentes y de los procedimientos para anticipar los efectos negativos sobre la salud y el ambiente y del uso de fitosanitarios, para lo cual el establecimiento de indicadores, evaluación de riesgo, redes de monitoreo y trazabilidad constituyen herramientas relevantes.

» 3. El presente documento propone 12 principios para regir las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento. Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, del ambiente y de la producción agrícola, sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico y tecnológico. También se presentan 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión complementaria del sector privado.

II. Principios que deben regir las políticas públicas nacionales sobre las aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento.

» 1. Producción sostenible: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deberán asegurar una actividad productiva con cuidado de la salud de las personas, del ambiente y de los servicios ecosistémicos, y en la que se evalúe integralmente la eficiencia en el uso de los recursos.

» 2. Integralidad de la salud: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben considerar prioritariamente el cuidado integral de la salud y la gestión sanitaria derivada del uso de productos fitosanitarios tanto de los individuos directamente relacionados con su uso, como de la población en general.

» 3. Sostenibilidad ambiental: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben contemplar la capacidad de mantener la productividad y diversidad de los aspectos biológicos a lo largo del tiempo y el equilibrio entre el ambiente y la actividad humana para satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

» 4. Rigor científico y tecnológico: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben basarse en la gestión de riesgos debidamente fundamentados y evaluados por las autoridades públicas competentes, sobre criterios e información científica y tecnológica, relevante y validada por fuentes institucionales que evidenciengarantías metodológicas de transparencia ajustadas al mejor criterio conocido hasta el momento.

» 5. Adaptabilidad: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben prever la revisión y la actualización periódica de las normas técnicas y regulatorias para adecuarlas a las cambiantes condiciones ambientales, tecnológicas y organizacionales, así como la incorporación del avance del conocimiento científico, y su evolución. Asimismo, deben alentar la innovación y adopción de tecnologías de productos y procesos que minimicen los riesgos para la salud y el ambiente.

» 6. Armonización de las políticas públicas: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben establecerse dentro de un marco normativo armonizado, previsible, eficiente y eficaz.

» 7. Interdisciplinariedad: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben facilitar la generación y circulación de información científica y tecnológica, propiciando los aportes de distintas disciplinas.

» 8. Gestión del monitoreo: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben prever la evaluación y el seguimiento del monitoreo mediante la generación de indicadores apropiados, verificables y suficientes, que den cuenta tanto de la efectividad de la gestión de las actividades de aplicación como de los potenciales efectos directos e indirectos sobre la calidad del ambiente y la salud de la población.

» 9. Acceso al proceso de monitoreo y control: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben (i) propiciar mecanismos para que los interesados puedan participar localmente en la implementación de los sistemas que establezcan las autoridades para el monitoreo, fiscalización y control de las aplicaciones; (ii) proveer recursos para la comunicación proactiva y adecuada al público interesado sobre los distintos aspectos vinculados a las aplicaciones; y (iii) promover la mejora continua de las buenas prácticas como herramienta del cambio cultural en esta materia.

» 10. Responsabilidad compartida y diferenciada: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben precisar las responsabilidades de cada uno de los actores participantes en el uso de los fitosanitarios.

» 11. Complementariedad y autogestión: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben habilitar e incentivar al sector privado para que instrumenten sistemas de monitoreo, control y difusión de buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.

» 12. Planificación territorial: Las políticas públicas sobre el uso de productos fitosanitarios deben precisar, en el marco del ordenamiento ambiental del territorio, los criterios para establecer los resguardos especiales de las zonas sensibles, y para definir estas áreas en torno a las cuales se deben establecer zonas de amortiguamiento, con requisitos especiales para las aplicaciones, fundados en los principios arriba establecidos y debidamente específicados.

III. Recomendaciones para mejorar la adopción de buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios y fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación Las siguientes recomendaciones tienen por destinatario fundamental a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco de sus respectivas competencias.

No obstante, son también de interés para otros organismos del Estado Nacional y para las autoridades Provinciales y Municipales. Las recomendaciones se refieren a las políticas públicas; las recomendaciones técnicas de buenas prácticas de aplicación dirigidas a otros actores están contenidas en múltiples publicaciones oficiales disponibles (ver Anexo II).

