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Imprimir esta páginaEnviar este artículo por E-mail, a un AmigoLas tarifas de energía requieren que cada uno de los actores asuma sus responsabilidades
02/may/2018

La recomposición de las tarifas de los servicios públicos sigue ocupando buena parte de la agenda nacional y, nada hace prever que merme su intensidad en el corto plazo, habida cuenta que incide en la vida de gran parte de la población y, entrecruza un complejo menú de factores, difíciles de amalgamar, colisionando objetivos oficiales con posicionamientos políticos, imposiciones exógenas, comportamiento de la economía, presupuestos acotados y resistencias a cambios culturales que conlleven a una merma de confort.

A los efectos de intentar una composición ecuánime del complejo cuadro de situación, me referiré a los elementos antes señalados que convergen en la problemática, especialmente en lo concerniente a la electricidad.

Previamente, cabe decir que en materia energética resulta insoslayable verificar la incidencia que revisten los subsidios destinados a la energía, que se vuelven significativos a partir de 2005, con $ 2.020 millones de pesos (0.3% del PIB) a $ 150.000 millones en 2014 (3% del PBI).

Al respecto, corresponde indicar que dichas subvenciones fueron indiscriminadas, tanto se aplicaron a los sectores más vulnerables como a los consumos suntuarios, igualmente fueron alcanzados los kioscos como los casinos, bingos, bancos, etc. El domicilio que consumía 100 kWs, del mismo modo que el que climatizaba la pileta en invierno, o quien en lugar de apagar la calefacción, abría las ventanas para regular la temperatura. Obviamente, los principales beneficiados resultaron los que más derrocharon los recursos que a partir del 2008 fue menester importar en forma creciente, concluyendo con la matriz energética al borde del colapso.

Tras asumir el actual Gobierno, diseñó una política pública energética de gradual quita de subsidios, contemplando a los sectores más vulnerables con la aplicación de una tarifa social, como reducción de costos por cumplimiento de pautas con ahorro de energía. El diagnóstico elaborado por el ministro Juan José Aranguren, se sustentaba en datos precisos y, si bien vislumbraban un alto impacto, el sinceramiento tarifario era predecible y necesario para garantizar el suministro y corregir las distorsiones, en tanto y en cuanto se consumaran las demás proyecciones económicas, que desde el palacio de hacienda y el propio presidente Macri se vaticinaban.

Implementada la recomposición, el Gobierno comete el primer error en tratar de omitir la audiencia pública establecida por ley, eso da lugar a una catarata de justificados reclamos, los que encuentran eco en la justicia, significando para el Poder Ejecutivo una considerable pérdida de tiempo, retrotraer temporariamente lo establecido, dando lugar a la realización de la controvertida audiencia, (de por si no vinculante), para posteriormente ratificar la aplicación, con todo el innecesario desgaste que el proceso trajo aparejado.

El Gobierno siguió impertérrito con la gradual aplicación de reducción de subsidios, lo que desde enero de 2016 a la fecha significa un incremento del costo de la energía a nivel mayorista del 977%. Si bien este comportamiento era en parte previsible, el problema central radica en que las demás variables económicas elucubradas por el poder central distan mucho de ser alcanzadas: La economía crece menos de lo esperado; las inversiones están por debajo de las estimaciones; el déficit fiscal sigue en los niveles del 2015, el gasto público continua muy alto; la inflación otro tanto, retroalimentada por las propias subas tarifarias; el componente impositivo no da tregua y, los salarios no han mejorado en términos reales. Ergo, en este contexto las facturas de energía representan una erogación que muchos no pueden asumir.

La puja política partidaria no contribuye demasiado para solucionar el problema, la oposición advierte que esta contingencia está repercutiendo negativamente en la imagen del Gobierno, y si bien es loable que se presenten aportes de ideas y alternativas, en general, tal como es de manual en la devaluada dirigencia nacional, se exagera en la crítica y se piensa más en socavar a quien tiene la responsabilidad de gobernar. Del mismo modo el oficialismo, se cierra sin buscar concesos mediante el dialogo en una síntesis superadora.

El panorama difiere en los distintos distritos del país, producto de gravámenes que aplican las Provincias y/o las municipalidades. Esto sumado al elevado valor de la energía consumida, y a los impuestos nacionales que se abultan al son de la tarifa, agrava la situación. Concierne reflejar que hay Gobiernos provinciales que convinieron con Nación reducción de Ingresos Brutos, ello no solo dejo de ocurrir, sino que en casos se incrementó la alícuota.

Muchos años de un costo insignificante en la energía crearon hábitos de consumo del que cuesta retroceder, los argentinos tenemos un dispendio muy superior a cualquiera de los países de la región; pese a que llevamos más de dos años en que se implementó la reconversión tarifaria, a sabiendas que se trataba de un proceso que se extendería hasta 2019, queda mucho por hacer para bajar el consumo. Sin duda es un cambio cultural que requiere amplia concientización, sendero que es menester transitar en una realidad que ya no tiene retorno, y más gravosa será si no se modifican los plazos para alcanzar el objetivo final de subsidio cero.

Es totalmente comprensible que los usuarios tengan una opinión negativa con relación a los aumentos experimentados en las tarifas eléctricas, las dificultades emergen en diferentes sectores de la sociedad; el ajuste se hace sentir en las economías familiares y acecha la subsistencia de comercios y pequeñas industrias, conspirando contra la estabilidad de las 600 cooperativas que brindan el servicio eléctrico en varias provincias, careciendo en estos tiempos de posibilidades para fijar tarifas, estás a su vez son las receptoras del cambio de humor que refleja la sociedad, ya que independientemente de la posibilidad de resolver las inquietudes y problemas, son las que atienden personalizadamente cualquier consulta o reclamo, a la vez que como parte integrantes de la misma los socios siempre tienen voz, además de voto en las asambleas. Estas prerrogativas no la poseen los clientes de las grandes empresas privadas o las estatales.

Es muy distinta la relación que tienen los asociados con su cooperativa, estas con una trayectoria de varias décadas insertadas en la sociedad, constituyen un eje de desarrollo regional, brindando un extenso y variado portafolio de servicios imprescindibles para la optimización en la calidad de vida.

Retomando el tema central, la situación requiere que cada uno de los actores en su justa medida actué con la responsabilidad que le compete: El gobierno nacional reflexionando que la cuestión no se resuelve segmentando el pago de las facturas, es quien debe dar pruebas de cordura y compromiso social, al menos postergando la quita de los subsidios que restan, hasta tanto mejoren sustancialmente los indicadores económicos. Oposición y Oficialismo tienen el “gran desafío” de debatir civilizadamente, poniendo lo mejor de sí para concertar, lo que ya por su trascendencia es política de estado, que como ocurre en cualquier democracia con alternancia, en 2019 o 2023 puede invertir sus roles. Las provincias y los municipios cuando corresponda, deben revisar concienzudamente los impuestos y tasas que están adosando a las facturas, a su vez lo gobernadores tendrían que intervenir, para que todos los habitantes del mismo territorio paguen idéntica tarifa. Las cooperativas seguir estrechando vínculos, para que actuando en conjunto con sus Federaciones se consolide un posicionamiento unívoco, con amplia difusión de su accionar. Y los consumidores practicar las alternativas posibles para reducir el consumo.

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