REGULACIONES

» 1. Impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios. El proyecto deberá:

a) Declarar de interés para la Nación la adopción de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios.

b) Establecer un régimen legal adaptativo y actualizable, que mejore progresivamente las adopción efectiva de las buenas prácticas.

c) Establecer criterios para la definición espacial de las zonas de amortiguamiento según los términos de las Consideraciones Generales del presente documento.

d) Establecer criterios para fijar exigencias especiales para las aplicaciones en zonas de amortiguamiento.

e) Establecer parámetros y criterios mínimos para las buenas prácticas de aplicaciones que sean operativos en todo el territorio nacional.

f) Contemplar los avances en los organismos internacionales relevantes y rectores en el desarrollo de guías, recomendaciones y normas.

g) Alentar el establecimiento de sistg) Alentar el establecimiento de sistemas público-privados y privados de autogestión del monitoreo y control, eficientes y transparentes.

h) Establecer responsabilidades claras y proporcionadas para cada uno de los actores vinculados a las aplicaciones.

i) Generar instancias nacionales que armonicen los registros provinciales a fin de que guardencoherencia entre jurisdicciones en pos de la eficiencia.

j) Discriminar entre las distintas tecnologías de aplicación para abordarlas de manera diferenciada.

k) Establecer la información obligatoria a la población que podría verse afectada por una aplicación.

l) Establecer las condiciones mínimas que deberán incluir las recetas fitosanitariasy/o agronómicas, para que sean eficientes y efectivas.

m) Alentar el uso de tecnologías incluyendo tecnologías de la información y la comunicación, en todo el régimen regulatorio de las aplicaciones.

n) Articular con los sistemas de trazabilidad existentes de productos fitosanitarios y envases vacíos para integrar un sistema eficiente y transparente.

o) Establecer un régimen de estímulos para la adopción de mejores prácticas y un régimen sancionatorio.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

» 2. Implementar una Plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas con el fin de coordinar e integrar o vincular la ejecución de los programas referidos a la aplicación de fitosanitarios de las diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales y provinciales. La plataforma deberá ser una fuente de referencia nacional de conocimientos y tecnologías que mejoren las buenas prácticas y la adopción de las mismas, y un mecanismo de articulación de los programas nacionales y provinciales existentes para mejorar su eficiencia y su eficacia. A partir de la normativa específica vigente, la plataforma abordaría, entre otros temas:

• Desarrollar (i) protocolos oficiales de buenas prácticas, (ii) indicadores y sistemas de monitoreo, (iii) tecnologías modernas aplicadas a la materia, (iv) herramientas y mecanismos que permitan la mejora de la toma de decisiones por parte de las autoridades y los particulares.

• Promover la formación de profesionales de la agronomía y afines, asesores fitosanitarios, contratistas (aplicadores y otros) y productores, a través de instituciones existentes como escuelas agrotécnicas y terciarias, universidades, colegios profesionales, organismos públicos con programas al efecto, y grupos asociativos, entre otros.

• Promover la armonización en los contenidos en los diferentes cursos y programas de capacitación a nivel nacional.

• Impulsar la formación de formadores en buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios

a los efectos de instalar recursos humanos locales de manera estable.

• Facilitar la información relativa a los procesos de certificación de buenas prácticas;

• Promoverla difusión al sector productivo y la sociedad en general y el acceso a la información.

• • Promover la vinculación entre programas oficiales orientados a mejorar la adopción de buenas prácticas, el monitoreo y control y otros aspectos de relevancia directa para las aplicaciones de fitosanitarios.

» 3. Vincular a los organismos técnicos especializados en la gestión de fitosanitarios con las autoridades provinciales y municipales competentes, para mejorar sus capacidades de elaboración de políticas públicas sobre aplicaciones, así como su monitoreo y control.

» 4. Generar un digesto normativo específico sobre la gestión de los productos fitosanitarios y propiciar su armonización en el marco de los principios arriba establecidos.

» 5. Establecer un ámbito interdisciplinario, federal y específico para el abordaje de las políticas de gestión de fitosanitarios.

» 6. Revisar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) a fin de fortalecerla como ámbito de articulación entre los ministerios del gobierno nacional para el abordaje interministerial nacional de la gestión de los agroquímicos.

» 7. Articular los diferentes ámbitos oficiales, como el Comisión Federal Fitosanitario, la CNIA entre otros, que abordan la materia con sentido de integración, eficiencia y armonización de las políticas públicas.

MONITOREO Y CONTROL

» 8. Establecer protocolos y sistemas de recepción y procesamiento de consultas o denuncias relacionadas con las aplicaciones de fitosanitarios, armonizados a nivel nacional, que derive las mismas a las instancias competentes que puedan dar respuestas, y proveer herramientas para su seguimiento.

» 9. Implementar indicadores para el monitoreo de (i) la adopción de buenas prácticas, y (ii) los efectos no deseados derivados de la aplicación de fitosanitarios. Asimismo, debe estimularse el establecimiento de las líneas base para los indicadores más relevantes de la actividad.

» 10. Establecer redes de monitoreo de las actividades de aplicación, representativas de todo el territorio nacional, en un marco de involucramiento de las comunidades locales, integradas en un sistema de monitoreo y control nacional con participación de diferentes autoridades competentes.

» 11. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos relacionados con la exposición a fitosanitarios, promoviendo su actualización periódica en base a la información que se genere, y fortalecer el sistema de monitoreo de impactos sobre la salud.

» 12. Fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental, en particular del suelo, el aire, el agua y la biota.

» 13. Fortalecer el alcance y la transparencia de los mecanismos de determinación de la trazabilidad de los productos fitosanitarios, sobre la base de los sistemas existentes.

AUTOGESTIÓN

» 14. Establecer marcos regulatorios habilitantes de la autogestión en el sector agropecuario. Tomando como base la ley No 27.233 de Sanidad de los Animales y Vegetales, crear un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos del sector asumir responsabilidades de implementación, control entre privados y difusión de buenas prácticas, junto con beneficios derivados de asumir esa responsabilidad (por ejemplo: integración a los sistemas de control y monitoreo oficiales mediante la instalación de sensores y estaciones, fiscalizadores locales, tecnología online, reconocimiento oficial de certificación participativa de buenas prácticas, articulación con los Municipios para el diseño de regulaciones, acceso a financiamiento preferencial, etc.).

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

» 15. Impulsar ante las autoridades correspondientes, el fortalecimiento o la incorporación a los programas y currícula de las carreras agronómicas y afines, de materias específicas que aborden la temática ambiental, que fortalezcan la adopción de las buenas prácticas agrícolas en general y la gestión de productos fitosanitarios en particular, y que fortalezcan el papel de los agrónomos y profesionales afines en la agricultura sostenible.

» 16. Realizar periódicamente campañas nacionales de consolidación de las buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios de manera conjunta entre las autoridades de producción, sanitarias y ambientales nacionales y provinciales. Las campañas tendrán por objetivo:

• Sensibilizar sobre las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios y las consecuencias para la salud y el ambiente de las prácticas incorrectas.

• Relevar el nivel de conocimiento y adopción de las buenas prácticas.

• Difundirlas normas vigentes en la materia.

• Recabar la opinión de los productores respecto de los desafíos en torno a la aplicación de las buenas prácticas en el uso de productos fitosanitarios.

• Sondear la opinión de las poblaciones locales sobre la efectividad de las políticas públicas sobre fitosanitarios.

Las campañas se apoyarían en los recursos humanos y materiales de los organismos nacionales y provinciales participantes que estén localmente disponibles.

» 17. Crear espacios de validación y promoción de programas públicos y público-privados de capacitación en gestión de fitosanitarios ajustados a las necesidades de los principales actores que intervienen en su uso (como funcionarios públicos involucrados en la materia, usuarios directos de fitosanitarios, comercializadores de productos y poblaciones locales interesadas); y determinar aquellas capacitaciones que deberán ser obligatorias.

» 18. Promover la capacitación en prácticas culturales que propendan a la reducción en el uso de fitosanitarios.

FOMENTO

» 19. Impulsar ante las autoridades correspondientes la regulación del riesgo para que el análisis crediticio refleje la incidencia de la adopción de buenas prácticas agropecuarias por parte de los tomadores de crédito.

» 20. Establecer con la banca de desarrollo programas de financiamiento de inversiones necesarias para transitar hacia mejores prácticas productivas y para fortalecer la gestión de los gobiernos locales.

» 21. Identificar los programas públicos de fomento de actividades que involucran el uso de fitosanitarios y vincularlos a fin de incentivar la adopción de mejores prácticas y fortalecer el monitoreo y control, orientando las herramientas de fomento y estableciendo controles cruzados entre políticas y programas, entre otras vinculaciones.

» 22. Apoyar el desarrollo de circuitos comerciales de productos con demostrada implementación de buenas prácticas, a partir de los programas existentes.

» 23. Impulsar ante los Registros de la Propiedad Industrial y de la Propiedad Automotor formas de alentar la integración obligatoria en las nuevas maquinarias agrícolas de tecnología de soporte de las buenas prácticas y de monitoreo y control, y de fortalecer y ampliar la verificación técnica de las maquinarias existentes.

ANEXO I

Resolución Conjunta 1/2018.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Ciudad de Buenos Aires, 19/02/2018

VISTO el Expediente N° EX-2018-02072862- -APN-DDYME#MA, del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, los Artículos 1°, 121 y 124 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, las Leyes Nros. 25.675, 27.233 y 27.279, el Decreto N° 21 del 16 de enero de 2009, la Resolución Conjunta N° 1.562 y N° 340 del 14 de septiembre de 2010 del MINISTERIO DE SALUD y del ex –MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, respectivamente, las Resoluciones Nros. 276 del 9 de febrero de 2010 del MINISTERIO DE SALUD, 120 del 15 de marzo de 2011 y 570 del 6 de julio de 2011 modificada por su similar No 526 de fecha 5 de julio de 2012, todas del referido ex – Ministerio y 299 del 26 de junio de 2013 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del citado ex - Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que la implementación de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios es de interés común a toda la Nación, razón que amerita una mejor definición de los principios políticos rectores para una mejor coordinación en todo el territorio de las políticas en la materia.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA es un país federal, por lo que todo el poder no delegado reside en las provincias, en tanto que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las jurisdicciones provinciales (Artículos 1°, 121 y 124 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).

Que la jurisdicción y competencia en materia de aplicaciones de fitosanitarios, salvo lo dispuesto por las leyes especiales, corresponde a las provincias.

Que en ejercicio de esas competencias, VEINTIDÓS (22) provincias han dictado leyes y normativas específicas para la gestión de los productos fitosanitarios.

Que compete al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA todo lo inherente a la agricultura, y en particular entender en la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria y los alimentos y en

la elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de las actividades relacionadas con los sectores agropecuario, forestal y pesquero.

Que compete al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE entender en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión ambiental de la Nación, la propuesta y elaboración de regímenes normativos de ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental, la promoción del desarrollo sustentable de asentamientos humanos, así como entender en la gestión ambientalmente sustentable de los recursos hídricos, bosques, fauna y suelo.

Que la Ley No 25.675, en su Artículo 2o, determina entre los objetivos de la política ambiental nacional, los de asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales.

Que la Ley No 25.675, en su Artículo 4o, determina entre los principios de la política ambiental nacional, los de prevención, de sustentabilidad y de subsidiariedad.

Que la Ley N° 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria así como la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas y la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos.

Que la misma Ley N° 27.233 declara de orden público las normas nacionales por las que se instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la protección de las especies de origen vegetal y la condición higiénico-sanitaria de los alimentos de origen agropecuario.

Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (Senasa), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, regula los procedimientos y sistemas de ingreso al mercado, comercialización y control de los productos fitosanitarios que se utilizan en la producción agropecuaria, régimen basado en el conocimiento científico y orientado al resguardo de la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de la producción silvoagropecuaria y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos.

Que, en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, el país cuenta con una fuente de investigación, innovación y desarrollo que aborda la temática de las aplicaciones de productos fitosanitarios en el marco de una multiplicidad de programas, proyectos e iniciativas, como los Programas Nacionales de Agroindustria y Agregado de Valor, de Frutales, de Protección Vegetal y de Recursos Naturales, Gestión ambiental y Ecorregiones.

Que la Ley N° 27.279 establece un régimen de gestión integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios en resguardo de la salud de las personas y el ambiente.

Que la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), creada por el Decreto N° 21 del 16 de enero de 2009, solicitó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) la creación de un Consejo Científico Interdisciplinario para la evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia en la salud humana y el ambiente.

Que dicho Consejo Científico Interdisciplinario informó en el mes de julio de 2009, entre otras, que bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas), el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente, poniendo de relieve la importancia fundamental de las buenas prácticas.

Que el mismo informe señala también la necesidad de sostener en el tiempo controles sistemáticos sobre los niveles residuales del herbicida y los compuestos de degradación en alimentos, en la biota, en el ambiente y en la población expuesta, así como estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren a los formulados conteniendo glifosato y también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, asimismo, en el marco de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) se estableció la importancia de instrumentar herramientas para concientizar a la población sobre los riesgos para la salud humana y el ambiente de la aplicación incorrecta de productos fitosanitarios y plaguicidas y promover el uso adecuado de los mismos.

Que, mediante la Resolución Conjunta N° 1.562 y N° 340 del 14 de septiembre de 2010 del MINISTERIO DE SALUD y del ex –MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, respectivamente, se regula la publicidad del peligro de uso inadecuado de productos fitosanitarios y plaguicidas domisanitarios.

Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (Senasa), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, cuenta con un Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios, creado por Resolución N° 299 del 26 de junio de 2013 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del citado ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que el MINISTERIO DE SALUD cuenta con un Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas creado por la Resolución N° 276 del 9 de febrero de 2010 del MINISTERIO DE SALUD, en cuyo marco se elaboró una Guía de Uso Responsable de Agroquímicos que contiene principios básicos para el manejo y uso correcto de agroquímicos según las buenas prácticas agrícolas y las normas vigentes.

Que la promoción de las buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios ha sido y es objeto de atención de la autoridad agropecuaria de la Nación, como lo demuestran la Resolución N° 120 del 15 de marzo de 2011 y 570 del 6 de julio de 2011 modificada por su similar No 526 de fecha 5 de julio de 2012, todas del ex – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, que crean el Programa Agricultura Inteligente y el Programa Nacional de Prácticas Agrícolas Sustentables, respectivamente; así como las iniciativas de capacitación para aeroaplicadores y su activa participación en la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, mecanismo de intercambio de información, diálogo interinstitucional y cooperación para abordar de forma integral las distintas dimensiones de las buenas prácticas, que agrupa a más de CINCUENTA (50) entidades públicas y privadas.

Que, asimismo, el Consejo Federal Agropecuario (CFA), organismo asesor del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha creado una Comisión Federal Fitosanitaria y una Comisión de Ordenamiento Territorial, en cuyo ámbito se debate todo lo relativo a la aplicación de productos fitosanitarios especialmente en zonas de amortiguamiento o “buffer”.

Que los órganos del Consejo Federal Agropecuario (CFA) han elevado la recomendación de que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA elabore una normativa que contenga la política nacional en materia de aplicaciones de productos fitosanitarios, ya sea para producciones intensivas como extensivas, considerando los documentos y discusiones técnicas que se dan en ámbitos públicos y privados.

Que en el marco de dicha Red de Buenas Prácticas Agropecuarias se han elaborado DOS (2) documentos de referencia técnica, a saber: las Pautas sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, y las Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos que regulen sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios.

Que además existen en el país múltiples instrumentos de carácter privado orientados a caracterizar y facilitar la adopción de buenas prácticas en la aplicación de agroquímicos, entre ellos las normas IRAM 14130 de buenas prácticas para labores agrícolas.

Que en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha aprobado sucesivas versiones del Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, que proporciona un marco voluntario, consistente con la normativa de nuestro país, que guía a las autoridades de reglamentación gubernamentales, al sector privado, a la sociedad civil y a otras partes interesadas sobre las mejores prácticas en el manejo de los plaguicidas durante su ciclo de vida.

Que la adopción de buenas prácticas agropecuarias es una tarea permanente de capacitación, investigación, desarrollo, monitoreo y control.

Que no obstante los antecedentes citados, resulta conveniente acordar y clarificar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de competencias de ambos Ministerios sobre las aplicaciones de productos fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección.

Que asimismo resulta conveniente generar procesos tendientes a robustecer los sistemas de monitoreo y control sobre las actividades de aplicación de productos fitosanitarios, así como la diseminación de las buenas prácticas, para dar seguridades a la población e impulsar niveles cada vez mayores de adopción efectiva de buenas prácticas.

Que los Servicios Permanentes de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE han tomado la intervención que les corresponde.

Que los suscriptos son competentes para el dictado de la presente medida en virtud de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RESUELVEN:

ARTÍCULO 1o.- El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE determinan, en el marco de sus respectivas competencias y en el contexto del dominio originario de los recursos naturales que corresponde a las jurisdicciones provinciales, que las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o “buffer”, deben realizarse conforme a buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados.

ARTÍCULO 2o.- El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ajustarán sus políticas, programas y proyectos a lo acordado en el Artículo 1° de la presente medida, en el marco de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 3o.- Créase el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios con el objeto de:

a. Elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección.

b. Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios.

c. Formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.

ARTÍCULO 4o.- El Grupo de Trabajo estará conformado por DOS (2) representantes del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) y del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (Senasa), ambos organismos descentralizados en la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. Asimismo, se invitará a conformar el Grupo de Trabajo a UN (1) representante del MINISTERIO DE SALUD, UNO (1) del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, UNO (1) del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y UNO (1) del Consejo Federal Agropecuario (CFA). Se podrá invitar a integrar el Grupo de Trabajo a otros Ministerios.

Podrán preverse instancias de participación, con carácter consultivo, de actores relevantes de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica en las materias que trate el Grupo de Trabajo.

ARTÍCULO 5o.- El Grupo de Trabajo deberá presentar sus conclusiones dentro de los NOVENTA (90) días de formalmente integrado.

ARTÍCULO 6o.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Luis Miguel Etchevehere. — Sergio Alejandro Bergman.

ANEXO II

Material técnico de referencia sobre aplicaciones de fitosanitarios elaborado por organismos oficiales nacionales o en ámbitos público-privados específicos Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas. Grupo de trabajo conformado por MAGyP, INTA, Senasa, MAGyA, CFF, AACREA, AAPRESID, CASAFE, CIAFA, CPIA, FADIA, FeArCA, FAUBA. Año 2013.

RECOMENDACIONES PARA NORMATIVAS DE DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y PARTIDOS QUE REGULEN SOBRE APLICACIONES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS- Red de Buenas Prácticas Agrícolas- Año 2016 Bogliani, Mario- Guía de buenas prácticas para la aplicación terrestre de fitosanitarios en cultivos extensivos para espacios periurbanos: uso responsable y eficiente de agroquímicos. 1ª ed. - Buenos Aires: Ediciones INTA, 2012. ISBN 978-987-679-135-9 Brambilla, Leandro - Pautas de Buenas Prácticas para el manejo de fitosanitarios-

EDICIÓN Y COLABORACIÓN: Gómez Hermida, Vanina. Mario Pedro Bogliani – INTA- Año 2012

Pautas para el uso de plaguicidas en áreas críticas- Autores: Ing. Agr. MSc Carrancio Luis A.; Ing. Agr. Massaro Rubén A. e Ing. Forestal Cardozo Francisco V.- INTA Oliveros- Año 2015.

Guía de diagnóstico y tratamiento en toxicología- Autores: Gabriel A. Crapanzano, Vanina Greco, Mónica Talamoni- Editorial EUDEBA - Edición 2012- (Plaguicidas, Capítulo 4) Bordos urbanos rurales (BUR). Cortinas forestales multiestrato multipropósito. INTA EEA Oliveros. Cardozo, F. V. 2013.

Aplicación de plaguicidas en áreas críticas. INTA EEA Oliveros, Para Mejorar la Producción 50, Cultivos Estivales. Pág. 83-88. Massaro, R. 2013.

Directorio de Información Toxicológica Ed. 2015- Serie: Temas de Salud Ambiental N°1.

Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de

Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Guía de uso responsable de agroquímicos Ed. 2012- Serie: Temas de Salud Ambiental N°7.

Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Glosario temático de la Salud del Trabajador en el Mercosur Ed. 2012- Serie: Temas de Salud Ambiental N° 11. Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Los plaguicidas en la República Argentina Ed. 2015 - Serie: Temas de Salud Ambiental N°14.

Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Transporte y almacenamiento de plaguicidas. Ed. 2015 - Serie: Temas de Salud Ambiental N°18. Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Plaguicidas. Salud del trabajador. Ed. 2015 - Serie: Temas de Salud Ambiental N° 19. Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Compra, registro y distribución de plaguicidas. Ed. 2015 - Serie: Temas de Salud Ambiental N°24. Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Maquinarias y equipos para la aplicación de plaguicidas de uso sanitario. Ed. 2015 -Serie: Temas de Salud Ambiental N° 25. Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Enfermedades vectoriales y uso de plaguicidas - Serie: Temas de Salud Ambiental N° 29.

Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.

Glosario de términos relacionados con la gestión de plaguicidas- Serie: Temas de Salud Ambiental N° 30. Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación. Programa Nacional de Riesgo Químico Departamento de Salud Ambiental.


Auspiciantes


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